David Aponte / Contraflujo
Nadie hace nada para rescatar al periodismo en muchas zonas del norte del país. La noticia de asesinato de un reportero siempre va acompañada por las condenas de las asociaciones internacionales, con la Sociedad Interamericana de Prensa a la cabeza, y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, con el consabido reclamo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La noticia del homicidio de un periodista también viene acompañada por la inacción de los gobiernos locales y federal y la grandiosa intervención de la Procuraduría General de la República con su costosa fiscalía especial. Siempre vienen una tras otra y nada ocurre para garantizar la seguridad y el libre ejercicio periodístico en amplias zonas ocupadas por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado.
“¿A quién pedir justicia?”, tituló su editorial El Diario de Ciudad Juárez el viernes, después de sicarios asesinaran la tarde del jueves a un fotógrafo de ese periódico. “¿Qué podemos hacer por ustedes?, nos preguntan solidariamente organizaciones de periodistas de diversas partes de México y del extranjero, tras el asesinato de nuestro compañero Luis Carlos Santiago Orozco, casi dos años después de que otro entrañable colaborador, el reportero Armando Rodríguez Carreón también fuera victimado sin que hasta el día de hoy su crimen haya sido esclarecido.
Mientras no sepamos quiénes nos agreden y por qué; mientras ellos tengan la total libertad de permanecer ultrajando en este imaginario Estado de Derecho; mientras la procuración de justicia en este país, en esta entidad, siga siendo una entelequia, en realidad es poco lo que puede hacerse que no sea continuar desarrollando nuestra actividad periodística en la total indefensión”, planteó el periódico.
En efecto, el trabajo periodístico se hace en total indefensión en Juárez. Los reporteros tienen miedo cuando salen a la calle a desarrollar su labor y cuando dejan su redacción para volver a casa a descansar. “Creemos que los criminales nos están cazando. Sólo esperan ver una libreta o una cámara (de televisión o de fotografía) para atacarnos”, dice por teléfono un reportero que trabaja en aquella zona fronteriza del estado de Chihuahua. Los asesinos esperaron para atacar a Santiago Orozco; dispararon en el estacionamiento del centro comercial Río Grande Mall. El reportero conducía un Nissan Platina color gris, con placas EBV7546, de Chihuahua, propiedad del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson. El joven periodista era amigo de la familia De la Rosa.
Periodistas de Juárez han sufrido en 2010 amenazas y ataques del crimen organizado y el desprecio de las autoridades locales y federales. Los reporteros han padecido desde la indiferencia de sus colegas en otras partes del país, hasta la negativa de las empresas aseguradoras para renovarles sus pólizas de seguros de vida, con el argumento de que la actividad es de alto riesgo. “No nos dejen solos. Hay que darle difusión a lo que está ocurriendo acá con el periodismo”, clama el reportero.
Una treintena de periodistas de radio, televisión y prensa escrita de Juárez se reunieron el viernes para elaborar un documento que llevarán en esta semana a las autoridades de la Procuraduría de Chihuahua y que posteriormente enviarán al gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué están planteando los reporteros de Ciudad Juárez? Condiciones mínimas de seguridad para su labor informativa y algún tipo de resguardo a las instalaciones de sus medios de comunicación – la filial de Televisa, Canal 44 y El Diario han tomado algunas medidas de seguridad -.
Los reporteros de Juárez discutieron el dilema de cómo informar y qué decir, de cómo moverse cuando salen a la calle, de aceptar o no el resguardo de las fuerzas de seguridad. La herida de los ataques ha provocado un sentimiento de que es mejor callar, es mejor no decir nada, a seguir sufriendo bajas. Parece que esa opción no es la mejor, cuando los grupos criminales buscan silenciar a los medios. ¿Pero qué van a hacer los dueños de los medios de comunicación de Juárez?
En su editorial del viernes, El Diario de Juárez recordó que sus periodistas han arriesgado su seguridad personal para seguir informando a una comunidad que vive en constante peligro. “Para un medio que hace tres décadas y media fue pionero en la apertura informativa y desde entonces ha luchado por permanecer en ese nivel, es muy duro enfrentar estas ominosas condiciones de impunidad porque son como un círculo vicioso e intimidatorio que cada día atenta contra nuestra amenazada libertad de expresión”, expuso.
El planteamiento de los reporteros de Juárez debe preocupar a la sociedad, al gremio y a las autoridades. Callar no debiera ser la alternativa frente a esta herida que desangra al periodismo.
Nadie hace nada para rescatar al periodismo en muchas zonas del norte del país. La noticia de asesinato de un reportero siempre va acompañada por las condenas de las asociaciones internacionales, con la Sociedad Interamericana de Prensa a la cabeza, y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, con el consabido reclamo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La noticia del homicidio de un periodista también viene acompañada por la inacción de los gobiernos locales y federal y la grandiosa intervención de la Procuraduría General de la República con su costosa fiscalía especial. Siempre vienen una tras otra y nada ocurre para garantizar la seguridad y el libre ejercicio periodístico en amplias zonas ocupadas por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado.
“¿A quién pedir justicia?”, tituló su editorial El Diario de Ciudad Juárez el viernes, después de sicarios asesinaran la tarde del jueves a un fotógrafo de ese periódico. “¿Qué podemos hacer por ustedes?, nos preguntan solidariamente organizaciones de periodistas de diversas partes de México y del extranjero, tras el asesinato de nuestro compañero Luis Carlos Santiago Orozco, casi dos años después de que otro entrañable colaborador, el reportero Armando Rodríguez Carreón también fuera victimado sin que hasta el día de hoy su crimen haya sido esclarecido.
Mientras no sepamos quiénes nos agreden y por qué; mientras ellos tengan la total libertad de permanecer ultrajando en este imaginario Estado de Derecho; mientras la procuración de justicia en este país, en esta entidad, siga siendo una entelequia, en realidad es poco lo que puede hacerse que no sea continuar desarrollando nuestra actividad periodística en la total indefensión”, planteó el periódico.
En efecto, el trabajo periodístico se hace en total indefensión en Juárez. Los reporteros tienen miedo cuando salen a la calle a desarrollar su labor y cuando dejan su redacción para volver a casa a descansar. “Creemos que los criminales nos están cazando. Sólo esperan ver una libreta o una cámara (de televisión o de fotografía) para atacarnos”, dice por teléfono un reportero que trabaja en aquella zona fronteriza del estado de Chihuahua. Los asesinos esperaron para atacar a Santiago Orozco; dispararon en el estacionamiento del centro comercial Río Grande Mall. El reportero conducía un Nissan Platina color gris, con placas EBV7546, de Chihuahua, propiedad del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson. El joven periodista era amigo de la familia De la Rosa.
Periodistas de Juárez han sufrido en 2010 amenazas y ataques del crimen organizado y el desprecio de las autoridades locales y federales. Los reporteros han padecido desde la indiferencia de sus colegas en otras partes del país, hasta la negativa de las empresas aseguradoras para renovarles sus pólizas de seguros de vida, con el argumento de que la actividad es de alto riesgo. “No nos dejen solos. Hay que darle difusión a lo que está ocurriendo acá con el periodismo”, clama el reportero.
Una treintena de periodistas de radio, televisión y prensa escrita de Juárez se reunieron el viernes para elaborar un documento que llevarán en esta semana a las autoridades de la Procuraduría de Chihuahua y que posteriormente enviarán al gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué están planteando los reporteros de Ciudad Juárez? Condiciones mínimas de seguridad para su labor informativa y algún tipo de resguardo a las instalaciones de sus medios de comunicación – la filial de Televisa, Canal 44 y El Diario han tomado algunas medidas de seguridad -.
Los reporteros de Juárez discutieron el dilema de cómo informar y qué decir, de cómo moverse cuando salen a la calle, de aceptar o no el resguardo de las fuerzas de seguridad. La herida de los ataques ha provocado un sentimiento de que es mejor callar, es mejor no decir nada, a seguir sufriendo bajas. Parece que esa opción no es la mejor, cuando los grupos criminales buscan silenciar a los medios. ¿Pero qué van a hacer los dueños de los medios de comunicación de Juárez?
En su editorial del viernes, El Diario de Juárez recordó que sus periodistas han arriesgado su seguridad personal para seguir informando a una comunidad que vive en constante peligro. “Para un medio que hace tres décadas y media fue pionero en la apertura informativa y desde entonces ha luchado por permanecer en ese nivel, es muy duro enfrentar estas ominosas condiciones de impunidad porque son como un círculo vicioso e intimidatorio que cada día atenta contra nuestra amenazada libertad de expresión”, expuso.
El planteamiento de los reporteros de Juárez debe preocupar a la sociedad, al gremio y a las autoridades. Callar no debiera ser la alternativa frente a esta herida que desangra al periodismo.
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