Miguel Ángel Granados Chapa
El jueves murieron los ingenieros Jorge Díaz Estrada y Fernando Macías, al estallar el equipo de control de una subestación eléctrica en el Distrito Federal. Se trata, probablemente, de las dos primeras víctimas de la crisis de suministro eléctrico que ha venido agravándose desde hace once meses, cuando fue declarado extinto el organismo público Luz y Fuerza del Centro. Se tuvo noticia de que en enero habría muerto por un estallido que lo derribó del poste del que pendía, un empleado de una empresa contratista de Comisión Federal de Electricidad en la colonia Jorge Negrete de la delegación Gustavo A. Madero, del DF, y de otro trabajador que habría caído de lo alto de una torre de alta tensión en San Lorenzo Sayula, una comunidad en Cuautepec, Hgo. Pero no hay registro formal de lo acontecido.
En cambio es inequívoco el deceso de los ingenieros Díaz y Macías, como es también cierta la causa de su fallecimiento. De todos modos, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal realiza la averiguación correspondiente, y la CFE anunció que el Instituto de Investigaciones Eléctricas realizará una pesquisa para determinar con precisión la circunstancia en que se produjo el estallido mortal. Desde el día del trágico acontecimiento se sabe que hacia las 15 horas se produjo un primer episodio en esa instalación, y que el segundo, el que causó las muertes mencionadas y lesiones a dos personas más, ocurrió mientras reparaban la falla inicial. La información difundida esa misma noche dio cuenta de que probablemente un error humano en la operación habría provocado la tragedia.
Es lamentable de suyo el fallecimiento de dos personas que realizaban las tareas que les fueron encomendadas. Lo es en mayor medida, y es también preocupante, que esas muertes tengan como causas remotas por un lado la pésima situación en que funcionan buen número de las subestaciones de distribución eléctrica y, por otra parte, el que se encarguen de reparar las averías empresas contratistas de la CFE y no ese organismo público, como es debido a la luz del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Es preciso determinar la situación laboral de los trabajadores fallecidos y lesionados en Coyoacán. La CFE implicó que se trataba de personal a sus órdenes y ponderó su experiencia de 28 años. El dato es inexacto al menos en el caso del ingeniero Díaz, que tenía 40 años de edad, lo que suprondría que comenzó a los doce su vida laboral. Desde las primeras informaciones, en cambio, se habló de que eran contratistas, es decir empleados de una de las empresas a las que la CFE ha confiado tareas que debería realizar directamente su personal. Cualquiera de nosotros puede ver en las calles de las ciudades servidas hasta el once de octubre pasado por Luz y Fuerza del Centro, brigadas de muchachos que con notable dificultad se afanan en reparar averías, y que son trasladados por vehículos sin identificación o con la de empresas privadas, a menudo con placas de entidades distintas del Distrito Federal. Me inclino a pensar que los ingenieros Díaz y Macías trabajaban para el Grupo Arteche, que al día siguiente de su deceso lo lamentó en una esquela mortuoria. Ese grupo, cuya matriz se halla en España, provee a sus clientes –eventualmente la CFE- de servicios de generación, transmisión y distribución.
El problema estructural delineado en los meses recientes y que tuvo su más impactante evidencia en la subestación Coyoacán, es la incapacidad de la CFE para sustituir a LyFC y con su personal propio o contratado reemplazar a los electricistas afiliados al SME. Desde hace tres años, ha recordado ese sindicato, advirtió sobre el riesgo de un colapso en el sistema eléctrico del centro del país, concentrado en 24 zonas críticas, una de las cuales era la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, donde se ubica la instalación que padeció el accidente la semana pasada.
Si ya había dificultades extremas en la operación de la red eléctrica antes de la liquidación de Luz y Fuerza, se han agravado a partir de entonces. La CFE o quien ella contrate han podido mantener en general la continuidad del servicio, pero menudean las interrupciones. Y no se ha dado mantenimiento a instalaciones que lo requieren con urgencia por su vejez, como se hace evidente en el Centro histórico del DF, afectado de más en más por percances que de no evitarse pueden poner en peligro vidas humanas y bienes de los usuarios y aun de los transeúntes. El sindicato dijo que de 50 subestaciones la actual administración ha revisado sólo doce, y de ellas menos de la mitad, cinco apenas han sido limpiadas de maleza.
La CFE se ufana de haber resuelto una de las fallas que se atribuyó a LyF en la lista de sus defectos, consistente en negar la conexión a multitud de personas físicas y morales solicitantes del servicio. Ese incremento de la demanda, sin haber resuelto los problemas de la oferta agrava la situación, que se requiere enfrentar de modo resuelto antes de que se multipliquen los accidentes y se llegue al colapso de esa industria.
El presidente Calderón reconoce que inició la lucha contra el narcotráfico sin contar con un diagnóstico de la situación, y se comparó al cirujano que ya en el quirófano advierte las verdaderas dimensiones del mal que debe remediar.
Semejante imprevisión irresponsable parece repetirse en el suministro eléctrico del más poblado conglomerado urbano del país. LyF fue liquidado sin prever las consecuencias en la operación de tal servicio.
El jueves murieron los ingenieros Jorge Díaz Estrada y Fernando Macías, al estallar el equipo de control de una subestación eléctrica en el Distrito Federal. Se trata, probablemente, de las dos primeras víctimas de la crisis de suministro eléctrico que ha venido agravándose desde hace once meses, cuando fue declarado extinto el organismo público Luz y Fuerza del Centro. Se tuvo noticia de que en enero habría muerto por un estallido que lo derribó del poste del que pendía, un empleado de una empresa contratista de Comisión Federal de Electricidad en la colonia Jorge Negrete de la delegación Gustavo A. Madero, del DF, y de otro trabajador que habría caído de lo alto de una torre de alta tensión en San Lorenzo Sayula, una comunidad en Cuautepec, Hgo. Pero no hay registro formal de lo acontecido.
En cambio es inequívoco el deceso de los ingenieros Díaz y Macías, como es también cierta la causa de su fallecimiento. De todos modos, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal realiza la averiguación correspondiente, y la CFE anunció que el Instituto de Investigaciones Eléctricas realizará una pesquisa para determinar con precisión la circunstancia en que se produjo el estallido mortal. Desde el día del trágico acontecimiento se sabe que hacia las 15 horas se produjo un primer episodio en esa instalación, y que el segundo, el que causó las muertes mencionadas y lesiones a dos personas más, ocurrió mientras reparaban la falla inicial. La información difundida esa misma noche dio cuenta de que probablemente un error humano en la operación habría provocado la tragedia.
Es lamentable de suyo el fallecimiento de dos personas que realizaban las tareas que les fueron encomendadas. Lo es en mayor medida, y es también preocupante, que esas muertes tengan como causas remotas por un lado la pésima situación en que funcionan buen número de las subestaciones de distribución eléctrica y, por otra parte, el que se encarguen de reparar las averías empresas contratistas de la CFE y no ese organismo público, como es debido a la luz del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Es preciso determinar la situación laboral de los trabajadores fallecidos y lesionados en Coyoacán. La CFE implicó que se trataba de personal a sus órdenes y ponderó su experiencia de 28 años. El dato es inexacto al menos en el caso del ingeniero Díaz, que tenía 40 años de edad, lo que suprondría que comenzó a los doce su vida laboral. Desde las primeras informaciones, en cambio, se habló de que eran contratistas, es decir empleados de una de las empresas a las que la CFE ha confiado tareas que debería realizar directamente su personal. Cualquiera de nosotros puede ver en las calles de las ciudades servidas hasta el once de octubre pasado por Luz y Fuerza del Centro, brigadas de muchachos que con notable dificultad se afanan en reparar averías, y que son trasladados por vehículos sin identificación o con la de empresas privadas, a menudo con placas de entidades distintas del Distrito Federal. Me inclino a pensar que los ingenieros Díaz y Macías trabajaban para el Grupo Arteche, que al día siguiente de su deceso lo lamentó en una esquela mortuoria. Ese grupo, cuya matriz se halla en España, provee a sus clientes –eventualmente la CFE- de servicios de generación, transmisión y distribución.
El problema estructural delineado en los meses recientes y que tuvo su más impactante evidencia en la subestación Coyoacán, es la incapacidad de la CFE para sustituir a LyFC y con su personal propio o contratado reemplazar a los electricistas afiliados al SME. Desde hace tres años, ha recordado ese sindicato, advirtió sobre el riesgo de un colapso en el sistema eléctrico del centro del país, concentrado en 24 zonas críticas, una de las cuales era la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, donde se ubica la instalación que padeció el accidente la semana pasada.
Si ya había dificultades extremas en la operación de la red eléctrica antes de la liquidación de Luz y Fuerza, se han agravado a partir de entonces. La CFE o quien ella contrate han podido mantener en general la continuidad del servicio, pero menudean las interrupciones. Y no se ha dado mantenimiento a instalaciones que lo requieren con urgencia por su vejez, como se hace evidente en el Centro histórico del DF, afectado de más en más por percances que de no evitarse pueden poner en peligro vidas humanas y bienes de los usuarios y aun de los transeúntes. El sindicato dijo que de 50 subestaciones la actual administración ha revisado sólo doce, y de ellas menos de la mitad, cinco apenas han sido limpiadas de maleza.
La CFE se ufana de haber resuelto una de las fallas que se atribuyó a LyF en la lista de sus defectos, consistente en negar la conexión a multitud de personas físicas y morales solicitantes del servicio. Ese incremento de la demanda, sin haber resuelto los problemas de la oferta agrava la situación, que se requiere enfrentar de modo resuelto antes de que se multipliquen los accidentes y se llegue al colapso de esa industria.
El presidente Calderón reconoce que inició la lucha contra el narcotráfico sin contar con un diagnóstico de la situación, y se comparó al cirujano que ya en el quirófano advierte las verdaderas dimensiones del mal que debe remediar.
Semejante imprevisión irresponsable parece repetirse en el suministro eléctrico del más poblado conglomerado urbano del país. LyF fue liquidado sin prever las consecuencias en la operación de tal servicio.
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