Apro
De manera “silenciosa, expansible, simple y sostenida” los distintos cárteles del narcotráfico ha logrado infiltrar las estructuras de los gobiernos federal, estatal y municipal por medio del “eslabón más débil”, el municipio, según un estudio elaborado por la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República.
En el documento titulado “Ayuntamiento y crimen organizado”, la comisión que preside el senador por Chihuahua, Ramón Galindo Noriega, del PAN, señala que la penetración del narcotráfico fue posible debido a que “el municipio le ha importado poco a los gobiernos que han encabezado al país”.
La semana pasada, el senador Galindo Noriega afirmó: “Los únicos que han entendido la importancia del municipio en México, para desgracia de los municipalistas y vergüenza de la clase política, han sido los cárteles de la droga.”
Ejemplo de ello, agregó, es que entendieron que tenían que “echarse a la bolsa” al municipio, el nivel de gobierno más cercano a la población, para favorecer, primero, sus operaciones de narcomenudeo y, posteriormente, “para asegurar infraestructura, logística, apoyo político y silencio cómplice”.
Esta penetración “silenciosa”, de acuerdo con el estudio, ha permitido a los cárteles de la droga operar impúnemente en siete de cada diez municipios y tener el control absoluto en 8% de las 2440 alcaldías del país.
Por si fuera poco, en el estudio también se advierte que 78% de los sectores económicos del país “están infiltrados” por la delincuencia organizada.
“Estos sectores económicos de alto riesgo (construcción, agropecuario, compañías de automóvil, supermercados) en determinados estados deberían estar sujetos a pesquisas de unidades de investigación patrimonial”, considera la Comisión, sin embargo, lamenta que “eso no ocurre”.
Estas cifras, se agrega en el estudio, demuestran el grado de corrupción de las autoridades, no sólo municipales, sino estatales y federales, estas últimas, las únicas facultadas para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
Además, “mediante cañonazos de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; y figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como de alcaldes.”
Sobre este tema, en septiembre de 2008, dos días después de los “granadazos” en Morelia, Michoacán, durante la celebración del Grito de Independencia, el presidente Felipe Calderón advirtió ante la cúpula de su partido, el PAN, sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos fueran infiltradas por dinero del narcotráfico, cuyas células, según el estudio, en algunas regiones del país han desplazado la presencia gubernamental y actúan como “benefactores sociales”, lo cual les ha permitido “tener mayor dominio territorial y político”.
Este dominio, les ha permitidos a los grupos criminales diversificar sus actividades delictivas en, por lo menos, 25 ramas, según el estudio: secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, tráfico de personas, asesinatos, extorsiones, terrorismo y protección, entre otras.
Al respecto, el estudio de la Comisión de Desarrollo Municipal indica: “En muchas regiones y municipios hay ganaderos, empresarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales, que se traducen en una suerte de fiscalización criminal para poder operar con cierta libertad sus negocios.”
Sin embargo, “el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia es ya una realidad en la esfera política del país, a través de las presidencias municipales”, donde por medio de su poder económico los cárteles de las drogas imponen su voluntad.
De acuerdo con cifras oficiales, la guerra contra el narcotráfico ha dejado una estela de más de 28 mil muertes, pese a que en calles de las principales plazas del país están vigiladas por más de 20 mil efectivos del Ejército, la Marina Armada de México y de la Policía Federal. Desde enero de 2008, el crimen organizado ha cobrado la vida de casi 20 alcaldes, el más reciente, Edelmiro Cavazos, de Santiago, Nuevo León, el 18 de agosto; así como 11 expresidentes municipales y un candidato a gobernador: el priista Rodolfo Torre Cantú, en Tamaulipas, en vísperas de las elecciones del 4 de julio.
Anualmente, según cifras del gobierno de Estados Unidos, el narcotráfico genera ganancias de entre 300 y 400 millones de dólares anualmente.
Ante el desolador panorama, la Comisión llama a cambiar la estrategia contra el crimen organizado: “De abajo hacia arriba; así empezó el narco y así nos está yendo”.
De manera “silenciosa, expansible, simple y sostenida” los distintos cárteles del narcotráfico ha logrado infiltrar las estructuras de los gobiernos federal, estatal y municipal por medio del “eslabón más débil”, el municipio, según un estudio elaborado por la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República.
En el documento titulado “Ayuntamiento y crimen organizado”, la comisión que preside el senador por Chihuahua, Ramón Galindo Noriega, del PAN, señala que la penetración del narcotráfico fue posible debido a que “el municipio le ha importado poco a los gobiernos que han encabezado al país”.
La semana pasada, el senador Galindo Noriega afirmó: “Los únicos que han entendido la importancia del municipio en México, para desgracia de los municipalistas y vergüenza de la clase política, han sido los cárteles de la droga.”
Ejemplo de ello, agregó, es que entendieron que tenían que “echarse a la bolsa” al municipio, el nivel de gobierno más cercano a la población, para favorecer, primero, sus operaciones de narcomenudeo y, posteriormente, “para asegurar infraestructura, logística, apoyo político y silencio cómplice”.
Esta penetración “silenciosa”, de acuerdo con el estudio, ha permitido a los cárteles de la droga operar impúnemente en siete de cada diez municipios y tener el control absoluto en 8% de las 2440 alcaldías del país.
Por si fuera poco, en el estudio también se advierte que 78% de los sectores económicos del país “están infiltrados” por la delincuencia organizada.
“Estos sectores económicos de alto riesgo (construcción, agropecuario, compañías de automóvil, supermercados) en determinados estados deberían estar sujetos a pesquisas de unidades de investigación patrimonial”, considera la Comisión, sin embargo, lamenta que “eso no ocurre”.
Estas cifras, se agrega en el estudio, demuestran el grado de corrupción de las autoridades, no sólo municipales, sino estatales y federales, estas últimas, las únicas facultadas para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
Además, “mediante cañonazos de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; y figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como de alcaldes.”
Sobre este tema, en septiembre de 2008, dos días después de los “granadazos” en Morelia, Michoacán, durante la celebración del Grito de Independencia, el presidente Felipe Calderón advirtió ante la cúpula de su partido, el PAN, sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos fueran infiltradas por dinero del narcotráfico, cuyas células, según el estudio, en algunas regiones del país han desplazado la presencia gubernamental y actúan como “benefactores sociales”, lo cual les ha permitido “tener mayor dominio territorial y político”.
Este dominio, les ha permitidos a los grupos criminales diversificar sus actividades delictivas en, por lo menos, 25 ramas, según el estudio: secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, tráfico de personas, asesinatos, extorsiones, terrorismo y protección, entre otras.
Al respecto, el estudio de la Comisión de Desarrollo Municipal indica: “En muchas regiones y municipios hay ganaderos, empresarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales, que se traducen en una suerte de fiscalización criminal para poder operar con cierta libertad sus negocios.”
Sin embargo, “el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia es ya una realidad en la esfera política del país, a través de las presidencias municipales”, donde por medio de su poder económico los cárteles de las drogas imponen su voluntad.
De acuerdo con cifras oficiales, la guerra contra el narcotráfico ha dejado una estela de más de 28 mil muertes, pese a que en calles de las principales plazas del país están vigiladas por más de 20 mil efectivos del Ejército, la Marina Armada de México y de la Policía Federal. Desde enero de 2008, el crimen organizado ha cobrado la vida de casi 20 alcaldes, el más reciente, Edelmiro Cavazos, de Santiago, Nuevo León, el 18 de agosto; así como 11 expresidentes municipales y un candidato a gobernador: el priista Rodolfo Torre Cantú, en Tamaulipas, en vísperas de las elecciones del 4 de julio.
Anualmente, según cifras del gobierno de Estados Unidos, el narcotráfico genera ganancias de entre 300 y 400 millones de dólares anualmente.
Ante el desolador panorama, la Comisión llama a cambiar la estrategia contra el crimen organizado: “De abajo hacia arriba; así empezó el narco y así nos está yendo”.
Comentarios