Jorge Carrasco Araizaga
Mario Arturo Acosta Chaparro, el militar que reprimió de manera inmisericorde a la guerrilla en los años sesenta y setenta, recibió del gobierno de Felipe Calderón una encomienda: pactar con integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables” del atentado con granadas perpetrado el 15 de septiembre de 2008 en Morelia. Una fuente cercana al militar en retiro consultada por Proceso afirma lo anterior y asegura que “el general estaba construyendo puentes entre el gobierno” y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”.
El gobierno de Felipe Calderón echó mano del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, para negociar con los jefes del cártel michoacano de La Familia la detención de los tres presuntos responsables del ataque con granadas perpetrado en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La noche del atentado –el primero del narco contra la población civil y que dejó ocho muertos– Acosta Chaparro realizó el primero de dos viajes a Michoacán en su condición de asesor del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Una fuente cercana al general retirado, reveló que en esa ocasión el militar tuvo contacto con miembros de la delincuencia organizada con el conocimiento del gobierno de Calderón. Ahora Acosta convalece de un atentado que sufrió el 18 de mayo pasado, cuando investigaba el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
“El general estaba construyendo puentes entre el gobierno y varios de esos grupos, incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”, comenta la fuente, que conoció la maniobra de La Familia para entregar a los supuestos responsables de los granadazos.
Según un informe de organismos de seguridad obtenido por Proceso en Morelia, las dos granadas de fragmentación utilizadas en 2008 son del tipo M67, que se fabricaban en Canadá y Estados Unidos. La última vez que se usaron en un conflicto bélico fue por parte de la Marina argentina en la guerra de Las Malvinas. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República (PGR) citadas en el informe precisan que el Ejército no usa ese tipo de granadas.
Mario Arturo Acosta Chaparro, el militar que reprimió de manera inmisericorde a la guerrilla en los años sesenta y setenta, recibió del gobierno de Felipe Calderón una encomienda: pactar con integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables” del atentado con granadas perpetrado el 15 de septiembre de 2008 en Morelia. Una fuente cercana al militar en retiro consultada por Proceso afirma lo anterior y asegura que “el general estaba construyendo puentes entre el gobierno” y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”.
El gobierno de Felipe Calderón echó mano del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, para negociar con los jefes del cártel michoacano de La Familia la detención de los tres presuntos responsables del ataque con granadas perpetrado en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La noche del atentado –el primero del narco contra la población civil y que dejó ocho muertos– Acosta Chaparro realizó el primero de dos viajes a Michoacán en su condición de asesor del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Una fuente cercana al general retirado, reveló que en esa ocasión el militar tuvo contacto con miembros de la delincuencia organizada con el conocimiento del gobierno de Calderón. Ahora Acosta convalece de un atentado que sufrió el 18 de mayo pasado, cuando investigaba el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
“El general estaba construyendo puentes entre el gobierno y varios de esos grupos, incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”, comenta la fuente, que conoció la maniobra de La Familia para entregar a los supuestos responsables de los granadazos.
Según un informe de organismos de seguridad obtenido por Proceso en Morelia, las dos granadas de fragmentación utilizadas en 2008 son del tipo M67, que se fabricaban en Canadá y Estados Unidos. La última vez que se usaron en un conflicto bélico fue por parte de la Marina argentina en la guerra de Las Malvinas. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República (PGR) citadas en el informe precisan que el Ejército no usa ese tipo de granadas.
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