2012 en la mira

R. Rodriguez Baños

Calderón cabildea con vistas al relevo sexenal hasta extremos como el de constreñir a Genaro García Luna y Arturo Chávez en límites de formalidad legal para evitar su interferencia en la toma de protesta de Julio César Toscano; hablar de la captura del supuesto asesino material del periodista de El Diario de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez Carreón; detener la entrega de entrega de títulos de concesión de espectro en licitación 21; autorizar al chucho matrono del prd apócrifo a colgarse medallas de temerario por demandar a Molinar Horcasitas en la procuraduría federal, simultáneamente a exigir la renuncia del titular de esa dependencia; mandar a Luege que ofrezca restituir su casa a damnificados ribereños, e incursionar sin temor a infectarse de cultura, en terrenos de la UNAM.


Respecto a los comentarios sobre el maltrecho prestigio del prd por voceros oficiosos del gobierno de Calderón, cabría preguntar por qué no contrastan con la poco envidiable falta de credibilidad de un partido acusado de secuestrar y permanecer ilegítimamente en el poder ejecutivo federal. Un personaje, por otra parte, tan divorciado de la realidad, que no vacila en aceptar elogios de gente tan desacreditada como Mario Vargas Llosa, Andrés Oppenheimer y Gonzalo Marroquín, entre otros, cuyas nóminas sería revelador transparentar.


La procuraduría federal, dice Daniel Blancas Madrigal en La crónica de hoy, ofreció, en el lapso de una hora, dos versiones distintas en torno al homicidio, del 13 de noviembre de 2008. En la primera adjudicó el crimen a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Reveló la detención de dos hombres: uno aprehendido por el ejército, conocido como El 7 y quien manejaba el vehículo en el se viajaba el grupo agresor. Y otro arrestado por policías, y a quien se ha identificado como Hugo Valenzuela Castañeda El Vale o El 3 En la segunda versión, la PGR sólo da a conocer que el homicidio está relacionado con la delincuencia organizada, pero omite datos sobre el cártel. Además, habla sólo de un detenido, de quien también oculta su nombre para no entorpecer las investigaciones. Transparentes, quién puede dudarlo.

Para la Armada de México, la isla Socorro tiene un valor estratégico, porque constituye el punto de avanzada naval para la defensa del país y con ella se extiende en forma considerable la zona económica exclusiva de México, lo que permite ejercer derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales renovables y no renovables que hay en el mar y en su subsuelo, consignan Gustavo Castillo y Jesús Aranda en el diario La Jornada, quienes recogen la reflexión de juristas de aquella dependencia federal como responsable del ejercicio del poder naval, que representa al Estado sobre la superficie marítima, en la franja costera y en el espacio aéreo para materializar la defensa de los intereses nacionales, en cuyo contexto causa extrañeza la pretensión del secretario de Seguridad Pública federal de cambiar el estatuto actual de la isla Socorro para convertirla en prisión. Sobre todo porque en la dependencia que encabeza el almirante Francisco Mariano Saynez Mendoza no tenía conocimiento del tema.

Ante la incapacidad del gobierno, la espiral de violencia irrefrenable, el avance de la ocupación territorial por bandas del crimen organizado, el secuestro, la extorsión, las amenazas cumplidas y la trata de personas, han surgido en el país grupos armados al margen de la ley, muchos de ellos auspiciados por la burocracia, dice Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, quien pregunta: ¿Qué es lo que está pasando frente a la desesperación de la población, sobre todo en aquellos sectores que tienen recursos económicos? Están contratando prácticamente grupos de exterminio al margen de la ley. Están operando en el territorio nacional, en distintos estados donde la delincuencia organizada ha generado un problema de ingobernabilidad; en nuestro país los escuadrones tienen características similares a aquéllos que operaron en Colombia; se rigen con estructuras y disciplinas castrenses. El grupo más notorio son precisamente exmilitares que se han retirado de las filas del ejército o simplemente son desertores.

Y hablando de Colombia, el consenso respecto al famoso plan Calderón para garantizar su seguridad a los periodistas incluye, como el propio fecal dijo, protección directa con elementos de seguridad para el periodista amenazado, e incluso cambiarlo de ciudad ante riesgos de ataque. Pero la solución no es poner rejas al país y hacer de él una gran cárcel para víctimas y victimarios, proveyendo a estos chalecos antibalas y quizá hasta armas y-o guardaespaldas. Lo único que puede devolver a este país a la estabilidad y los índices de crecimiento real en el camino al desarrollo de antes del neoliberalismo, es dotar empleo, poder adquisitivo, salud, educación, a cien millones de mexicanos que hoy no son sino carne de cañón en la batalla de la delincuencia organizada y aguas de pesca electoral para sus representantes en las estructuras de gobierno.

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