Purificación Carpinteyro
De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.
Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.
Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.
Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.
Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.
Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.
Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.
Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.
Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.
Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.
No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.
Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.
Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.
Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.
Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.
Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.
Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa.
De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.
Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.
Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.
Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.
Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.
Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.
Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.
Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.
Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.
Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.
No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.
Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.
Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.
Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.
Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.
Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.
Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa.
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