Carlos Ramírez / Indicador Político
» Prensa: Narcomanta o crítica
» Perder una noticia que la vida
A Marcelita Gómez Zalce. Te extrañaremos en el periodismo
Cuando varios reporteros y camarógrafos fueron levantados por el crimen organizado la semana pasada, para obligar a los medios a difundir videos de las mafias, la primera reacción periodística fue detener la cobertura informativa y exigirle al gobierno federal condiciones para la libertad de expresión.
Sin embargo, ese hecho se presentó como la gran oportunidad para que los medios redefinieran por sí mismos su papel en la difusión de hechos relacionados con la violencia del narcotráfico. En los últimos años, los medios de comunicación se han convertido en narcomantas de los cárteles de la droga.
Asimismo, en la estrategia gubernamental contra el crimen organizado ha faltado un entendimiento con los medios, a excepción de la reciente política de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La difusión en los medios de hechos violentos ha sido errática, dispersa, crítica contra el gobierno, despiadada contra el Ejército y la Policía y funcional a los intereses de las bandas criminales. El precario consenso social en torno a la estrategia contra el narcotráfico, ha sido producto de la ausencia de una verdadera política informativa en torno a la violencia.
Hace pocos meses se desató una polémica en medios escritos, si valía la pena continuar con el contabilizador de muertos. Y los medios concluyeron que sí, al tiempo que presentaron esa decisión como una conquista de la libertad de expresión. Pero más que contribuir a una percepción social más coherente del conflicto, ese contabilizador contribuyó a redinamizar el clima de violencia, no sirvió como ejercicio de la libertad de expresión y socializó el pánico.
La violencia contra los medios es parte de la cuota del ejercicio de la libertad de expresión. Basta revisar las bajas de periodistas en Irán, Afganistán y el Medio Oriente. Pero los editores de los medios estadunidenses no se rasgan las vestiduras. El problema en México es que existe una cobertura desordenada de campo, y el gobierno carece de una política de información en esa materia.
En estos años, los medios han preferido criticar al gobierno que al crimen organizado. El punto culminante de esa política fue la visita social que hizo Julio Scherer García, propietario de Proceso, a Ismael El Mayo Zambada como parte de la estrategia de relaciones públicas del propio narco. El texto de Scherer fue acrítico, casi en el mismo tono de los narcocorridos, con el tono de narcomanta, sin ninguna pregunta fuerte al asesinato de periodistas por parte del narcotráfico. El paso siguiente fue convertir a los medios y a los periodistas en aliados a base de apoyos o amenazas.
Los recientes secuestros de periodistas se convirtieron en un desafío para los medios, pero a partir del hecho de que su tarea no ha servido para explicar la crisis de seguridad, sino para profundizar el pánico. A ello ha contribuido el descuido de los medios de una cobertura periodística más abierta, social, plural y no centrada en lo policiaco. De ahí que la crisis de seguridad de los medios obliga a un replanteamiento de las políticas informativas.
Y para ello hay un antecedente en Colombia, en plena crisis de seguridad a finales de los noventa. Se trató de un Acuerdo de discreción sobre la difusión de hechos violentos, firmado por 35 directores de medios de todo el país, en Santafé de Bogotá, el 4 de noviembre de 1999, a fin de no retroalimentar la violencia con el periodismo. El acuerdo fue publicado por Germán Ortiz Leiva, especialista de la Universidad de la Sabana, en Colombia.
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A Marcelita Gómez Zalce. Te extrañaremos en el periodismo
Cuando varios reporteros y camarógrafos fueron levantados por el crimen organizado la semana pasada, para obligar a los medios a difundir videos de las mafias, la primera reacción periodística fue detener la cobertura informativa y exigirle al gobierno federal condiciones para la libertad de expresión.
Sin embargo, ese hecho se presentó como la gran oportunidad para que los medios redefinieran por sí mismos su papel en la difusión de hechos relacionados con la violencia del narcotráfico. En los últimos años, los medios de comunicación se han convertido en narcomantas de los cárteles de la droga.
Asimismo, en la estrategia gubernamental contra el crimen organizado ha faltado un entendimiento con los medios, a excepción de la reciente política de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. La difusión en los medios de hechos violentos ha sido errática, dispersa, crítica contra el gobierno, despiadada contra el Ejército y la Policía y funcional a los intereses de las bandas criminales. El precario consenso social en torno a la estrategia contra el narcotráfico, ha sido producto de la ausencia de una verdadera política informativa en torno a la violencia.
Hace pocos meses se desató una polémica en medios escritos, si valía la pena continuar con el contabilizador de muertos. Y los medios concluyeron que sí, al tiempo que presentaron esa decisión como una conquista de la libertad de expresión. Pero más que contribuir a una percepción social más coherente del conflicto, ese contabilizador contribuyó a redinamizar el clima de violencia, no sirvió como ejercicio de la libertad de expresión y socializó el pánico.
La violencia contra los medios es parte de la cuota del ejercicio de la libertad de expresión. Basta revisar las bajas de periodistas en Irán, Afganistán y el Medio Oriente. Pero los editores de los medios estadunidenses no se rasgan las vestiduras. El problema en México es que existe una cobertura desordenada de campo, y el gobierno carece de una política de información en esa materia.
En estos años, los medios han preferido criticar al gobierno que al crimen organizado. El punto culminante de esa política fue la visita social que hizo Julio Scherer García, propietario de Proceso, a Ismael El Mayo Zambada como parte de la estrategia de relaciones públicas del propio narco. El texto de Scherer fue acrítico, casi en el mismo tono de los narcocorridos, con el tono de narcomanta, sin ninguna pregunta fuerte al asesinato de periodistas por parte del narcotráfico. El paso siguiente fue convertir a los medios y a los periodistas en aliados a base de apoyos o amenazas.
Los recientes secuestros de periodistas se convirtieron en un desafío para los medios, pero a partir del hecho de que su tarea no ha servido para explicar la crisis de seguridad, sino para profundizar el pánico. A ello ha contribuido el descuido de los medios de una cobertura periodística más abierta, social, plural y no centrada en lo policiaco. De ahí que la crisis de seguridad de los medios obliga a un replanteamiento de las políticas informativas.
Y para ello hay un antecedente en Colombia, en plena crisis de seguridad a finales de los noventa. Se trató de un Acuerdo de discreción sobre la difusión de hechos violentos, firmado por 35 directores de medios de todo el país, en Santafé de Bogotá, el 4 de noviembre de 1999, a fin de no retroalimentar la violencia con el periodismo. El acuerdo fue publicado por Germán Ortiz Leiva, especialista de la Universidad de la Sabana, en Colombia.
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