Iroel Sanchez / La Pupila insomne
Por su su masa crítica demográfica y sus industrias culturales, México y Argentina son -en lengua castellana- referentes modélicos para cualquier estudio serio sobre la información y los medios.
Sobre México, la OEA y la ONU acaban de denunciar que es “el país más peligroso de América para el ejercicio periodístico, lo que es responsabilidad del gobierno”. Según las mismas fuentes se reporta allí el asesinato de 64 periodistas y 11 desapariciones en los útimos cuatro años. “La autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa, sobre todo local, se ha silenciado a sí misma”, agregan. El referido informe también afirma que “hay casos extremos en los que el narcotráfico ha intentado activamente influenciar los contenidos de los medios, lo que impacta tanto en prensa regional como en la nacional” y que “la concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo”.
Sobre el papel del gobierno se agrega que “el derecho a la libre opinión también se ve coartado por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en la asignación de frecuencias de radio y televisión, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos y por la falta de regulación de la publicidad oficial”.
En Argentina, parece que están tratando de cambiar las cosas en la relación entre gobierno y medios. Allí se ha denunciado ante los tribunales que los directores de los periódicos Clarín y La Nación llegaron a acuerdos con la junta militar que asesinó y torturó en ese país. Ha sido suficiente para que los verdaderos guardianes de la libertad de expresión en América Latina, lejos de indignarse con la noticia, emprendan una campaña contra la presidenta Cristina Fernández, mientras guardan silencio sobre las responsabilidades del gobierno mexicano.
Noam Chomsky lo ha dicho, tres filtros condicionan la información en los medios: propiedad, anunciantes y fuentes. Esos filtros no son manejados por las víctimas de la dictadura argentina o por los periodistas mexicanos asesinados, sino por los poderosos intereses tras los consorcios mediáticos. El diario español El País y Clarín son aliados a través del Grupo PRISA. Ellos, como los guardias que arribaron a Nueva Orleans después del huracán Katrina, sólo acuden a proteger la propiedad.
Por su su masa crítica demográfica y sus industrias culturales, México y Argentina son -en lengua castellana- referentes modélicos para cualquier estudio serio sobre la información y los medios.
Sobre México, la OEA y la ONU acaban de denunciar que es “el país más peligroso de América para el ejercicio periodístico, lo que es responsabilidad del gobierno”. Según las mismas fuentes se reporta allí el asesinato de 64 periodistas y 11 desapariciones en los útimos cuatro años. “La autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa, sobre todo local, se ha silenciado a sí misma”, agregan. El referido informe también afirma que “hay casos extremos en los que el narcotráfico ha intentado activamente influenciar los contenidos de los medios, lo que impacta tanto en prensa regional como en la nacional” y que “la concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación limita seriamente el vigor, la diversidad y el pluralismo”.
Sobre el papel del gobierno se agrega que “el derecho a la libre opinión también se ve coartado por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en la asignación de frecuencias de radio y televisión, por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos y por la falta de regulación de la publicidad oficial”.
En Argentina, parece que están tratando de cambiar las cosas en la relación entre gobierno y medios. Allí se ha denunciado ante los tribunales que los directores de los periódicos Clarín y La Nación llegaron a acuerdos con la junta militar que asesinó y torturó en ese país. Ha sido suficiente para que los verdaderos guardianes de la libertad de expresión en América Latina, lejos de indignarse con la noticia, emprendan una campaña contra la presidenta Cristina Fernández, mientras guardan silencio sobre las responsabilidades del gobierno mexicano.
Noam Chomsky lo ha dicho, tres filtros condicionan la información en los medios: propiedad, anunciantes y fuentes. Esos filtros no son manejados por las víctimas de la dictadura argentina o por los periodistas mexicanos asesinados, sino por los poderosos intereses tras los consorcios mediáticos. El diario español El País y Clarín son aliados a través del Grupo PRISA. Ellos, como los guardias que arribaron a Nueva Orleans después del huracán Katrina, sólo acuden a proteger la propiedad.
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