Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
A declaraciones y periodicazos se encuentran el rector de la UNAM, José Narro, y el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, por la cifra de jóvenes que no tienen ni empleo ni educación. Son los llamados “ninis”, que Narro cifra en 7.2 millones de personas entre 12 y 29 años, y Lujambio en 285 mil. La discusión, enfocada sólo en la estadística que miles de jóvenes estén en la calle sin presente ni futuro es bizantina. No así el fondo de la catástrofe de las políticas públicas que han empujado a todos esos jóvenes a las calles y generado que cientos de ellos opten por jugarse todos los días la vida del lado de los criminales.
El concepto de los “ninis” fue acuñado por sociólogos españoles para caracterizar a toda una generación entre 18 y 34 años que no tenía acceso ni a la educación ni al trabajo, que fueron marginados del desarrollo y que vivían en la incertidumbre y la apatía. Las discusión entre Narro y Lujambio, más allá del betún metodológico que es el punto de discordia, no puede quedarse en el viejo ejercicio de la confrontación política y el arreglo a partir de llamadas telefónicas entre ellos para reducir los decibeles públicos de sus reproches y hacer como que no pasó nada. Al contrario.
Una vez que este debate se acaloró por la prominencia de los actores, se tiene que entrar al fondo de la discusión porque el fenómeno mexicano de los “ninis” atraviesa transversalmente a la sociedad y su impacto alimenta la metástasis del narcotráfico. Como botón de muestra está el dato que el 64.4% de las personas asesinadas durante la guerra entre los cárteles de la droga en 2008 y 2009 tenían entre 16 y 35 años de edad, teóricamente el segmento más productivo en la economía. O sea, poco más de siete mil mexicanos de los 11 mil caídos en esta guerra civil durante el periodo que, como hipótesis de trabajo, se puede plantear que son parte de la reserva de asesinos que están siendo reclutados por la delincuencia organizada.
Hay 7.5 millones de personas en edad universitaria sin acceso a la educación superior, y 2.4 millones adicionales no pudieron ingresar al bachillerato. Sólo en la UNAM se rechazaron en el último examen de admisión unos 105 mil jóvenes, lo que significó que sólo uno de cada 10 pudo ingresar a la Universidad Nacional. En este caso se ubica el 85% de las instituciones de educación superior, de acuerdo con los indicadores de la Asociación Nacional de Instituciones y Universidades de Educación Superior (ANUIES), que ante la carencia de mayores instituciones de calidad comprobada han surgido de una manera asombrosa: 80% de incremento de planteles en los últimos cinco años, y 45% de crecimiento en su matrícula.
Pero ni con los bajos niveles de calidad educativa que reducen aspiraciones salariales hay plazas en el mercado laboral. Según los datos de la Secretaría de Trabajo al tercer trimestre de 2009, 917 mil personas entre 18 a 24 años no consiguieron trabajo. Además, se calcula que al menos un 20% de quienes tienen niveles universitarios, necesitan de un segundo empleo para completar el ingreso para satisfactores básicos, porque la calidad del salario para su preparación y necesidades es mala. Esta marginación constituye un caldo de cultivo importante para las bandas criminales, cuyo impacto se aprecia en algunas partes del país.
Por ejemplo en Culiacán, donde hace una generación la sociedad no dejó mezclarse a los narcotraficantes en su comunidad, hay un fenómeno creciente inverso ante la falta de oportunidades para los hijos de aquellos a quienes sus padres protegieron. Como dice una madre, “prefiero que mi hijo viva plenamente aunque sea poco, que viva mucho tiempo mal”. Priscila Vera, directora del Instituto Mexicano de la Juventud, afirma que llegan a un punto a nivel nacional, donde “no les importa vivir cinco años más, mientras viva bien, mientras disfrute la vida“. Esa dinámica social ha permitido que los cárteles contraten sicarios con facilidad ante la ventana de dinero en forma inmediata. Entre los jóvenes reclutas en Tamaulipas, muchos de ellos “ninis”, el Cártel del Golfo ofrece como primer salario mensual por acciones menores, 800 dólares, y ese pago se puede duplicar en menos de 100 días y multiplicarse al año.
La profundidad del fenómeno social delictivo de los “ninis” se puede explorar como hipótesis de trabajo a partir de las edades en que inician su actividad criminal. El 42% de los sicarios detenidos por la Policía Federal tiene entre 20 y 30 años; el 21% entre 30 y 35; y el 20% menos de 20. En efecto, 83% de los delitos (78% es narcotráfico en ese grupo, 11% es secuestro y otro tanto en posesión de arma) son cometidos por menores de 35 años. Una introspección a la deficiencia de las políticas públicas se aprecia a partir de diferentes parámetros: de dónde sale la mayoría de los sicarios.
Según las mismas estadísticas de la Policía Federal, Michoacán, Guerrero y el estado de México son los principales productores de asesinos. Los tres, curiosamente, figuran históricamente dentro de las cinco principales plataformas migratorias hacia Estados Unidos, lo que sugiere que la falta de políticas públicas en esas entidades (como en empleo) es endémica. En el desagregado de datos, el 50% de los sicarios detenidos pertenecían a La Familia Michoacana, que añade más complejidad y alarma al problema por las características de ese cártel que tiene arraigo social derivado de su componente religioso, doctrina combinada con cursos aspiracionistas, y la enorme influencia del magisterio en el corredor de la Costa Grande de Guerrero a Michoacán.
Cada vez es mayor el grupo social de jóvenes metidos a delincuentes, al igual que la velocidad como avanzan del robo a la parte alta del crimen, que es el narcotráfico. En el pasado reciente, ese traslado podía llevarse un mínimo de seis meses. Hoy, puede ir de dos meses máximo, a 72 horas mínimo como en Ciudad Juárez. En esos grupos, los valores se han trastocado. No tienen ningún interés en formar una familia ni en tener un sentido de trascendencia. Para qué. Según el Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, la expectativa de vida de un joven que se enrola con los narcotraficantes, es de tres años. Lo saben y no les importa. Siguen siendo material indispensable en los ciclos naturales de reclutamiento. Narro y Lujambio, por la puerta de atrás, iniciaron un debate fundamental para el futuro mediato de México. Hay que quitarle sonoridad e inyectarle profundidad. A todos nos conviene.
A declaraciones y periodicazos se encuentran el rector de la UNAM, José Narro, y el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, por la cifra de jóvenes que no tienen ni empleo ni educación. Son los llamados “ninis”, que Narro cifra en 7.2 millones de personas entre 12 y 29 años, y Lujambio en 285 mil. La discusión, enfocada sólo en la estadística que miles de jóvenes estén en la calle sin presente ni futuro es bizantina. No así el fondo de la catástrofe de las políticas públicas que han empujado a todos esos jóvenes a las calles y generado que cientos de ellos opten por jugarse todos los días la vida del lado de los criminales.
El concepto de los “ninis” fue acuñado por sociólogos españoles para caracterizar a toda una generación entre 18 y 34 años que no tenía acceso ni a la educación ni al trabajo, que fueron marginados del desarrollo y que vivían en la incertidumbre y la apatía. Las discusión entre Narro y Lujambio, más allá del betún metodológico que es el punto de discordia, no puede quedarse en el viejo ejercicio de la confrontación política y el arreglo a partir de llamadas telefónicas entre ellos para reducir los decibeles públicos de sus reproches y hacer como que no pasó nada. Al contrario.
Una vez que este debate se acaloró por la prominencia de los actores, se tiene que entrar al fondo de la discusión porque el fenómeno mexicano de los “ninis” atraviesa transversalmente a la sociedad y su impacto alimenta la metástasis del narcotráfico. Como botón de muestra está el dato que el 64.4% de las personas asesinadas durante la guerra entre los cárteles de la droga en 2008 y 2009 tenían entre 16 y 35 años de edad, teóricamente el segmento más productivo en la economía. O sea, poco más de siete mil mexicanos de los 11 mil caídos en esta guerra civil durante el periodo que, como hipótesis de trabajo, se puede plantear que son parte de la reserva de asesinos que están siendo reclutados por la delincuencia organizada.
Hay 7.5 millones de personas en edad universitaria sin acceso a la educación superior, y 2.4 millones adicionales no pudieron ingresar al bachillerato. Sólo en la UNAM se rechazaron en el último examen de admisión unos 105 mil jóvenes, lo que significó que sólo uno de cada 10 pudo ingresar a la Universidad Nacional. En este caso se ubica el 85% de las instituciones de educación superior, de acuerdo con los indicadores de la Asociación Nacional de Instituciones y Universidades de Educación Superior (ANUIES), que ante la carencia de mayores instituciones de calidad comprobada han surgido de una manera asombrosa: 80% de incremento de planteles en los últimos cinco años, y 45% de crecimiento en su matrícula.
Pero ni con los bajos niveles de calidad educativa que reducen aspiraciones salariales hay plazas en el mercado laboral. Según los datos de la Secretaría de Trabajo al tercer trimestre de 2009, 917 mil personas entre 18 a 24 años no consiguieron trabajo. Además, se calcula que al menos un 20% de quienes tienen niveles universitarios, necesitan de un segundo empleo para completar el ingreso para satisfactores básicos, porque la calidad del salario para su preparación y necesidades es mala. Esta marginación constituye un caldo de cultivo importante para las bandas criminales, cuyo impacto se aprecia en algunas partes del país.
Por ejemplo en Culiacán, donde hace una generación la sociedad no dejó mezclarse a los narcotraficantes en su comunidad, hay un fenómeno creciente inverso ante la falta de oportunidades para los hijos de aquellos a quienes sus padres protegieron. Como dice una madre, “prefiero que mi hijo viva plenamente aunque sea poco, que viva mucho tiempo mal”. Priscila Vera, directora del Instituto Mexicano de la Juventud, afirma que llegan a un punto a nivel nacional, donde “no les importa vivir cinco años más, mientras viva bien, mientras disfrute la vida“. Esa dinámica social ha permitido que los cárteles contraten sicarios con facilidad ante la ventana de dinero en forma inmediata. Entre los jóvenes reclutas en Tamaulipas, muchos de ellos “ninis”, el Cártel del Golfo ofrece como primer salario mensual por acciones menores, 800 dólares, y ese pago se puede duplicar en menos de 100 días y multiplicarse al año.
La profundidad del fenómeno social delictivo de los “ninis” se puede explorar como hipótesis de trabajo a partir de las edades en que inician su actividad criminal. El 42% de los sicarios detenidos por la Policía Federal tiene entre 20 y 30 años; el 21% entre 30 y 35; y el 20% menos de 20. En efecto, 83% de los delitos (78% es narcotráfico en ese grupo, 11% es secuestro y otro tanto en posesión de arma) son cometidos por menores de 35 años. Una introspección a la deficiencia de las políticas públicas se aprecia a partir de diferentes parámetros: de dónde sale la mayoría de los sicarios.
Según las mismas estadísticas de la Policía Federal, Michoacán, Guerrero y el estado de México son los principales productores de asesinos. Los tres, curiosamente, figuran históricamente dentro de las cinco principales plataformas migratorias hacia Estados Unidos, lo que sugiere que la falta de políticas públicas en esas entidades (como en empleo) es endémica. En el desagregado de datos, el 50% de los sicarios detenidos pertenecían a La Familia Michoacana, que añade más complejidad y alarma al problema por las características de ese cártel que tiene arraigo social derivado de su componente religioso, doctrina combinada con cursos aspiracionistas, y la enorme influencia del magisterio en el corredor de la Costa Grande de Guerrero a Michoacán.
Cada vez es mayor el grupo social de jóvenes metidos a delincuentes, al igual que la velocidad como avanzan del robo a la parte alta del crimen, que es el narcotráfico. En el pasado reciente, ese traslado podía llevarse un mínimo de seis meses. Hoy, puede ir de dos meses máximo, a 72 horas mínimo como en Ciudad Juárez. En esos grupos, los valores se han trastocado. No tienen ningún interés en formar una familia ni en tener un sentido de trascendencia. Para qué. Según el Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, la expectativa de vida de un joven que se enrola con los narcotraficantes, es de tres años. Lo saben y no les importa. Siguen siendo material indispensable en los ciclos naturales de reclutamiento. Narro y Lujambio, por la puerta de atrás, iniciaron un debate fundamental para el futuro mediato de México. Hay que quitarle sonoridad e inyectarle profundidad. A todos nos conviene.
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