Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
La transformación del sistema político mexicano ocurre porque la realidad así lo impone; también a pesar de la obstrucción de quienes se beneficiaron y hoy se benefician de él, pues hay una inercia incontenible, propiciada por el desempleo, la pobreza alimentaria y la pobreza extrema, pero sobre todo debida al miedo producido por las consecuencias de la cruenta guerra declarada por el gobierno al narcotráfico, que amenaza con contaminar el mundo financiero.
Por lo pronto -aparentemente de manera insensible- el ejercicio del poder ha desplazado sus funciones operativas y coercitivas. La secretaría de Gobernación fue vaciada de sus funciones de control político entre 1988 y 1994, y hoy José Francisco Blake Mora se encuentra convertido en un súper policía, pero limitado a eso. El ejercicio de la función política está ya en otro lado.
Desde que la insensatez financiera y política de Luis Echeverría lo llevara a declarar que las finanzas se manejaban desde Los Pinos, lo que devino en una devaluación del cien por ciento, las funciones de la secretaría de Hacienda se han modificado hasta convertirse -por la fuerza de la realidad- en el eje desde el cual se establecen los controles políticos para negociar la gobernabilidad, por aquello de que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. En este país no existe el federalismo fiscal.
Para incrementar más el poder de Ernesto Cordero Arroyo, por ser secretario de Hacienda, el presidente Felipe Calderón ha preparado un programa de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero, que pronto, muy pronto presentará al Congreso. El titular de este despacho estará en posición de tutelar el rastreo de negocios, ingresos, vehículos, casas, joyas y cualquier fuente de ingresos y financiamiento de los grupos del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, lo que le permitirá meter mano en cualquier operación particular, empresarial e industrial que parezcan sospechosas o al menos poco claras.
Entre las medidas de control propuestas, destacan: a) se prohibirán operaciones en efectivo de más de 100 mil pesos en bienes, acciones o títulos; b) se vigilarán donativos de cualquier especie por más de 100 mil pesos y, c) se reportará cualquier acto jurídico en que participe un menor o persona sin capacidad.
Por lo pronto, quienes aparecen como inmediatamente obligados, son: vendedores de inmuebles, vehículos de todo tipo y operadores de crédito; comercializadores de obras de arte y joyas o metales preciosos; asesores financieros, jurídicos, contables, y fedatarios y organizadores de sorteos y apuestas, pero con toda seguridad si el lavado de dólares continúa sin freno, la lista de observados crecerá.
Lo importante a destacar políticamente, es que las procuradurías de justicia aparecen como coadyuvantes en esta tarea.
Pero Ernesto Cordero Arroyo parece no darse cuenta de las funciones políticas que la secretaría a su cargo adquiere como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado, y del enorme poder que ponen en sus manos.
O quizá porque quedó sorprendido por el enorme poder que ha acumulado, equivocó el paso y de inmediato ofreció el flanco de posiciones encontradas en materia de impuestos, lo que es grave, pues ya los especialistas quieren ver en ese trastabillar la inexistencia de una definición clara del tipo de política económica y de impuestos que se debe seguir en el país.
Apenas el 19 de agosto último el secretario de Hacienda ofreció versiones dispares sobre la posibilidad de bajar los impuestos como parte del paquete económico para 2011. Los especialistas, los industriales, los inversionistas, los financieros comentan desde hace años que la reducción de impuestos sería positiva para la actividad económica, particularmente en lo que se refiere a ISR o al propio IETU, porque favorecería la inversión.
Claro que en otro tiempo y otros precandidatos se han repuesto de peores gaffes, pero no está por demás recomendar a Ernesto Cordero Arroyo un repaso por la obra de Alain Touraine, donde podrá encontrar que: “La crisis de la modernidad, que a algunos les parece una ruptura con la secularización y con la confianza en la razón, ¿no es más bien la entrada en una modernidad más completa, que ha roto todas las amarras que la retenían aún en las orillas del orden de las cosas…?”, a lo que añadiría, sin dudarlo, que mientras el modelo político mexicano permanezca retenido en las orillas del presidencialismo, y no dé el paso decisivo a la transición, no habrá poder capaz de poner en orden a la delincuencia organizada, y el lavado de dinero continuará, como hasta hoy, incluso en los cepos de los templos.
La transformación del sistema político mexicano ocurre porque la realidad así lo impone; también a pesar de la obstrucción de quienes se beneficiaron y hoy se benefician de él, pues hay una inercia incontenible, propiciada por el desempleo, la pobreza alimentaria y la pobreza extrema, pero sobre todo debida al miedo producido por las consecuencias de la cruenta guerra declarada por el gobierno al narcotráfico, que amenaza con contaminar el mundo financiero.
Por lo pronto -aparentemente de manera insensible- el ejercicio del poder ha desplazado sus funciones operativas y coercitivas. La secretaría de Gobernación fue vaciada de sus funciones de control político entre 1988 y 1994, y hoy José Francisco Blake Mora se encuentra convertido en un súper policía, pero limitado a eso. El ejercicio de la función política está ya en otro lado.
Desde que la insensatez financiera y política de Luis Echeverría lo llevara a declarar que las finanzas se manejaban desde Los Pinos, lo que devino en una devaluación del cien por ciento, las funciones de la secretaría de Hacienda se han modificado hasta convertirse -por la fuerza de la realidad- en el eje desde el cual se establecen los controles políticos para negociar la gobernabilidad, por aquello de que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. En este país no existe el federalismo fiscal.
Para incrementar más el poder de Ernesto Cordero Arroyo, por ser secretario de Hacienda, el presidente Felipe Calderón ha preparado un programa de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero, que pronto, muy pronto presentará al Congreso. El titular de este despacho estará en posición de tutelar el rastreo de negocios, ingresos, vehículos, casas, joyas y cualquier fuente de ingresos y financiamiento de los grupos del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, lo que le permitirá meter mano en cualquier operación particular, empresarial e industrial que parezcan sospechosas o al menos poco claras.
Entre las medidas de control propuestas, destacan: a) se prohibirán operaciones en efectivo de más de 100 mil pesos en bienes, acciones o títulos; b) se vigilarán donativos de cualquier especie por más de 100 mil pesos y, c) se reportará cualquier acto jurídico en que participe un menor o persona sin capacidad.
Por lo pronto, quienes aparecen como inmediatamente obligados, son: vendedores de inmuebles, vehículos de todo tipo y operadores de crédito; comercializadores de obras de arte y joyas o metales preciosos; asesores financieros, jurídicos, contables, y fedatarios y organizadores de sorteos y apuestas, pero con toda seguridad si el lavado de dólares continúa sin freno, la lista de observados crecerá.
Lo importante a destacar políticamente, es que las procuradurías de justicia aparecen como coadyuvantes en esta tarea.
Pero Ernesto Cordero Arroyo parece no darse cuenta de las funciones políticas que la secretaría a su cargo adquiere como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado, y del enorme poder que ponen en sus manos.
O quizá porque quedó sorprendido por el enorme poder que ha acumulado, equivocó el paso y de inmediato ofreció el flanco de posiciones encontradas en materia de impuestos, lo que es grave, pues ya los especialistas quieren ver en ese trastabillar la inexistencia de una definición clara del tipo de política económica y de impuestos que se debe seguir en el país.
Apenas el 19 de agosto último el secretario de Hacienda ofreció versiones dispares sobre la posibilidad de bajar los impuestos como parte del paquete económico para 2011. Los especialistas, los industriales, los inversionistas, los financieros comentan desde hace años que la reducción de impuestos sería positiva para la actividad económica, particularmente en lo que se refiere a ISR o al propio IETU, porque favorecería la inversión.
Claro que en otro tiempo y otros precandidatos se han repuesto de peores gaffes, pero no está por demás recomendar a Ernesto Cordero Arroyo un repaso por la obra de Alain Touraine, donde podrá encontrar que: “La crisis de la modernidad, que a algunos les parece una ruptura con la secularización y con la confianza en la razón, ¿no es más bien la entrada en una modernidad más completa, que ha roto todas las amarras que la retenían aún en las orillas del orden de las cosas…?”, a lo que añadiría, sin dudarlo, que mientras el modelo político mexicano permanezca retenido en las orillas del presidencialismo, y no dé el paso decisivo a la transición, no habrá poder capaz de poner en orden a la delincuencia organizada, y el lavado de dinero continuará, como hasta hoy, incluso en los cepos de los templos.
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