Durango apesta

Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal

Lo que sucede ahí no es ningún síntoma

En menos de un mes parece como si todo hubiera pasado en Durango. Una elección enormemente sucia, con robos de decenas de urnas realizados por policías judiciales y por enmascarados con armas largas, una directora de reclusorio que aceptó –por complicidad, miedo o dinero- que reos salieran regularmente de su prisión para matar personas, y el agudizamiento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación, mientras el gobernador, Ismael Hernández Deras se dice libre de culpas y evade su responsabilidad por el desastre de que azota a Durango. La culpa es de él y de todos, que vimos cómo esa entidad sufría un creciente deterioro y no dimos la alarma. Lo que sucede ahí no es ningún síntoma; es el diagnóstico de un corazón enfermo.

La violencia desatada en las calles de Durango tocó la puerta por el sur, en Gómez Palacio, el 13 de mayo de 2007, cuando un comando atacó al empresario más rico e influyente de la región, dos veces ex presidente municipal de esa ciudad, Carlos Herrera Araluce, y a su esposa Vilma Ale. Sus escoltas repelieron el ataque, que dejó como marca 80 tiros sobre la camioneta blindada del empresario-político, quien al igual que su esposa quedó seriamente herido. Dos de sus guardaespaldas quedaron muertos sobre el pavimento.

El ataque conmocionó la región y se esperaba una réplica. Policías estatales y federales acordonaron una cuadra a la redonda el hospital donde le salvaban la vida y el gobernador Hernández Deras dejó todo lo que estaba haciendo para trasladarse al centro médico y enterarse directamente del estado de salud del empresario. Herrera Araluce, propietario de la empresa Chilchota (la parte de la leche se la vendió hace no mucho a Lala y mantiene la producción de quesos), sobrevivió para ser señalado tiempo después de vínculos con el crimen organizado, que siempre negó.

Gómez Palacio y su hermana siamesa coahuilense Torreón, son el punto neurálgico de la ruta del 70% de la cocaína destinada al mercado estadounidense, que empieza en Topolobampo, Sinaloa, y termina en Ciudad Juárez, Chihuahua. Junto con Durango, han sido los tres estados con mayor violencia relacionada con el narcotráfico desde entonces, al ser los principales campos de batalla de los cárteles. Pero a diferencia de Chihuahua y Sinaloa, Durango ha sido soslayada por la opinión pública en forma inexplicable, escondida en la violencia de sus vecinos y por la reciente ola de matanzas en Torreón.

La violencia en Durango se cuece aparte. En la sierra, admiten funcionarios estatales, las matanzas de 20 y 30 personas no son inusuales, aunque no se les da difusión. En la sierra cerca de Tamazula vivía Ignacio Coronel, uno de los capos más buscados por Estados Unidos, por su discreción y virulencia silenciosa. En esa sierra es donde después de fugarse de un penal de alta seguridad en 2001, se casó Joaquín “El Chapo” Guzmán con una sobrina de Coronel. El obispo de Durango, Héctor González, denunció que en Guanaceví, cerca de Tamazula, vivía Guzmán, y tiempo después, en la misma zona, el Ejército descubrió un mega laboratorio de metanfetaminas, aunque toda esa área estaba bajo su control semanas antes. Hay pistas clandestinas que se pueden ver a través de Google Earth, y videos en YouTube donde muestra vuelos con droga, que documentan lo que ahí sucede.

La política y el narcotráfico tan profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, en Durango son motivo de discusión pública entre los políticos. Tras las elección para gobernador, donde el candidato priísta Jorge Herrera ganó por escasos 11 mil votos, el candidato panista, José Rosas Aispuro no ha dejado de cuestionar el proceso, y esta semana sus seguidores tapizaron con pancartas el Senado donde acusaron a Hernández Deras de estar relacionado con el narcotráfico. Rosas Aispuro era priísta a quien el PRI no le quiso dar la candidatura porque no les gustaba su pasado como representante popular, precisamente, de Tamazula. Pero la iniciativa contra la narcopolítica la lleva él y pretende que se anule la elección porque, alega, la violencia en el estado impidió un proceso equitativo.

Durango apesta. Según la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad Pública, el 72% de los delitos en el estado no son denunciados. Aún así, las cifras de delitos por cada 100 mil habitantes casi se duplica cada año y Durango, sólo debajo de Chihuahua, ocupa el más alto lugar en secuestros. El deterioro no es un fenómeno nuevo, sino que se vino anidando y creciendo durante el gobierno de Hernández Deras. ¿Por qué nadie volteó a ver Durango con la mirada como se observaron tantas otras entidades? Esta negligencia colectiva tiene que corregirse.

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