Advierten sobre lagunas jurídicas en propuesta de legislador del Panal
Falta de acuerdos sobre transición pone en riesgo presupuesto 2011
Agustín Galo Samario / Corresponsal La Jornada
La solicitud de juicio político que el diputado estatal del Partido Nueva Alianza (Panal) Cristóbal Carmona Morales presentó contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es un albazo de éste para garantizarse impunidad y perpetuarse en el poder, advirtieron diputados electos y en funciones de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que integraron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso en los pasados comicios.
El jueves anterior, Cristóbal Carmona (suspendido en junio de la presidencia estatal del Panal por apoyar las campañas del Partido Revolucionario Institucional) solicitó al Congreso de Oaxaca iniciar juicio de procedencia contra Ulises Ruiz por violaciones a los derechos humanos de maestros y ciudadanos en general durante 2006, cuando se reprimió un movimiento magisterial y social contra la administración estatal.
La oposición ve en esta solicitud un intento del tricolor de absolver al gobernador antes de que concluya la presente legislatura –en la cual tiene mayoría– y evitar que en la siguiente sea sancionado. Los inconformes consideraron que los atropellos han sido "la norma" durante la gestión de Ruiz y por ello busca impunidad.
Benjamín Robles Montoya, diputado local del partido Convergencia, dijo tener información de que se presentará una "iniciativa de reforma" con la cual el gobernador busca que la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, permanezca hasta la siguiente administración.
Sostuvo que Ruiz Ortiz "será sentado en el banquillo de los acusados a principios de noviembre" e "irá a la cárcel, porque aquí no se discute si fue culpable, sino la sanción que recibirá, porque los delitos que cometió ya fueron juzgados por la Suprema Corte" de Justicia de la Nación.
Convocó a la población a estar atenta a "los intentos de pervertir el marco jurídico" y no descartó llamar a una movilización para hacer valer la voluntad ciudadana.
Carol Antonio Altamirano, diputado electo del PRD, afirmó que la propuesta de Carmona fue "un mandato claro" de Ulises Ruiz, porque busca "impunidad y obstruir al próximo gobierno".
Zenen Bravo, de Convergencia, acusó a Ulises Ruiz y al PRI de desestabilizar el estado con una "propuesta de juicio político endeble, con lagunas jurídicas".
Ita Ortiz, legisladora electa del PT, se manifestó por que el gobernador sea sometido a juicio político "por los crímenes de lesa humanidad que cometió" y pidió a los oaxaqueños no quedarse callados.
En tanto, Francisco Álvarez Figueroa, coordinador del consejo ciudadano para la transición del gobernador electo Gabino Cué, advirtió que si Ulises Ruiz sigue sin nombrar su equipo de enlace para la entrega y recepción del gobierno, el presupuesto estatal de 2011 estará en riesgo.
En conferencia de prensa, Álvarez Figueroa informó que el viernes pasado entregó en las oficinas del gobernador una carta para exigir que "se instale a la brevedad posible una mesa de trabajo", porque las reglas fijadas en un acuerdo el mes pasado "impiden que el proceso se lleve a cabo con normalidad".
Falta de acuerdos sobre transición pone en riesgo presupuesto 2011
Agustín Galo Samario / Corresponsal La Jornada
La solicitud de juicio político que el diputado estatal del Partido Nueva Alianza (Panal) Cristóbal Carmona Morales presentó contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es un albazo de éste para garantizarse impunidad y perpetuarse en el poder, advirtieron diputados electos y en funciones de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que integraron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso en los pasados comicios.
El jueves anterior, Cristóbal Carmona (suspendido en junio de la presidencia estatal del Panal por apoyar las campañas del Partido Revolucionario Institucional) solicitó al Congreso de Oaxaca iniciar juicio de procedencia contra Ulises Ruiz por violaciones a los derechos humanos de maestros y ciudadanos en general durante 2006, cuando se reprimió un movimiento magisterial y social contra la administración estatal.
La oposición ve en esta solicitud un intento del tricolor de absolver al gobernador antes de que concluya la presente legislatura –en la cual tiene mayoría– y evitar que en la siguiente sea sancionado. Los inconformes consideraron que los atropellos han sido "la norma" durante la gestión de Ruiz y por ello busca impunidad.
Benjamín Robles Montoya, diputado local del partido Convergencia, dijo tener información de que se presentará una "iniciativa de reforma" con la cual el gobernador busca que la procuradora general de Justicia del estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, permanezca hasta la siguiente administración.
Sostuvo que Ruiz Ortiz "será sentado en el banquillo de los acusados a principios de noviembre" e "irá a la cárcel, porque aquí no se discute si fue culpable, sino la sanción que recibirá, porque los delitos que cometió ya fueron juzgados por la Suprema Corte" de Justicia de la Nación.
Convocó a la población a estar atenta a "los intentos de pervertir el marco jurídico" y no descartó llamar a una movilización para hacer valer la voluntad ciudadana.
Carol Antonio Altamirano, diputado electo del PRD, afirmó que la propuesta de Carmona fue "un mandato claro" de Ulises Ruiz, porque busca "impunidad y obstruir al próximo gobierno".
Zenen Bravo, de Convergencia, acusó a Ulises Ruiz y al PRI de desestabilizar el estado con una "propuesta de juicio político endeble, con lagunas jurídicas".
Ita Ortiz, legisladora electa del PT, se manifestó por que el gobernador sea sometido a juicio político "por los crímenes de lesa humanidad que cometió" y pidió a los oaxaqueños no quedarse callados.
En tanto, Francisco Álvarez Figueroa, coordinador del consejo ciudadano para la transición del gobernador electo Gabino Cué, advirtió que si Ulises Ruiz sigue sin nombrar su equipo de enlace para la entrega y recepción del gobierno, el presupuesto estatal de 2011 estará en riesgo.
En conferencia de prensa, Álvarez Figueroa informó que el viernes pasado entregó en las oficinas del gobernador una carta para exigir que "se instale a la brevedad posible una mesa de trabajo", porque las reglas fijadas en un acuerdo el mes pasado "impiden que el proceso se lleve a cabo con normalidad".
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