Astillero / Julio Hernández López
A la palabra
Ni foto de Coronel
Muertos, no presos
Ciudadanos vigilantes
A diferencia del grotesco trato que se dio al cadáver de Arturo Beltrán Leyva, los restos mortales de quien oficialmente ha sido identificado como Ignacio Coronel Villarreal han sido exentos de cualquier tipo de escrutinio público. Ni una sola fotografía del cuerpo o del campo de acción. Nada que complemente o consolide la rígida información militar o las pálidas diligencias civiles concurrentes. Control tan cerrado que los propios familiares debieron acreditar puntualmente su condición –lo que es explicable– para recibir con morosidad esos restos. Todo en medio de tales circunstancias restrictivas que la imaginación popular ha creído encontrar asideros para tejer historias de suplantaciones, dudar de los partes oficiales y poner sobre el tapete de la especulación politizada las razones y las circunstancias de la acometida militar en la colonia tapatía Colinas de San Javier, relativamente silenciosa e incruenta si se le compara con la batalla librada por marinos en Cuernavaca para abatir al llamado jefe de jefes.
Las especulaciones, las dudas y el descreimiento provienen de un manejo marcial de hechos e información que deberían estar sometidas al curso civil y a los procedimientos que establecen las leyes que hasta el momento no han sido declaradas en suspenso por ninguna instancia autorizada de poder. Felipe Calderón ha decretado por sí mismo una guerra que solamente tiene sustento en la amplitud declarativa que el propio ocupante de Los Pinos se ha otorgado, pero no en legalidad ni institucionalidad algunas. Sin embargo, en los hechos, día a día, minuto a minuto, se vive una sustitución acelerada de lo civil y su legalidad, con la natural violación constante de derechos y garantías y con la permanente instauración de la voluntad de policías y militares como regla y orden, imponiendo sus dictámenes, instrucciones y resoluciones como si fueran palabra última, irrefutable y ajena a indagaciones reales.
En el caso del llamado Ignacio Coronel se advierten trazos y perfiles preocupantes. Al igual que sucedió con el difunto Beltrán Leyva, en Guadalajara fueron muertos tanto el máximo jefe occidental del narcotráfico como un sobrino que presuntamente, sin que hubiera más respaldo a esa tesis que la palabra expresada en boletín oficial, estaría en lista de sucesión del familiar caído. Muertos, no capturados ni sujetos a procesos penales. Fallecidos por su culpa, pues habrían intentado oponerse violentamente a los cercos militares instaurados y habrían dado motivo para una legítima reacción defensiva. En el caso de Ignacio Coronel habría muerto el jefe castrense que había conminado al delincuente a entregarse.
Otro punto de discusión se centra en la verdadera relación que sostenía el citado Coronel con el cártel de Sinaloa, del que sería el representante regional con sede en Guadalajara, según las versiones generalizadas que, sin embargo, han ido abriendo paso a los señalamientos de que en realidad el gerente occidental estaba en vías de independizarse y que ello le convertía en un adversario del jefe máximo, Joaquín Guzmán, alias El Chapo, quien habría recibido así más una ayuda que un agravio, lo que iría en contra de la muy impulsada propaganda gubernamental que trata de caracterizar lo sucedido en la capital jalisciense como una demostración de que en México no hay cárteles protegidos del gobierno y que los golpes importantes se dan por parejo.
A la revoltura coronela contribuye el punto oscuro referente a la relación entre el secuestro de Diego Fernández y la acción de marinos en territorio jalisciense ese mismo día del plagio queretano, movilización aparatosa que oficialmente quedó en la nada pero que fue interpretada incluso por funcionarios tapatíos de primer nivel como la (¿primera?) aprehensión del citado Nacho. El estancamiento del caso Fernández de Cevallos también ha multiplicado los análisis desbordados. Ausente por decisión propia la administración felipista del seguimiento de ese secuestro de alto impacto –aunque un boletín de los presuntos plagiarios asegura que no ha cesado la intervención policial en el asunto–, pareciera que los aires ejecutivos de Los Pinos se constriñen a la propaganda cavernosa de presuntos éxitos en la guerra en curso y al sometimiento de sus de por sí muy disminuidos aires civiles a la fuerza rectora de las armas, de las teóricamente propias y las ajenas.
Pero, a pesar de todo, el licenciado Calderón conserva ánimos para continuar con su propuesta de dialogar con cúpulas de representación social seleccionada y trazar líneas de concordancia que pretenderá investir de políticas de Estado en materia de combate al narcotráfico. Ayer tuvo la primera sesión pública de ese corte y reiteró la premisa central dada a conocer durante la colocación de su amigo Blake como secretario de Gobernación: la seguridad democrática, entendida como la corresponsabilidad social en la lucha contra la delincuencia; las acciones gubernamentales contra el narco, como decisión popular compartida y no sólo como determinación burocrática. En ese replanteamiento audaz, el ocupante de Los Pinos pide que cada ciudadano y organización pública se convierta en vigilante y en denunciante, de tal manera que coadyuve a la persecución de delitos y también exija a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. En tanto, las ejecuciones continúan, el miedo se fortalece en ciudades convertidas en tierra sin ley, ciertos grupos de narcotraficantes multiplican sus amenazas públicas contra policías y militares, y ciudadanos michoacanos demandan la salida de Ejército y Policía Federal de sus comunidades porque, aseguran, cometen abusos graves.
Y, mientras los policías municipales de Acapulco se convierten en manifestantes, críticos, opositores y activistas que llegan incluso a tomar instalaciones del ayuntamiento y retener trabajadores, ¡hasta mañana, con el conservadurismo represivo gringo festejando a la ex candidata presidencial Sarah Palin, que acusa a Obama de no tener cojones para resolver el problema migratorio y vigilar adecuadamente las fronteras
A la palabra
Ni foto de Coronel
Muertos, no presos
Ciudadanos vigilantes
A diferencia del grotesco trato que se dio al cadáver de Arturo Beltrán Leyva, los restos mortales de quien oficialmente ha sido identificado como Ignacio Coronel Villarreal han sido exentos de cualquier tipo de escrutinio público. Ni una sola fotografía del cuerpo o del campo de acción. Nada que complemente o consolide la rígida información militar o las pálidas diligencias civiles concurrentes. Control tan cerrado que los propios familiares debieron acreditar puntualmente su condición –lo que es explicable– para recibir con morosidad esos restos. Todo en medio de tales circunstancias restrictivas que la imaginación popular ha creído encontrar asideros para tejer historias de suplantaciones, dudar de los partes oficiales y poner sobre el tapete de la especulación politizada las razones y las circunstancias de la acometida militar en la colonia tapatía Colinas de San Javier, relativamente silenciosa e incruenta si se le compara con la batalla librada por marinos en Cuernavaca para abatir al llamado jefe de jefes.
Las especulaciones, las dudas y el descreimiento provienen de un manejo marcial de hechos e información que deberían estar sometidas al curso civil y a los procedimientos que establecen las leyes que hasta el momento no han sido declaradas en suspenso por ninguna instancia autorizada de poder. Felipe Calderón ha decretado por sí mismo una guerra que solamente tiene sustento en la amplitud declarativa que el propio ocupante de Los Pinos se ha otorgado, pero no en legalidad ni institucionalidad algunas. Sin embargo, en los hechos, día a día, minuto a minuto, se vive una sustitución acelerada de lo civil y su legalidad, con la natural violación constante de derechos y garantías y con la permanente instauración de la voluntad de policías y militares como regla y orden, imponiendo sus dictámenes, instrucciones y resoluciones como si fueran palabra última, irrefutable y ajena a indagaciones reales.
En el caso del llamado Ignacio Coronel se advierten trazos y perfiles preocupantes. Al igual que sucedió con el difunto Beltrán Leyva, en Guadalajara fueron muertos tanto el máximo jefe occidental del narcotráfico como un sobrino que presuntamente, sin que hubiera más respaldo a esa tesis que la palabra expresada en boletín oficial, estaría en lista de sucesión del familiar caído. Muertos, no capturados ni sujetos a procesos penales. Fallecidos por su culpa, pues habrían intentado oponerse violentamente a los cercos militares instaurados y habrían dado motivo para una legítima reacción defensiva. En el caso de Ignacio Coronel habría muerto el jefe castrense que había conminado al delincuente a entregarse.
Otro punto de discusión se centra en la verdadera relación que sostenía el citado Coronel con el cártel de Sinaloa, del que sería el representante regional con sede en Guadalajara, según las versiones generalizadas que, sin embargo, han ido abriendo paso a los señalamientos de que en realidad el gerente occidental estaba en vías de independizarse y que ello le convertía en un adversario del jefe máximo, Joaquín Guzmán, alias El Chapo, quien habría recibido así más una ayuda que un agravio, lo que iría en contra de la muy impulsada propaganda gubernamental que trata de caracterizar lo sucedido en la capital jalisciense como una demostración de que en México no hay cárteles protegidos del gobierno y que los golpes importantes se dan por parejo.
A la revoltura coronela contribuye el punto oscuro referente a la relación entre el secuestro de Diego Fernández y la acción de marinos en territorio jalisciense ese mismo día del plagio queretano, movilización aparatosa que oficialmente quedó en la nada pero que fue interpretada incluso por funcionarios tapatíos de primer nivel como la (¿primera?) aprehensión del citado Nacho. El estancamiento del caso Fernández de Cevallos también ha multiplicado los análisis desbordados. Ausente por decisión propia la administración felipista del seguimiento de ese secuestro de alto impacto –aunque un boletín de los presuntos plagiarios asegura que no ha cesado la intervención policial en el asunto–, pareciera que los aires ejecutivos de Los Pinos se constriñen a la propaganda cavernosa de presuntos éxitos en la guerra en curso y al sometimiento de sus de por sí muy disminuidos aires civiles a la fuerza rectora de las armas, de las teóricamente propias y las ajenas.
Pero, a pesar de todo, el licenciado Calderón conserva ánimos para continuar con su propuesta de dialogar con cúpulas de representación social seleccionada y trazar líneas de concordancia que pretenderá investir de políticas de Estado en materia de combate al narcotráfico. Ayer tuvo la primera sesión pública de ese corte y reiteró la premisa central dada a conocer durante la colocación de su amigo Blake como secretario de Gobernación: la seguridad democrática, entendida como la corresponsabilidad social en la lucha contra la delincuencia; las acciones gubernamentales contra el narco, como decisión popular compartida y no sólo como determinación burocrática. En ese replanteamiento audaz, el ocupante de Los Pinos pide que cada ciudadano y organización pública se convierta en vigilante y en denunciante, de tal manera que coadyuve a la persecución de delitos y también exija a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. En tanto, las ejecuciones continúan, el miedo se fortalece en ciudades convertidas en tierra sin ley, ciertos grupos de narcotraficantes multiplican sus amenazas públicas contra policías y militares, y ciudadanos michoacanos demandan la salida de Ejército y Policía Federal de sus comunidades porque, aseguran, cometen abusos graves.
Y, mientras los policías municipales de Acapulco se convierten en manifestantes, críticos, opositores y activistas que llegan incluso a tomar instalaciones del ayuntamiento y retener trabajadores, ¡hasta mañana, con el conservadurismo represivo gringo festejando a la ex candidata presidencial Sarah Palin, que acusa a Obama de no tener cojones para resolver el problema migratorio y vigilar adecuadamente las fronteras
Comentarios