Jorge Carrasco Araizaga
En momentos en que Mario López Valdez y Héctor Melesio Cuén aún celebran su triunfo electoral, este sábado 10 de julio se cumplen dos años de la masacre impune de nueve personas en un taller automotriz de Culiacán, en uno de los hechos más graves en Sinaloa de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico.
En la ejecución masiva perpetrada por un comando de al menos una docena de hombres en la colonia Los Pinos, a unos minutos del Palacio de Gobierno, murieron víctimas inocentes, cuyos familiares han sumado al dolor de la pérdida, la indolencia de la autoridad.
De entonces a la fecha, por lo menos otras 40 personas inocentes han fallecido a lo largo del estado a causa de esa violencia irracional, según el recuento hecho por algunos de los familiares de las víctimas.
Sus nombres, registrados en su momento en la prensa local, están ahora en los registros de la Asociación Voces Unidas por la Vida, surgida a raíz de la masacre en la que murieron nueve personas en el taller automotriz, hasta el que llegaron los sicarios en aparente represalia contra el dueño del negocio.
Como ocurrió en Sudamérica en las décadas de los setenta y los ochenta cuando las dictaduras asesinaban, secuestraban y desaparecían a cientos de personas, los familiares de las víctimas ahora salen a las calles no sólo para exigir justicia, sino a hacer memoria para que la gente no eche al olvido lo ocurrido.
Al salir a las calles de la capital, los familiares de las víctimas inocentes del narcotráfico en Sinaloa hacen más que honrar a los suyos. Llaman la atención a la sociedad para que no vea como normal lo anormal, para que no se anestesie ante esa realidad en la que cualquier familia puede ser arrastrada y que a los políticos les resulta ajena, extraña o incómoda.
El mejor ejemplo es de Héctor Melesio Cuén, ganador de la elección para presidente municipal de Culiacán, con el apoyo de la jefa del sindicato de maestros, Elba Esteher Gordillo.
El 10 de julio de 2008, Cuén era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La tragedia lo involucraba directamente, pues cuatro de las nueve víctimas pertenecían a la UAS: un estudiante de bachillerato, uno de licenciatura y dos profesores de la Facultad de Contaduría.
La madre de Cristóbal, de 16 años, quien era estudiante de la preparatoria Salvador Allende, Trinidad Herrera, buscó al entonces rector. Le pidió respaldo para que la acompañara en la búsqueda de justicia.
La respuesta de Cué fue desoladora: no haría nada que afectara su imagen política. En ese momento, buscaba la candidatura del PAN a la gubernatura. No la logró, pero obtuvo la alcaldía como premio de consolación. No importó que fuera por parte del partido de Gordillo, el Partido Nueva Alianza (Panal), el PRI y el Partido Verde.
Ante la tragedia y el dolor, lo más que hizo Cuén fue organizar una concentración en el edificio central de la UAS. Como máxima autoridad de una institución agraviada, nunca dijo nada. Acaso, que tenía miedo. Por miedo o conveniencia, se acomodó en el silencio cómplice.
Qué lejos se colocó del rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, quien le plantó cara al mismo Ejército para exigir el esclarecimiento de la ejecución de dos de sus estudiantes en Monterrey, también en esa llamada “guerra” de Calderón.
A partir del 1 de enero de 2010, Mario López Valdez tendrá la oportunidad de demostrar que encabezará “el gobierno del cambio”.
En dos años, el gobierno de Jesús Aguilar Padilla no hizo nada para que la Procuraduría de Justicia del estado esclareciera los homicidios, y ni siquiera gestionó para que el caso pasara a la Procuraduría General de la República por tratarse de hechos que tienen todos los indicios de delincuencia organizada.
Peor aún, solapó las ilegalidades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bajo la presidencia de Juan Jose Ríos Estavilla, falsificó la firma de Trinidad Herrera para darle carpetazo al caso.
Durante la disputa electoral, Malova no habló de las víctimas inocentes. Estaba en campaña. Cualquier gobierno del cambio, de transición o como se le llame, está obligado a revisar el pasado en materia de derechos humanos. Es un imperativo moral.
No hacerlo lo haría cómplice, tal y como ocurrió con Vicente Fox al no propiciar ni justicia ni verdad en el caso de los cientos de víctimas de la guerra sucia en los años sesenta, setenta y parte de los ochenta en México, incluidas muchas de Sinaloa.
En momentos en que Mario López Valdez y Héctor Melesio Cuén aún celebran su triunfo electoral, este sábado 10 de julio se cumplen dos años de la masacre impune de nueve personas en un taller automotriz de Culiacán, en uno de los hechos más graves en Sinaloa de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico.
En la ejecución masiva perpetrada por un comando de al menos una docena de hombres en la colonia Los Pinos, a unos minutos del Palacio de Gobierno, murieron víctimas inocentes, cuyos familiares han sumado al dolor de la pérdida, la indolencia de la autoridad.
De entonces a la fecha, por lo menos otras 40 personas inocentes han fallecido a lo largo del estado a causa de esa violencia irracional, según el recuento hecho por algunos de los familiares de las víctimas.
Sus nombres, registrados en su momento en la prensa local, están ahora en los registros de la Asociación Voces Unidas por la Vida, surgida a raíz de la masacre en la que murieron nueve personas en el taller automotriz, hasta el que llegaron los sicarios en aparente represalia contra el dueño del negocio.
Como ocurrió en Sudamérica en las décadas de los setenta y los ochenta cuando las dictaduras asesinaban, secuestraban y desaparecían a cientos de personas, los familiares de las víctimas ahora salen a las calles no sólo para exigir justicia, sino a hacer memoria para que la gente no eche al olvido lo ocurrido.
Al salir a las calles de la capital, los familiares de las víctimas inocentes del narcotráfico en Sinaloa hacen más que honrar a los suyos. Llaman la atención a la sociedad para que no vea como normal lo anormal, para que no se anestesie ante esa realidad en la que cualquier familia puede ser arrastrada y que a los políticos les resulta ajena, extraña o incómoda.
El mejor ejemplo es de Héctor Melesio Cuén, ganador de la elección para presidente municipal de Culiacán, con el apoyo de la jefa del sindicato de maestros, Elba Esteher Gordillo.
El 10 de julio de 2008, Cuén era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La tragedia lo involucraba directamente, pues cuatro de las nueve víctimas pertenecían a la UAS: un estudiante de bachillerato, uno de licenciatura y dos profesores de la Facultad de Contaduría.
La madre de Cristóbal, de 16 años, quien era estudiante de la preparatoria Salvador Allende, Trinidad Herrera, buscó al entonces rector. Le pidió respaldo para que la acompañara en la búsqueda de justicia.
La respuesta de Cué fue desoladora: no haría nada que afectara su imagen política. En ese momento, buscaba la candidatura del PAN a la gubernatura. No la logró, pero obtuvo la alcaldía como premio de consolación. No importó que fuera por parte del partido de Gordillo, el Partido Nueva Alianza (Panal), el PRI y el Partido Verde.
Ante la tragedia y el dolor, lo más que hizo Cuén fue organizar una concentración en el edificio central de la UAS. Como máxima autoridad de una institución agraviada, nunca dijo nada. Acaso, que tenía miedo. Por miedo o conveniencia, se acomodó en el silencio cómplice.
Qué lejos se colocó del rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, quien le plantó cara al mismo Ejército para exigir el esclarecimiento de la ejecución de dos de sus estudiantes en Monterrey, también en esa llamada “guerra” de Calderón.
A partir del 1 de enero de 2010, Mario López Valdez tendrá la oportunidad de demostrar que encabezará “el gobierno del cambio”.
En dos años, el gobierno de Jesús Aguilar Padilla no hizo nada para que la Procuraduría de Justicia del estado esclareciera los homicidios, y ni siquiera gestionó para que el caso pasara a la Procuraduría General de la República por tratarse de hechos que tienen todos los indicios de delincuencia organizada.
Peor aún, solapó las ilegalidades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bajo la presidencia de Juan Jose Ríos Estavilla, falsificó la firma de Trinidad Herrera para darle carpetazo al caso.
Durante la disputa electoral, Malova no habló de las víctimas inocentes. Estaba en campaña. Cualquier gobierno del cambio, de transición o como se le llame, está obligado a revisar el pasado en materia de derechos humanos. Es un imperativo moral.
No hacerlo lo haría cómplice, tal y como ocurrió con Vicente Fox al no propiciar ni justicia ni verdad en el caso de los cientos de víctimas de la guerra sucia en los años sesenta, setenta y parte de los ochenta en México, incluidas muchas de Sinaloa.
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