David Aponte / Contraflujo
Los militares no van a ceder, no van a aceptar responsabilidad en la muerte de los niños Bryan y Martín, en los hechos registrados el 3 de abril de 2010 en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, ha venido preparando el terreno legal para desarticular, para echar abajo las acusaciones de la familia Almanza Salazar, y desmontar uno a uno los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, principalmente uno que los altos mandos del Ejército mexicano consideran gravísimo:
La supuesta manipulación, modificación, montaje que presuntamente hicieron los 22 elementos de la escena de los hechos, para mostrar a la opinión pública que los caídos fueron consecuencia de un enfrentamiento armado entre la tropa y sujetos de grupos del crimen organizado (fuego cruzado).
El 2 de julio de 2010, el general de Brigada Jaime A. López Portillo Robles Gil, director de Derechos Humanos de la SEDENA, envió una carta al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, para refutar la versión de que los militares modificaron el lugar de los hechos, para simular una confrontación con delincuentes y, con el supuesto montaje, generar la percepción de que los niños fueron víctimas de un fuego cruzado.
Los padres de Bryan y Martín han señalado en reiteradas ocasiones ante los medios de comunicación que los soldados mataron a los niños, cuando la familia se trasladaba en una camioneta. Los pequeños murieron por las balas de los militares y no por las esquirlas de granadas (que dispararon los delincuentes), han argumentado Martín Almanza Rodríguez y Cinthya Salazar Castillo. El ombudsman ha expresado en su recomendación que la versión del Ejército (el fugo cruzado) no encuentra sustento. En una parte de la documentación, el titular del organismo de defensa de los derechos humanos solicita que “se abstengan de alterar las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica jurídica de los mismos”.
En la respuesta a la recomendación 36/2010, el general López Portillo Robles Gil escribió que “en cuanto a las afirmaciones de ese organismo nacional, respecto al desarrollo de los hechos y la preservación del lugar en que sucedieron, se estima jurídicamente necesario esperar el resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales competentes (la Procuraduría de Justicia Militar y la PGR), evitando prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar, demostrando con ello respeto a las garantías del debido proceso a que tienen derecho todas las personas (civiles y militares), previstas en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
¿Cuál es la estrategia y los argumentos que prepara la SEDENA para combatir la investigación y la recomendación de la CNDH? ¿Cuáles son los puntos nodales del Ejército para la defensa legal del caso? Los mandos militares han cimentado su operación jurídica en ocho elementos, con los que buscan demoler las acusaciones de la familia Almanza Salazar y los durísimos señalamientos de Plascencia Villanueva:
- La CNDH no realizó peritaje adecuado en la escena de los hechos; sólo utilizó la declaración de dos testigos, relacionados con la familia de los niños Bryan y Martín, para decir que hubo manipulación del lugar de los hechos. Los especialistas de la comisión no cruzaron más información.
- Los 22 elementos del Ejército mexicano no participaron en la reconstrucción de los hechos de la CNDH.
- La CNDH no entrevistó a los 22 elementos que participaron en los hechos del 3 de abril de 2010.
- La CNDH no verificó con las empresas de telefonía si la familia Almanza Salazar pidió auxilio a sus parientes, después de la confrontación armada.
- La CNDH no verificó que la unidad blindada del Ejército mexicano no llevaba granadas. La planilla orgánica de la SEDENA no considera este tipo de armamento para esa clase de convoy.
- La CNDH recurrió a la necropsia de uno de los niños, elaborada por la Procuraduría de Tamaulipas, cuya redacción es confusa en cuanto a las causas de la muerte del menor (esquirla o proyectil de bala).
- El Ejército mexicano no establece retenes en curvas y siempre coloca avisos.
- Los elementos del Ejército sí brindó apoyo para el traslado de los heridos.
Las dos instituciones, la SEDENA y la CNDH, se juegan el prestigio con el caso de los niños Bryan y Martín. Durante la batalla por encontrar la verdad de los hechos, alguna de las dos saldrá herida, lastimada. Seguramente, las dos van a tratar de mantener sus versiones, sin importar si hay o no justicia para la familia agraviada, para Martín y Cinthya, víctimas de los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico.
Los militares no van a ceder, no van a aceptar responsabilidad en la muerte de los niños Bryan y Martín, en los hechos registrados el 3 de abril de 2010 en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, ha venido preparando el terreno legal para desarticular, para echar abajo las acusaciones de la familia Almanza Salazar, y desmontar uno a uno los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, principalmente uno que los altos mandos del Ejército mexicano consideran gravísimo:
La supuesta manipulación, modificación, montaje que presuntamente hicieron los 22 elementos de la escena de los hechos, para mostrar a la opinión pública que los caídos fueron consecuencia de un enfrentamiento armado entre la tropa y sujetos de grupos del crimen organizado (fuego cruzado).
El 2 de julio de 2010, el general de Brigada Jaime A. López Portillo Robles Gil, director de Derechos Humanos de la SEDENA, envió una carta al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, para refutar la versión de que los militares modificaron el lugar de los hechos, para simular una confrontación con delincuentes y, con el supuesto montaje, generar la percepción de que los niños fueron víctimas de un fuego cruzado.
Los padres de Bryan y Martín han señalado en reiteradas ocasiones ante los medios de comunicación que los soldados mataron a los niños, cuando la familia se trasladaba en una camioneta. Los pequeños murieron por las balas de los militares y no por las esquirlas de granadas (que dispararon los delincuentes), han argumentado Martín Almanza Rodríguez y Cinthya Salazar Castillo. El ombudsman ha expresado en su recomendación que la versión del Ejército (el fugo cruzado) no encuentra sustento. En una parte de la documentación, el titular del organismo de defensa de los derechos humanos solicita que “se abstengan de alterar las escenas de los hechos y/o se tergiverse la verdad histórica jurídica de los mismos”.
En la respuesta a la recomendación 36/2010, el general López Portillo Robles Gil escribió que “en cuanto a las afirmaciones de ese organismo nacional, respecto al desarrollo de los hechos y la preservación del lugar en que sucedieron, se estima jurídicamente necesario esperar el resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales competentes (la Procuraduría de Justicia Militar y la PGR), evitando prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar, demostrando con ello respeto a las garantías del debido proceso a que tienen derecho todas las personas (civiles y militares), previstas en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
¿Cuál es la estrategia y los argumentos que prepara la SEDENA para combatir la investigación y la recomendación de la CNDH? ¿Cuáles son los puntos nodales del Ejército para la defensa legal del caso? Los mandos militares han cimentado su operación jurídica en ocho elementos, con los que buscan demoler las acusaciones de la familia Almanza Salazar y los durísimos señalamientos de Plascencia Villanueva:
- La CNDH no realizó peritaje adecuado en la escena de los hechos; sólo utilizó la declaración de dos testigos, relacionados con la familia de los niños Bryan y Martín, para decir que hubo manipulación del lugar de los hechos. Los especialistas de la comisión no cruzaron más información.
- Los 22 elementos del Ejército mexicano no participaron en la reconstrucción de los hechos de la CNDH.
- La CNDH no entrevistó a los 22 elementos que participaron en los hechos del 3 de abril de 2010.
- La CNDH no verificó con las empresas de telefonía si la familia Almanza Salazar pidió auxilio a sus parientes, después de la confrontación armada.
- La CNDH no verificó que la unidad blindada del Ejército mexicano no llevaba granadas. La planilla orgánica de la SEDENA no considera este tipo de armamento para esa clase de convoy.
- La CNDH recurrió a la necropsia de uno de los niños, elaborada por la Procuraduría de Tamaulipas, cuya redacción es confusa en cuanto a las causas de la muerte del menor (esquirla o proyectil de bala).
- El Ejército mexicano no establece retenes en curvas y siempre coloca avisos.
- Los elementos del Ejército sí brindó apoyo para el traslado de los heridos.
Las dos instituciones, la SEDENA y la CNDH, se juegan el prestigio con el caso de los niños Bryan y Martín. Durante la batalla por encontrar la verdad de los hechos, alguna de las dos saldrá herida, lastimada. Seguramente, las dos van a tratar de mantener sus versiones, sin importar si hay o no justicia para la familia agraviada, para Martín y Cinthya, víctimas de los daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico.
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