Secuelas hidalguenses

Miguel Ángel Granados Chapa

El presidente Felipe Calderón recibió en Los Pinos, el jueves 22, a Francisco Olvera. Días atrás, por teléfono, lo había felicitado por su triunfo en la elección del 4 de julio, en que fue candidato a la gubernatura de Hidalgo.

Calderón hizo lo propio con el resto de los aspirantes victoriosos en la misma jornada. Es una mala costumbre que Calderón ahora, y todo presidente de la República, debería desterrar, pues el encuentro del Ejecutivo federal en funciones con los titulares de ese poder en los estados, que aún no lo han asumido, carece de fundamento legal, y políticamente suscita equívocos, situaciones ambiguas, especialmente en los casos en que la elección no ha sido resuelta definitivamente.

La de Olvera está sujeta a la decisión de los tribunales, pues la coalición que postuló a Xóchitl Gálvez inició 15 impugnaciones al proceso, que la instancia judicial local ha empezado a resolver. El jueves desechó las primeras cuatro, pero esas decisiones pueden ser recurridas. De un modo u otro, el cuestionamiento central de la alianza Hidalgo nos une será resuelto por el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación, que dispone de un plazo amplio, considerando que aunque se adelantó la elección se mantuvo fija la toma de posesión del gobernador, el primero de abril próximo.

Jurídicamente, pues, es inocua la posición presidencial. Calderón no tiene autoridad ninguna sobre los gobernadores a los que convoca a su casa. No avala legalmente su triunfo, pero sí les brinda una carta de propaganda política, frente a las inconformidades de los candidatos derrotados. No anuncio que ocurrirá, pero ¿en qué posición quedará el presidente frente a Jorge Herrera, el candidato priísta en Durango, a quien ya telefoneó si a la postre el recuento de los votos elimina y aún revierte la breve diferencia entre su votación y la de José Aispuru Rosas?. Si por una cortesía política el Ejecutivo federal se sintiera inclinado a ofrecer la bienvenida a los nuevos gobernadores, podría hacerlo sin problema y aun con elegancia en la víspera de su asunción al poder.

El hecho es que Olvera aprovechó la actitud presidencial para festejar su triunfo una vez más. El gobierno que lo impulso hasta allí lo hace también, coincidiendo con la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. El viernes, en el auditorio Gota de plata que sólo se colma cuando la entrada es gratuita como en este ocasión, la fiesta, conmemorativa del bicentenario de la independencia y de dos centenarios, el de la revolución y el del reloj monumental de Pachuca, incluyó el arte de Pablo Montero, el galán cantante que padece el infortunio de la muerte violenta de su hermano, ocurrida en Torreón apenas hace dos semanas. Hablaron en la ceremonia el gobernador Miguel Ángel Osorio, quien recibe hoy lunes un certificado de buena conducta del procurador Arturo Chávez Chávez, y el director de la Lotenal, Benjamín González Roaro.

Uno imaginaría, en esas condiciones, que los priístas se hallan muy contentos, o por lo menos tranquilos. Pero no es así. En una ampliación de la campaña electoral, que incluyó una fase de guerra sucia destinada a enlodar a la candidata opositora, de nuevo la insultan y difaman. De tener certeza respecto del desenlace de la fase judicial actualmente en curso, los priístas podrían desentenderse de la candidatura derrotada. Pero notoriamente toman sus precauciones ante el riesgo de que sea necesaria una elección extraordinaria y contiendan de nuevo Xóchitl Gálvez y Olvera.

Durante tres días consecutivos el PRI ha hecho publicar sendas páginas con mensajes a cuál más grosero. El tercero es un refrito de los dos primeros. En los del jueves y el viernes, el argumento alrededor del cual gira el comunicado es que Xóchitl Gálvez es mentirosa. El primero de esos dos desplegados se tituló “¡Ya basta de mentiras, es la hora de la verdad!” y el segundo, más directo, se destina a la candidata opositora: “Xóchitl Gálvez: ¡ya no le mientas más al pueblo hidalguense!

Le atribuyen mendacidad sobre su vida personal, sobre su título profesional y sobre la austeridad de su campaña. No eran mensajes admisibles durante la campaña, pero no sorprendían, pues uno de los ingredientes del combate electoral, especialmente cuando no se pueden invocar méritos propios consiste en denigrar al adversario. Hacerlo una vez concluida la campaña persigue un propósito más avieso: Castigar, por un lado, la osadía de haber enfrentado al poder y ponerlo en jaque, y por otro prevenir la implantación de un liderazgo social y político más allá de lo electoral.

Una y otra vez los jefes priístas que no dan la cara sino que se escudan tras la denominación del partido insisten en señalar una pifia ciertamente cometida en uno de los juicios de inconformidad. Al tomar alegatos de un escrito priísta para demandar la anulación de los comicios en Sonora, un litigante apresurado o inexperto copió un párrafo completo evidenciado cuál era su fuente, sin decir que hacía una cita. Es un yerro formal inocuo, que explotan los priístas hidalguenses sin considerar que al evocar la actuación de su partido tras la derrota en Sonora, es decir acudir a los tribunales, se contradicen: lo que en el PRI es ejercer un derecho, en el caso de Xóchitl les parece únicamente “confrontación estéril”.

Al desahogarse los recursos de la oposición en Hidalgo quedará claro que el triunfo priísta hubiera sido imposible sin el ejercicio de métodos arcaicos y violentos, incluido el asalto a mano armada.

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