Miguel Ángel Granados Chapa
Un chisme palaciego de carácter zoológico asegura que un Cordero se ha metamorfoseado en delfín. Es decir, se rumora en los corrillos políticos y periodísticos que se alimentan de hablillas que brotan de Los Pinos o de la sede central panista, que el presidente Calderón ha resuelto prohijar la aspiración presidencial del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Pero quienes examinan los hechos trascendentes piensan que el delfinato ha recaído más bien en el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar. No sólo se le mantuvo indemne en su puesto después de que el dictamen de un ministro de la Suprema Corte lo tuvo como el responsable de la indebida subrogación de la guardería ABC de Hermosillo. Ahora se le ha confiado la misión de consumar favores a Televisa, tarea que el funcionario realiza con singular entusiasmo, como si con ellos canjeara un trato preferencial de ese consorcio que permita que no haya un solo candidato de la televisión, sino dos, el gobernador Peña Nieto y el propio Molinar.
Por lo pronto, independientemente de la actitud que en respuesta ofrezca el gigantesco negocio de la familia Azcárraga –que en 2005 dio la espalda a su benefactor Santiago Creel--, Molinar actúa de tal modo que pareciera necesario cambiar el significado de la sigla que identifica a su ministerio, para escribirlo de un modo que ilustre de qué se trata: SCTelevisa; así de entrañados aparecen hoy los intereses del consorcio en el Gobierno federal. La secretaría de Molinar ha llegado al extremo de desacatar mandamientos judiciales, con tal de servir prontamente al mayor negocio de la televisión en nuestro país.
Aunque se trata de un proceso desarrollado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y no directamente en la SCTelevisa y aunque ese órgano regulador es una dependencia de la secretaría, ésta consideró políticamente oportuno y útil responsabilizarse de las consecuencias judiciales de decisiones impugnadas ante los tribunales, quizá también para evitar la concentración del fuego político y legal de Monney de Swan, el pertinaz amigo de Molinar que ahora preside la Cofetel.
Se trata de las licitaciones 20 y 21 de las bandas de 1.7 y 1.9 megahercios (o megahertz, o MHZ), diseñadas para beneficiar directamente a Televisa, por sí sola, o en su asociación con Nextel. Desde que se conocieron las bases de tales licitaciones, y durante su curso, empresas participantes en el mercado de telecomunicaciones han iniciado unos sesenta procedimientos de impugnación. El más sobresaliente, porque proviene de otro consorcio de gran relevancia en este ámbito, es el promovido por Iusacell, perteneciente al Grupo Salinas, propietario de TV Azteca.
Esta empresa logró que el juzgado tercero de distrito con sede en Acapulco dictara el 5 de julio una medida cautelar cuyo efecto es impedir la entrega de los títulos de concesión de las licitaciones 20 y 21, de las que Iusacell quedó excluida. El juzgado federal pretendió notificar a la SCT a través de su centro en Acapulco, que recibió la documentación correspondiente, pero poco después la devolvió arguyendo que no es una oficina jurídica apta para ese propósito. La notificación, entonces, se entregó directamente en la unidad de asuntos jurídicos de Comunicaciones. Aunque sigue argumentando que no ha sido notificada, la secretaría dio muestra de que estaba al tanto de la resolución judicial porque inició un juicio de amparo contra la medida cautelar.
El viernes pasado le fue negada la suspensión definitiva, de modo que está vigente la disposición que impide entregar el título. El miércoles anterior, en claro desacato a la orden de la jueza tercera de distrito de Acapulco, Comunicaciones entregó a Telefónica, la empresa española presidida en México por el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el título de concesión correspondiente a la licitación 20, que estaba impedida de entregar. Y se dispone a hacer lo propio con el título ya asignado a Televisa-Nextel.
Con prepotencia, se diría que casi con bravuconería, la SCTelevisa emitió el lunes un desafiante comunicado de prensa en donde se declara que las licitaciones 20 y 21 “continúan, ya que no existe impedimento legal alguno para la entrega de las concesiones a los ganadores de dichos procesos, conducidos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones”. Más específicamente, aunque sin mencionar al promovente, Iusacell, la secretaría se refiere a “la determinación dictada en el juicio ordinario 174/2010 por la juez tercera de distrito en la ciudad de Acapulco, Guerrero”: “Es preciso aclarar que la medida cautelar no ha surtido efecto alguno en contra de la SCT ni de la Cofetel en virtud de que no ha sido legalmente notificada ni se ha reunido los requisitos del artículo 116 del código federal de procedimientos civiles. En cuanto sea legalmente notificada (sic) la SCT y Cofetel –como sucede en cualquier juicio—hará valer los medios de defensa que tiene a su alcance”.
En realidad ya comenzó a hacerlo, con el amparo solicitado al juez segundo de distrito del propio puerto acapulqueño. Para demandarlo la secretaría tuvo que darse por notificada, con lo cual cae su argumento de aún no lo ha sido. Por lo demás, los abogados de la SCTelevisa harán bien en revisar sus códigos, o acudir al sicoanálisis, pues el artículo citado se refiere a la prueba confesional y dice que “firmadas las declaraciones por los que las hubieran producido o en su defecto sólo por el tribunal, no podrán variarse ni en la sustancia ni en la redacción”.
Un chisme palaciego de carácter zoológico asegura que un Cordero se ha metamorfoseado en delfín. Es decir, se rumora en los corrillos políticos y periodísticos que se alimentan de hablillas que brotan de Los Pinos o de la sede central panista, que el presidente Calderón ha resuelto prohijar la aspiración presidencial del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Pero quienes examinan los hechos trascendentes piensan que el delfinato ha recaído más bien en el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar. No sólo se le mantuvo indemne en su puesto después de que el dictamen de un ministro de la Suprema Corte lo tuvo como el responsable de la indebida subrogación de la guardería ABC de Hermosillo. Ahora se le ha confiado la misión de consumar favores a Televisa, tarea que el funcionario realiza con singular entusiasmo, como si con ellos canjeara un trato preferencial de ese consorcio que permita que no haya un solo candidato de la televisión, sino dos, el gobernador Peña Nieto y el propio Molinar.
Por lo pronto, independientemente de la actitud que en respuesta ofrezca el gigantesco negocio de la familia Azcárraga –que en 2005 dio la espalda a su benefactor Santiago Creel--, Molinar actúa de tal modo que pareciera necesario cambiar el significado de la sigla que identifica a su ministerio, para escribirlo de un modo que ilustre de qué se trata: SCTelevisa; así de entrañados aparecen hoy los intereses del consorcio en el Gobierno federal. La secretaría de Molinar ha llegado al extremo de desacatar mandamientos judiciales, con tal de servir prontamente al mayor negocio de la televisión en nuestro país.
Aunque se trata de un proceso desarrollado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y no directamente en la SCTelevisa y aunque ese órgano regulador es una dependencia de la secretaría, ésta consideró políticamente oportuno y útil responsabilizarse de las consecuencias judiciales de decisiones impugnadas ante los tribunales, quizá también para evitar la concentración del fuego político y legal de Monney de Swan, el pertinaz amigo de Molinar que ahora preside la Cofetel.
Se trata de las licitaciones 20 y 21 de las bandas de 1.7 y 1.9 megahercios (o megahertz, o MHZ), diseñadas para beneficiar directamente a Televisa, por sí sola, o en su asociación con Nextel. Desde que se conocieron las bases de tales licitaciones, y durante su curso, empresas participantes en el mercado de telecomunicaciones han iniciado unos sesenta procedimientos de impugnación. El más sobresaliente, porque proviene de otro consorcio de gran relevancia en este ámbito, es el promovido por Iusacell, perteneciente al Grupo Salinas, propietario de TV Azteca.
Esta empresa logró que el juzgado tercero de distrito con sede en Acapulco dictara el 5 de julio una medida cautelar cuyo efecto es impedir la entrega de los títulos de concesión de las licitaciones 20 y 21, de las que Iusacell quedó excluida. El juzgado federal pretendió notificar a la SCT a través de su centro en Acapulco, que recibió la documentación correspondiente, pero poco después la devolvió arguyendo que no es una oficina jurídica apta para ese propósito. La notificación, entonces, se entregó directamente en la unidad de asuntos jurídicos de Comunicaciones. Aunque sigue argumentando que no ha sido notificada, la secretaría dio muestra de que estaba al tanto de la resolución judicial porque inició un juicio de amparo contra la medida cautelar.
El viernes pasado le fue negada la suspensión definitiva, de modo que está vigente la disposición que impide entregar el título. El miércoles anterior, en claro desacato a la orden de la jueza tercera de distrito de Acapulco, Comunicaciones entregó a Telefónica, la empresa española presidida en México por el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el título de concesión correspondiente a la licitación 20, que estaba impedida de entregar. Y se dispone a hacer lo propio con el título ya asignado a Televisa-Nextel.
Con prepotencia, se diría que casi con bravuconería, la SCTelevisa emitió el lunes un desafiante comunicado de prensa en donde se declara que las licitaciones 20 y 21 “continúan, ya que no existe impedimento legal alguno para la entrega de las concesiones a los ganadores de dichos procesos, conducidos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones”. Más específicamente, aunque sin mencionar al promovente, Iusacell, la secretaría se refiere a “la determinación dictada en el juicio ordinario 174/2010 por la juez tercera de distrito en la ciudad de Acapulco, Guerrero”: “Es preciso aclarar que la medida cautelar no ha surtido efecto alguno en contra de la SCT ni de la Cofetel en virtud de que no ha sido legalmente notificada ni se ha reunido los requisitos del artículo 116 del código federal de procedimientos civiles. En cuanto sea legalmente notificada (sic) la SCT y Cofetel –como sucede en cualquier juicio—hará valer los medios de defensa que tiene a su alcance”.
En realidad ya comenzó a hacerlo, con el amparo solicitado al juez segundo de distrito del propio puerto acapulqueño. Para demandarlo la secretaría tuvo que darse por notificada, con lo cual cae su argumento de aún no lo ha sido. Por lo demás, los abogados de la SCTelevisa harán bien en revisar sus códigos, o acudir al sicoanálisis, pues el artículo citado se refiere a la prueba confesional y dice que “firmadas las declaraciones por los que las hubieran producido o en su defecto sólo por el tribunal, no podrán variarse ni en la sustancia ni en la redacción”.
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