Por Opinión Invitada: José Alejandro González Garza
El pasado lunes 19 de julio, los vecinos de la Colonia Valle de las Brisas (de Monterrey) sufrieron aproximadamente 80 minutos de tiroteos en sus casas. La policía tardó mucho en llegar. No se sabe con exactitud cuánto demoraron, pero definitivamente fue más de lo que la sociedad en general consideró prudente tolerar dada la magnitud de los hechos violentos.
Todavía no se ha capturado a los responsables del tiroteo y, en cambio, ya están buscando fincar responsabilidad penal a los policías que desatendieron el llamado de auxilio de los vecinos para que acudieran al lugar.
Parece ser que están suspendidos mientras se inician averiguaciones administrativas y, en cuanto a las penales, este periódico publicó que las agravantes con las que pudieron ser juzgados los policías ausentes, en su caso, todavía no entraban en vigor.
Aparentemente, las normas contra balazos en la vía pública y daños a la propiedad ajena ya se encontraban vigentes cuando ocurrieron los hechos.
Lo cierto es que el Gobierno del Estado anunció que se haría cargo de los costos de reparación de las casas y los autos afectados en la balacera.
Este comportamiento repite lo ocurrido el año pasado, cuando sucedió algo similar en la Colonia Cumbres Oro de Monterrey, y el Estado de la misma manera se ofreció a reparar las casas afectadas por el tiroteo.
Por otro lado, el martes 20 de julio, el Gobierno federal emitió un decreto mediante el cual se obliga a otorgar una serie de beneficios económicos consistentes en becas para los menores que sean declarados lesionados como consecuencia del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; pensiones a las madres de los niños fallecidos y lesionados, así como seguro médico para los padres y un subsidio en el recibo por consumo de energía eléctrica que genere el domicilio donde residan los infantes lesionados por dicho incendio.
Por la tarde de ese mismo día, Felipe Calderón se reunió en Hermosillo con los padres de los niños de dicha guardería. Varios salieron molestos de la reunión porque, en su opinión, el Gobierno les quería cambiar la aplicación de la justicia que ellos buscan por becas, o como en algún momento lo llegó a expresar alguno de los padres afectados: "El IMSS pretende pagarnos a nuestros hijos en mensualidades".
No pudo cuidar a los niños bajo su cuidado ni castigar a los culpables y ahora busca acallar el reclamo popular "reparando el daño".
Lo mismo se podría decir que está ocurriendo a nivel local. El Gobierno pretende satisfacer las demandas de seguridad de la ciudadanía pagando a posteriori por los daños causados ante la impotencia de prevenirlos o bien de castigar a los responsables.
Estamos mal. Muy mal.
Al rato van a querer pasar una iniciativa en el Congreso con una suerte de tabulador para los daños. Imagino que podría ser algo así muy técnico que cuantifique el daño que causan las balas dependiendo el grueso del calibre, el diámetro del agujero, así como si terminaron haciendo hoyos en el concreto de una casa, el aluminio de un carro o la piel de una persona.
Claro que el Ejecutivo tendría la facultad de emitir el reglamento respectivo que contendría todos los requisitos para poder hacer la reclamación: a) Que la balacera dure más de 30 minutos sin ser atendida por algún cuerpo de seguridad federal, estatal o municipal. b) Que la misma sea en una colonia de clase media o superior. c) Que haya sido captada por los medios de comunicación en vivo o en su defecto algún vecino valiente haya tomado fotos o video que después difundió por internet. d) Que los interesados la hayan reportado inmediatamente a la policía y ratificado la denuncia por escrito. e) Estar al corriente en el pago de todos sus impuestos y no tener multas de tránsito o recibos de agua y luz pendientes de pago; etc.
La intención sería buena, pero su aplicación, como tantas otras leyes bien intencionadas antes que ésta, sería algo irregular y posiblemente se tornaría caprichosa, según la necesidad política de la autoridad.
Comete un grave yerro la autoridad si sigue así. Bien por los vecinos que van a recibir el apoyo, lo mismo que los padres de la guardería, pero no es ésa la función del Gobierno.
Una república democrática no merece un tlatoani que dispense dádivas y graciosas consideraciones a sus súbditos; particularmente cuando son la consecuencia del reclamo popular ante la impotencia y la impunidad.
No, nuestra república requiere un Estado de derecho que proteja la vida y el patrimonio de sus ciudadanos, fomente su desarrollo y castigue a los culpables. Nada más.
El autor es abogado por el Tec de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
El pasado lunes 19 de julio, los vecinos de la Colonia Valle de las Brisas (de Monterrey) sufrieron aproximadamente 80 minutos de tiroteos en sus casas. La policía tardó mucho en llegar. No se sabe con exactitud cuánto demoraron, pero definitivamente fue más de lo que la sociedad en general consideró prudente tolerar dada la magnitud de los hechos violentos.
Todavía no se ha capturado a los responsables del tiroteo y, en cambio, ya están buscando fincar responsabilidad penal a los policías que desatendieron el llamado de auxilio de los vecinos para que acudieran al lugar.
Parece ser que están suspendidos mientras se inician averiguaciones administrativas y, en cuanto a las penales, este periódico publicó que las agravantes con las que pudieron ser juzgados los policías ausentes, en su caso, todavía no entraban en vigor.
Aparentemente, las normas contra balazos en la vía pública y daños a la propiedad ajena ya se encontraban vigentes cuando ocurrieron los hechos.
Lo cierto es que el Gobierno del Estado anunció que se haría cargo de los costos de reparación de las casas y los autos afectados en la balacera.
Este comportamiento repite lo ocurrido el año pasado, cuando sucedió algo similar en la Colonia Cumbres Oro de Monterrey, y el Estado de la misma manera se ofreció a reparar las casas afectadas por el tiroteo.
Por otro lado, el martes 20 de julio, el Gobierno federal emitió un decreto mediante el cual se obliga a otorgar una serie de beneficios económicos consistentes en becas para los menores que sean declarados lesionados como consecuencia del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; pensiones a las madres de los niños fallecidos y lesionados, así como seguro médico para los padres y un subsidio en el recibo por consumo de energía eléctrica que genere el domicilio donde residan los infantes lesionados por dicho incendio.
Por la tarde de ese mismo día, Felipe Calderón se reunió en Hermosillo con los padres de los niños de dicha guardería. Varios salieron molestos de la reunión porque, en su opinión, el Gobierno les quería cambiar la aplicación de la justicia que ellos buscan por becas, o como en algún momento lo llegó a expresar alguno de los padres afectados: "El IMSS pretende pagarnos a nuestros hijos en mensualidades".
No pudo cuidar a los niños bajo su cuidado ni castigar a los culpables y ahora busca acallar el reclamo popular "reparando el daño".
Lo mismo se podría decir que está ocurriendo a nivel local. El Gobierno pretende satisfacer las demandas de seguridad de la ciudadanía pagando a posteriori por los daños causados ante la impotencia de prevenirlos o bien de castigar a los responsables.
Estamos mal. Muy mal.
Al rato van a querer pasar una iniciativa en el Congreso con una suerte de tabulador para los daños. Imagino que podría ser algo así muy técnico que cuantifique el daño que causan las balas dependiendo el grueso del calibre, el diámetro del agujero, así como si terminaron haciendo hoyos en el concreto de una casa, el aluminio de un carro o la piel de una persona.
Claro que el Ejecutivo tendría la facultad de emitir el reglamento respectivo que contendría todos los requisitos para poder hacer la reclamación: a) Que la balacera dure más de 30 minutos sin ser atendida por algún cuerpo de seguridad federal, estatal o municipal. b) Que la misma sea en una colonia de clase media o superior. c) Que haya sido captada por los medios de comunicación en vivo o en su defecto algún vecino valiente haya tomado fotos o video que después difundió por internet. d) Que los interesados la hayan reportado inmediatamente a la policía y ratificado la denuncia por escrito. e) Estar al corriente en el pago de todos sus impuestos y no tener multas de tránsito o recibos de agua y luz pendientes de pago; etc.
La intención sería buena, pero su aplicación, como tantas otras leyes bien intencionadas antes que ésta, sería algo irregular y posiblemente se tornaría caprichosa, según la necesidad política de la autoridad.
Comete un grave yerro la autoridad si sigue así. Bien por los vecinos que van a recibir el apoyo, lo mismo que los padres de la guardería, pero no es ésa la función del Gobierno.
Una república democrática no merece un tlatoani que dispense dádivas y graciosas consideraciones a sus súbditos; particularmente cuando son la consecuencia del reclamo popular ante la impotencia y la impunidad.
No, nuestra república requiere un Estado de derecho que proteja la vida y el patrimonio de sus ciudadanos, fomente su desarrollo y castigue a los culpables. Nada más.
El autor es abogado por el Tec de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
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