Eduardo Ibarra Aguirre
Uno de los funcionarios mejor pagados del país, Agustín Carstens Carstens –por supuesto que después de los ministros de la Suprema Corte–, requirió de tres meses para la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la del Banco de México.
Con la parsimonia característica del afamado Doctor catarrito –por sus indolentes previsiones frente a los efectos de la crisis económica y financiera global–, el BM resolvió prohibir y limitar a los bancos y otros intermediarios financieros el cobro de comisiones en diversos servicios.
Las encontradas reacciones frente a las regulaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 26, dan cuenta de los intereses trasnacionales en juego y los compromisos de los actores políticos. Intereses que hacen comprensible que la corpulencia del funcionario no fuera suficiente para evitar que le temblaran las manos –mucho menos que a este escribidor– a la hora de definir el alcance de las medidas.
Para darnos idea de la magnitud del negocio de las comisiones bancarias, éstas representaron 84 por ciento de las utilidades de la banca comercial, es decir: 270 mil 548 millones de pesos entre enero de 2007 y mayo de 2010. Los datos no fueron vertidos el domingo pasado por ninguno de los 36 oradores en el pletórico Zócalo capitalino y calles aledañas, sino corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sólo de enero a mayo de 2010, los bancos obtuvieron 32 mil 268 millones de pesos a través del cobro de las comisiones, mientras las ganancias netas ascendieron a 31 mil 813 millones de pesos, lo que significa que las primeras representaron 98.6 por ciento de las utilidades.
Durante el gobierno de la entonces autodenominada pareja presidencial, las utilidades provenientes del cobro de comisiones representaron 73 por ciento y en menos de cuatro años del gobierno Para vivir mejor, significan 84 por ciento. Recientemente, el titular del Ejecutivo federal festinó en Madrid y ante los socios y directivos de Santander que en México obtiene la mayor parte de sus ganancias.
Bajo los principios de “buscar el justo equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y la preservación de los márgenes de beneficio competitivo”, de “que no hay servicio más oneroso para el público que el que deja de prestarse” y de que las “comisiones sean para el público claras y transparentes”, ahora se permitirá “que las comisiones se apliquen exclusivamente por servicios y operaciones efectivamente realizados”. Sí, leyó usted bien, la banca trasnacional cobraba por servicios que no brindaba, como consta a los bolsillos de los 41 millones de usuarios, y las costosas autoridades de Banxico toman cartas sobre el asalto a la luz del día hasta julio de 2010.
Mas la perspectiva de la Asociación de Bancos de México es opuesta: las comisiones a partir de 2004 se han reducido constantemente, y en el caso de los servicios asociados a cuentas de depósito se redujeron 36.5 por ciento. Por supuesto que defienden hasta con las uñas las aún demasiado elevadas comisiones, comparadas con los estándares internacionales, porque “son el instrumento más eficiente para asegurar mejores condiciones al consumidor y para generar una bancarización más profunda en beneficios de las familias y empresas mexicanas”.
Como bien apuntó Ernesto O’Farril Santoscoy, presidente de la consultora Bursamétrica, la derrama crediticia es muy pequeña considerando el tamaño de la economía. Y lo básico es “que el banco central debe idear, actuar y crear incentivos para que el no prestar sea costoso para las instituciones financieras”.
De lo contrario, la banca trasnacional seguirá succionando a los usuarios con altísimas comisiones e incumpliendo su función básica.
Uno de los funcionarios mejor pagados del país, Agustín Carstens Carstens –por supuesto que después de los ministros de la Suprema Corte–, requirió de tres meses para la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la del Banco de México.
Con la parsimonia característica del afamado Doctor catarrito –por sus indolentes previsiones frente a los efectos de la crisis económica y financiera global–, el BM resolvió prohibir y limitar a los bancos y otros intermediarios financieros el cobro de comisiones en diversos servicios.
Las encontradas reacciones frente a las regulaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 26, dan cuenta de los intereses trasnacionales en juego y los compromisos de los actores políticos. Intereses que hacen comprensible que la corpulencia del funcionario no fuera suficiente para evitar que le temblaran las manos –mucho menos que a este escribidor– a la hora de definir el alcance de las medidas.
Para darnos idea de la magnitud del negocio de las comisiones bancarias, éstas representaron 84 por ciento de las utilidades de la banca comercial, es decir: 270 mil 548 millones de pesos entre enero de 2007 y mayo de 2010. Los datos no fueron vertidos el domingo pasado por ninguno de los 36 oradores en el pletórico Zócalo capitalino y calles aledañas, sino corresponden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Sólo de enero a mayo de 2010, los bancos obtuvieron 32 mil 268 millones de pesos a través del cobro de las comisiones, mientras las ganancias netas ascendieron a 31 mil 813 millones de pesos, lo que significa que las primeras representaron 98.6 por ciento de las utilidades.
Durante el gobierno de la entonces autodenominada pareja presidencial, las utilidades provenientes del cobro de comisiones representaron 73 por ciento y en menos de cuatro años del gobierno Para vivir mejor, significan 84 por ciento. Recientemente, el titular del Ejecutivo federal festinó en Madrid y ante los socios y directivos de Santander que en México obtiene la mayor parte de sus ganancias.
Bajo los principios de “buscar el justo equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y la preservación de los márgenes de beneficio competitivo”, de “que no hay servicio más oneroso para el público que el que deja de prestarse” y de que las “comisiones sean para el público claras y transparentes”, ahora se permitirá “que las comisiones se apliquen exclusivamente por servicios y operaciones efectivamente realizados”. Sí, leyó usted bien, la banca trasnacional cobraba por servicios que no brindaba, como consta a los bolsillos de los 41 millones de usuarios, y las costosas autoridades de Banxico toman cartas sobre el asalto a la luz del día hasta julio de 2010.
Mas la perspectiva de la Asociación de Bancos de México es opuesta: las comisiones a partir de 2004 se han reducido constantemente, y en el caso de los servicios asociados a cuentas de depósito se redujeron 36.5 por ciento. Por supuesto que defienden hasta con las uñas las aún demasiado elevadas comisiones, comparadas con los estándares internacionales, porque “son el instrumento más eficiente para asegurar mejores condiciones al consumidor y para generar una bancarización más profunda en beneficios de las familias y empresas mexicanas”.
Como bien apuntó Ernesto O’Farril Santoscoy, presidente de la consultora Bursamétrica, la derrama crediticia es muy pequeña considerando el tamaño de la economía. Y lo básico es “que el banco central debe idear, actuar y crear incentivos para que el no prestar sea costoso para las instituciones financieras”.
De lo contrario, la banca trasnacional seguirá succionando a los usuarios con altísimas comisiones e incumpliendo su función básica.
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