Miguel Ángel Granados Chapa
Como se empeña en recordarlo, el PRI fue el factor que hizo posible la protesta de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006. Si sus bancadas se hubieran ausentado de la sesión de Congreso general no habría comenzado, con todo y apresuramiento, la administración del candidato declarado presidente electo por el tribunal correspondiente. Ese gesto del partido desbancado de la Presidencia seis años atrás signó un pacto de colaboración, o echó al gobierno en manos del PRI, según se le quiera ver. El lazo resultante se anudó en varias oportunidades, siempre con ventaja para el tricolor.
El buen entendimiento y aun contubernio, según los críticos de esa unión, entre el gobierno y su partido, y el que de modo incontrastable dominó la escena política durante las décadas anteriores, tuvo su principal expresión en un documento para la historia, el compromiso firmado el 30 de octubre de 2009, en Gobernación, entre cuatro protagonistas de la escena electoral (uno de ellos por interpósita persona). En ese insólito papel, el PAN abdicó de su libertad electoral y se comprometió a no formar alianza alguna para el proceso electoral local del estado de México, a celebrarse en 2011. La consecuencia de ese compromiso era allanar al gobernador de esa entidad, Enrique Peña Nieto, el camino para que su candidato se convirtiera inexorablemente en su sucesor y de ese modo, con el aire triunfal de quien domina su entidad, ser candidato presidencial de su partido, el que recuperará Los Pinos para el PRI. La calidad de los firmantes no dejaba duda de la seriedad del acuerdo y la longitud de sus alcances: Beatriz Paredes y César Nava, presidentes de los partidos comprometidos, con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno de Peña Nieto (en obvia representación de éste) como testigos. Era, ni más ni menos, que un acta matrimonial. La dote, no expresada en el documento, era la aprobación de la legislación fiscal para el año del Bicentenario y el Centenario. El PRI no cumplió su parte —pues rehusó aprobar el impuesto de 2 por ciento para el combate a la pobreza— pero presentó una alternativa que satisfizo al Gobierno, el incremento de uno por ciento en el Impuesto al Valor Agregado. Entre octubre y enero, sin embargo, el parecer presidencial, que había impulsado la alianza del PAN con el PRI, mudó 180 grados y se encaminó a patrocinar la firma de alianzas con el PRD (y partidos que lo acompañan) con miras a las elecciones de este año.
El PRI reaccionó airado. Descalificó políticamente las alianzas (aunque él las practicara) considerándolas uniones contra natura (como la suya con el Panal) y con cierto cinismo las consideró inequitativas, como si las coaliciones de los partidos opositores equivalieran a “echarle montón”. Arrastró en su irritación al principal firmante del compromiso de Bucareli, que renunció a seguir militando en el PAN. El agravio en contra del tricolor creció en la medida en que se consumaron las alianzas, especialmente en entidades donde la lucha contra malos gobiernos pone en jaque la continuidad del dominio priísta. Para colmo, buena parte de las coaliciones se concretó en torno a priístas que, no siendo postulados por su partido, en el último minuto se pasaron a las filas antagónicas.
No estaba colmada la copa de las ofensas al PRI, al menos desde su propio mirador. De pronto aparecieron grabaciones de telefonemas, no pocos ni triviales, en que los gobernadores priístas de Veracruz y Oaxaca se retratan a sí mismos. Las huestes priístas se alebrestaron aun más, y no vacilaron en atribuir el espionaje telefónico a las agencias del Estado, y aun a la Presidencia de la República.
En esas condiciones de tensión creciente entre el PRI y el Gobierno y su partido, se produjo el asesinato de Rodolfo Torre Cantú. Si había un estado donde el PRI obtendría un triunfo holgado, donde ni siquiera pudieron configurarse alianzas en su contra, esa entidad era Tamaulipas. Allí, y quizá solamente allí, iba a haber fiesta el 4 de julio, pues se presumía abrumadora la diferencia entre el número de votos que recibiría el aspirante priísta y los correspondientes al senador panista Julián Sacramento. Mas he aquí que, además de todo, quedó frustrado el jolgorio dominical.
Quizá esta suma, sin duda incompleta, de estos agravios explica el tono áspero y aun agresivo del discurso con que la presidenta nacional priista recibió el oportunista o candoroso, o ambas cosas a la vez, llamado presidencial al diálogo hacia la unidad, para presentar un frente recio a las acechanzas de la delincuencia organizada. Siguiendo el ejemplo de Beatriz Paredes, otras voces, como la de César Augusto Santiago, esa extraña suerte de dinosaurio modernizado, fueron aun más lejos. Y aun el fofo Enrique Peña Nieto descalificó el intento presidencial preguntando por qué hasta ahora, como si no fuera evidente cuál era la motivación.
El PRI reculará, sin duda. Lo forzará a hacerlo el conjunto de tomas de posición a favor de atender el llamado presidencial. Cuando ya no digamos los empresarios, proclives al gobierno panista, sino hasta Andrés Manuel López Obrador (quien ha dicho que por encima de todo está México), el PRI no se permitirá aislarse, aun si pasado mañana emerge como el gran triunfador electoral. Precisamente esa posición hará que se valore más la aquiescencia que finalmente expresará a los planes presidenciales, de los que el antiguo partido dominante será padrino.
Cajón de sastre
Inquinosa, cruel, la Secretaría de Seguridad Pública demoró 24 horas en hacer saber el motivo por el cual no salieron del penal de alta seguridad del Altiplano Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, a los que la Suprema Corte ordenó liberar inmediatamente por hallar infracciones al debido proceso que se les instauró y sentenció por secuestro equiparado. La autoridad carcelaria, que indebidamente es al mismo tiempo autoridad policiaca, tenía bajo la manga la información de que los beneficiarios de la sentencia de amparo del máximo tribunal tienen abiertas tres causas penales más del fuero común y una del fuero federal, que han permanecido larvadas en algún escritorio en espera precisamente de este momento, para agriar la fiesta por la liberación de quienes finalmente abandonaron la cárcel.
Como se empeña en recordarlo, el PRI fue el factor que hizo posible la protesta de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006. Si sus bancadas se hubieran ausentado de la sesión de Congreso general no habría comenzado, con todo y apresuramiento, la administración del candidato declarado presidente electo por el tribunal correspondiente. Ese gesto del partido desbancado de la Presidencia seis años atrás signó un pacto de colaboración, o echó al gobierno en manos del PRI, según se le quiera ver. El lazo resultante se anudó en varias oportunidades, siempre con ventaja para el tricolor.
El buen entendimiento y aun contubernio, según los críticos de esa unión, entre el gobierno y su partido, y el que de modo incontrastable dominó la escena política durante las décadas anteriores, tuvo su principal expresión en un documento para la historia, el compromiso firmado el 30 de octubre de 2009, en Gobernación, entre cuatro protagonistas de la escena electoral (uno de ellos por interpósita persona). En ese insólito papel, el PAN abdicó de su libertad electoral y se comprometió a no formar alianza alguna para el proceso electoral local del estado de México, a celebrarse en 2011. La consecuencia de ese compromiso era allanar al gobernador de esa entidad, Enrique Peña Nieto, el camino para que su candidato se convirtiera inexorablemente en su sucesor y de ese modo, con el aire triunfal de quien domina su entidad, ser candidato presidencial de su partido, el que recuperará Los Pinos para el PRI. La calidad de los firmantes no dejaba duda de la seriedad del acuerdo y la longitud de sus alcances: Beatriz Paredes y César Nava, presidentes de los partidos comprometidos, con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno de Peña Nieto (en obvia representación de éste) como testigos. Era, ni más ni menos, que un acta matrimonial. La dote, no expresada en el documento, era la aprobación de la legislación fiscal para el año del Bicentenario y el Centenario. El PRI no cumplió su parte —pues rehusó aprobar el impuesto de 2 por ciento para el combate a la pobreza— pero presentó una alternativa que satisfizo al Gobierno, el incremento de uno por ciento en el Impuesto al Valor Agregado. Entre octubre y enero, sin embargo, el parecer presidencial, que había impulsado la alianza del PAN con el PRI, mudó 180 grados y se encaminó a patrocinar la firma de alianzas con el PRD (y partidos que lo acompañan) con miras a las elecciones de este año.
El PRI reaccionó airado. Descalificó políticamente las alianzas (aunque él las practicara) considerándolas uniones contra natura (como la suya con el Panal) y con cierto cinismo las consideró inequitativas, como si las coaliciones de los partidos opositores equivalieran a “echarle montón”. Arrastró en su irritación al principal firmante del compromiso de Bucareli, que renunció a seguir militando en el PAN. El agravio en contra del tricolor creció en la medida en que se consumaron las alianzas, especialmente en entidades donde la lucha contra malos gobiernos pone en jaque la continuidad del dominio priísta. Para colmo, buena parte de las coaliciones se concretó en torno a priístas que, no siendo postulados por su partido, en el último minuto se pasaron a las filas antagónicas.
No estaba colmada la copa de las ofensas al PRI, al menos desde su propio mirador. De pronto aparecieron grabaciones de telefonemas, no pocos ni triviales, en que los gobernadores priístas de Veracruz y Oaxaca se retratan a sí mismos. Las huestes priístas se alebrestaron aun más, y no vacilaron en atribuir el espionaje telefónico a las agencias del Estado, y aun a la Presidencia de la República.
En esas condiciones de tensión creciente entre el PRI y el Gobierno y su partido, se produjo el asesinato de Rodolfo Torre Cantú. Si había un estado donde el PRI obtendría un triunfo holgado, donde ni siquiera pudieron configurarse alianzas en su contra, esa entidad era Tamaulipas. Allí, y quizá solamente allí, iba a haber fiesta el 4 de julio, pues se presumía abrumadora la diferencia entre el número de votos que recibiría el aspirante priísta y los correspondientes al senador panista Julián Sacramento. Mas he aquí que, además de todo, quedó frustrado el jolgorio dominical.
Quizá esta suma, sin duda incompleta, de estos agravios explica el tono áspero y aun agresivo del discurso con que la presidenta nacional priista recibió el oportunista o candoroso, o ambas cosas a la vez, llamado presidencial al diálogo hacia la unidad, para presentar un frente recio a las acechanzas de la delincuencia organizada. Siguiendo el ejemplo de Beatriz Paredes, otras voces, como la de César Augusto Santiago, esa extraña suerte de dinosaurio modernizado, fueron aun más lejos. Y aun el fofo Enrique Peña Nieto descalificó el intento presidencial preguntando por qué hasta ahora, como si no fuera evidente cuál era la motivación.
El PRI reculará, sin duda. Lo forzará a hacerlo el conjunto de tomas de posición a favor de atender el llamado presidencial. Cuando ya no digamos los empresarios, proclives al gobierno panista, sino hasta Andrés Manuel López Obrador (quien ha dicho que por encima de todo está México), el PRI no se permitirá aislarse, aun si pasado mañana emerge como el gran triunfador electoral. Precisamente esa posición hará que se valore más la aquiescencia que finalmente expresará a los planes presidenciales, de los que el antiguo partido dominante será padrino.
Cajón de sastre
Inquinosa, cruel, la Secretaría de Seguridad Pública demoró 24 horas en hacer saber el motivo por el cual no salieron del penal de alta seguridad del Altiplano Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, a los que la Suprema Corte ordenó liberar inmediatamente por hallar infracciones al debido proceso que se les instauró y sentenció por secuestro equiparado. La autoridad carcelaria, que indebidamente es al mismo tiempo autoridad policiaca, tenía bajo la manga la información de que los beneficiarios de la sentencia de amparo del máximo tribunal tienen abiertas tres causas penales más del fuero común y una del fuero federal, que han permanecido larvadas en algún escritorio en espera precisamente de este momento, para agriar la fiesta por la liberación de quienes finalmente abandonaron la cárcel.
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