Josefina Quintero, Agustín Salgado y Alejandro Cruz / La Jornada
Por segundo día consecutivo el gobierno capitalino no pudo empezar los trabajos de demolición de las viviendas expropiadas en la colonia La Malinche, de la delegación Magdalena Contreras, por donde cruzará la supervía poniente.
Los vecinos alertaron sobre una nueva estrategia de las autoridades para "despojarlos" de su patrimonio: la compra de predios posterior a los trabajos de demolición, con el fin de pagarlos a un precio muy por debajo del valor real de los inmuebles.
Ayer, el gobierno capitalino envió al coordinador general de proyectos estratégicos, Jesús Lucatero, a "dialogar" con los colonos. Sin documentos que avalaran sus dichos, pero con el argumento de que los "únicos afectados" por la supervía son los dueños de los predios expropiados, Lucatero escuchó durante una hora los reclamos de los habitantes de La Malinche.
Una de las interpelaciones que el servidor público evadió responder fue que las autoridades se dedicaron a "dividir a la comunidad" y "destruir el tejido social".
Señalaron que las primeras labores de derribo en la zona ya dañaron las tuberías de agua potable. En la calle Malinche, justo frente a la casa que ocupaba Sergio Silva, el pasado viernes, al colocar la malla metálica para delimitar la zona expropiada, los trabajadores rompieron un tubo y provocaron una fuga, la cual continuaba ayer.
En la casa marcada con el número 14 de la calle Andador Durazno, donde vive la familia Santiago, los trabajos de demolición provocaron que cayeran muebles y espejos empotrados en las paredes. La vivienda, donde habitan dos familias, está entre inmuebles expropiados. Maribel Santiago comentó que intentarán resistir, pero su temor es que la casa se dañe aún más y el gobierno no quiera pagar su valor real.
Los colonos comentaron que el director de asuntos metropolitanos del GDF, Héctor Hernández Llamas, estuvo con vecinos, quienes expusieron la situación de sus hogares. El funcionario recomendó que se fueran o vendieran; "claro que el pago será según el estado del inmueble y no será igual que el caso de los expropiados", advirtió.
Antes del arribo de Lucatero, unos 20 jóvenes, también habitantes de La Malinche, se congregaron en una vivienda derrumbada parcialmente en la calle Mariposas. Equipados con cascos y marros intentaron demoler por completo los muros, pero sus vecinos lo impidieron. Hubo un enfrentamiento verbal al reclamarse mutuamente la postura asumida con respecto a la construcción de la supervía.
Por su parte, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, informó que ya se emitieron medidas precautorias y que las denuncias de los vecinos se refieren a presuntos actos de hostigamiento y amenazas de las autoridades, por lo que pidió al gobierno tener "sensibilidad para comprender la dinámica social" de la oposición a esa vialidad.
Por segundo día consecutivo el gobierno capitalino no pudo empezar los trabajos de demolición de las viviendas expropiadas en la colonia La Malinche, de la delegación Magdalena Contreras, por donde cruzará la supervía poniente.
Los vecinos alertaron sobre una nueva estrategia de las autoridades para "despojarlos" de su patrimonio: la compra de predios posterior a los trabajos de demolición, con el fin de pagarlos a un precio muy por debajo del valor real de los inmuebles.
Ayer, el gobierno capitalino envió al coordinador general de proyectos estratégicos, Jesús Lucatero, a "dialogar" con los colonos. Sin documentos que avalaran sus dichos, pero con el argumento de que los "únicos afectados" por la supervía son los dueños de los predios expropiados, Lucatero escuchó durante una hora los reclamos de los habitantes de La Malinche.
Una de las interpelaciones que el servidor público evadió responder fue que las autoridades se dedicaron a "dividir a la comunidad" y "destruir el tejido social".
Señalaron que las primeras labores de derribo en la zona ya dañaron las tuberías de agua potable. En la calle Malinche, justo frente a la casa que ocupaba Sergio Silva, el pasado viernes, al colocar la malla metálica para delimitar la zona expropiada, los trabajadores rompieron un tubo y provocaron una fuga, la cual continuaba ayer.
En la casa marcada con el número 14 de la calle Andador Durazno, donde vive la familia Santiago, los trabajos de demolición provocaron que cayeran muebles y espejos empotrados en las paredes. La vivienda, donde habitan dos familias, está entre inmuebles expropiados. Maribel Santiago comentó que intentarán resistir, pero su temor es que la casa se dañe aún más y el gobierno no quiera pagar su valor real.
Los colonos comentaron que el director de asuntos metropolitanos del GDF, Héctor Hernández Llamas, estuvo con vecinos, quienes expusieron la situación de sus hogares. El funcionario recomendó que se fueran o vendieran; "claro que el pago será según el estado del inmueble y no será igual que el caso de los expropiados", advirtió.
Antes del arribo de Lucatero, unos 20 jóvenes, también habitantes de La Malinche, se congregaron en una vivienda derrumbada parcialmente en la calle Mariposas. Equipados con cascos y marros intentaron demoler por completo los muros, pero sus vecinos lo impidieron. Hubo un enfrentamiento verbal al reclamarse mutuamente la postura asumida con respecto a la construcción de la supervía.
Por su parte, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, informó que ya se emitieron medidas precautorias y que las denuncias de los vecinos se refieren a presuntos actos de hostigamiento y amenazas de las autoridades, por lo que pidió al gobierno tener "sensibilidad para comprender la dinámica social" de la oposición a esa vialidad.
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