Diario de campo / Luis Miguel Rionda
Aparte de las monografías históricas municipales que está editando la Comisión Estatal del Bicentenario en Guanajuato -y que continuaré reseñando en las siguientes entregas- ha llegado a mis manos, gracias a la cortesía de esa comisión, una monografía histórica diferente: se trata del libro "El poder judicial en Guanajuato. Monografía Histórica", que recién ha sido publicado como parte de la colección "Diversidad".
El texto es de la autoría de la historiadora Eva Piñón Medina, a excepción del último capítulo, ya que éste fue agregado por el área de comunicación social del Poder Judicial para actualizar la información al año de la publicación. Esto fue debido a que el texto original reposó en los archivos de ese poder desde que en 1996 la autora lo entregó para su posible publicación.
El libro ya fue presentado formalmente por la Comisión del Bicentenario y el Poder Judicial el 6 de mayo pasado; entonces la magistrada presidente del Supremo Tribunal, Raquel Barajas Monjarás, declaró que las instituciones tienen el deber "de recuperar su memoria histórica y difundirla para preparar a las nuevas generaciones. Sólo oteando al pretérito es posible diseñar el futuro". La magistrada no podría tener más razón, y me alegra que el texto haya sido rescatado del olvido. Sólo unos pocos sabíamos de su existencia; sobre todo los profesores que asesoramos a la autora y a su compañera original de aventura Juana Beatriz Gutiérrez, cuando emprendieron este trabajo en 1992 desde la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato.
Hasta hace poco el Poder Judicial en la entidad, incluso en el país, fue un órgano históricamente dependiente del Ejecutivo. En la realidad -que no en la formalidad- el gobernador quitaba y ponía magistrados, así como al presidente del Supremo Tribunal. Todavía hace no mucho tiempo se incluía en el informe del Gobernador de la entidad un capítulo que correspondía no sólo a la procuración, sino a la administración de justicia. Y la subordinación no se limitó a los gobiernos priístas; recuerdo que en tiempos del gobernador Carlos Medina el magistrado presidente del Supremo Tribunal acudía a eventos públicos con la representación personal del ejecutivo. Por su parte Vicente Fox se inauguró como gobernador pidiéndole la renuncia a toda la magistratura, a fin de impulsar una reforma judicial. Sólo un magistrado se negó a colaborar en tal violación de la autonomía de ese poder.
La memoria histórica no debe desconocer las realidades que no quedan registradas en los documentos formales. En ese sentido, yo habría sugerido a la autora que también rescatase el lado oscuro de la historia, los tropiezos y dificultades que ha padecido ese digno poder público para cumplir con su misión. Todos sabemos que la administración de justicia todavía padece rezagos importantes, muchos de ellos vinculados con el uso político que se hace de las nominaciones de los magistrados. Son aún consideradas como posiciones a negociarse con fines partidistas. Y hay que sumar la falta de independencia presupuestal. Eso también debería registrarse en la historiografía política de la entidad.
Aparte de las monografías históricas municipales que está editando la Comisión Estatal del Bicentenario en Guanajuato -y que continuaré reseñando en las siguientes entregas- ha llegado a mis manos, gracias a la cortesía de esa comisión, una monografía histórica diferente: se trata del libro "El poder judicial en Guanajuato. Monografía Histórica", que recién ha sido publicado como parte de la colección "Diversidad".
El texto es de la autoría de la historiadora Eva Piñón Medina, a excepción del último capítulo, ya que éste fue agregado por el área de comunicación social del Poder Judicial para actualizar la información al año de la publicación. Esto fue debido a que el texto original reposó en los archivos de ese poder desde que en 1996 la autora lo entregó para su posible publicación.
El libro ya fue presentado formalmente por la Comisión del Bicentenario y el Poder Judicial el 6 de mayo pasado; entonces la magistrada presidente del Supremo Tribunal, Raquel Barajas Monjarás, declaró que las instituciones tienen el deber "de recuperar su memoria histórica y difundirla para preparar a las nuevas generaciones. Sólo oteando al pretérito es posible diseñar el futuro". La magistrada no podría tener más razón, y me alegra que el texto haya sido rescatado del olvido. Sólo unos pocos sabíamos de su existencia; sobre todo los profesores que asesoramos a la autora y a su compañera original de aventura Juana Beatriz Gutiérrez, cuando emprendieron este trabajo en 1992 desde la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato.
Hasta hace poco el Poder Judicial en la entidad, incluso en el país, fue un órgano históricamente dependiente del Ejecutivo. En la realidad -que no en la formalidad- el gobernador quitaba y ponía magistrados, así como al presidente del Supremo Tribunal. Todavía hace no mucho tiempo se incluía en el informe del Gobernador de la entidad un capítulo que correspondía no sólo a la procuración, sino a la administración de justicia. Y la subordinación no se limitó a los gobiernos priístas; recuerdo que en tiempos del gobernador Carlos Medina el magistrado presidente del Supremo Tribunal acudía a eventos públicos con la representación personal del ejecutivo. Por su parte Vicente Fox se inauguró como gobernador pidiéndole la renuncia a toda la magistratura, a fin de impulsar una reforma judicial. Sólo un magistrado se negó a colaborar en tal violación de la autonomía de ese poder.
La memoria histórica no debe desconocer las realidades que no quedan registradas en los documentos formales. En ese sentido, yo habría sugerido a la autora que también rescatase el lado oscuro de la historia, los tropiezos y dificultades que ha padecido ese digno poder público para cumplir con su misión. Todos sabemos que la administración de justicia todavía padece rezagos importantes, muchos de ellos vinculados con el uso político que se hace de las nominaciones de los magistrados. Son aún consideradas como posiciones a negociarse con fines partidistas. Y hay que sumar la falta de independencia presupuestal. Eso también debería registrarse en la historiografía política de la entidad.
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