Patricia Dávila / Apro
Integrantes del Movimiento Ciudadano 5 de Junio, integrado por padres de los 49 bebés que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo Sonora, abandonaron la reunión privada que sostuvieron hoy con el presidente Felipe Calderón, molestos porque el mandatario se niega a cumplir sus demandas de justicia.
La señora Patricia Duarte, madre de uno de los bebés fallecidos, lamentó que “para Calderón la justicia signifique dinero”, ya que las familias que perdieron a sus bebés el 5 de junio del 2009 exigen que sean encarcelados los responsables del accidente.
En la reunión privada efectuada en Hermosillo, a la que asistió también el director general del IMSS, Daniel Karam, los padres de familia afectados por el accidente entregaron un pliego petitorio al presidente Calderón, a quien demandaron que lo firmara de recibido en señal de compromiso.
Entre sus demandas, exigieron la destitución del propio Karam y del exdirector general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a quienes responsabilizan directamente del incendio. Por tal motivo, exigieron también que el Ministerio Público que ejerza acción penal contra dichos funcionarios.
El objetivo de la reunión era analizar los avances y estancamientos del caso ocurrido el pasado 5 de junio de 2009 y que conmocionó al país.
José Francisco Quintana, padre de uno de los bebés que murieron en el incendio, dijo molesto al salir de la reunión: “No estamos de acuerdo con Calderón. Lo que queremos es que destituyan y encarcelen a Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, y aún no lo han hecho.”
Uno a uno, los padres inconformes fueron abandonando la reunión, desilusionados por las respuestas del presidente, quien se abstuvo de pronunciar una promesa concreta a las demandas.
Quintana dijo que los padres de los bebés muertos sienten que el gobierno federal no le ha dado la importancia necesaria al caso, pues a un año de la tragedia, aún no hay culpables.
También demandaron que realice todas las diligencias y aporte las pruebas necesarias ante el juez federal de la causa penal que se sigue en contra de los propietarios de la estancia infantil siniestrada.
Además, que el Estado suscriba un convenio de reparación del daño, que deberá ser ratificado a instancias judiciales, para que se comprometan a pagar los costos de atención médica vitalicia de calidad en instituciones hospitalarias de primer nivel en el país o en el extranjero.
Y que a partir de los expedientes clínicos de Shriners y del IMSS, un panel de médicos especialistas realicen una evaluación y diagnostico del estado de salud de todos los niños sobrevivientes.
Calderón llegó a Sonora precedido por la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgará ayudas extraordinarias a los afectados por el incendio en la guardería ABC.
La publicación alteró el ánimo de los afectados, quienes salieron a las calles a exigir “no sólo dinero”, sino castigo a los responsables.
El decreto, establece que se dotará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los recursos presupuestarios suficientes para apoyar dichos apoyos.
Por la mañana, en un acto público, el presidente Felipe Calderón dedicó dos minutos a la tragedia de la guardería ABC; y ofreció a los familiares de las víctimas todo su apoyo y el apoyo de su gobierno.
El gobernador Guillermo Padrés Elías dijo que no sólo se debe destacar lo malo, sino reconocer a quienes actuaron con responsabilidad y profesionalismo ante la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.
En este marco se reconoció la labor del hospital Shriners, donde se atendió a algunos de los bebés. Estuvo presente el doctor Peter Armostrong, vicepresidente de Asuntos Médicos de esa institución, a quien Calderón entregó un reconocimiento por la atención brindada a varios de los menores que resultaron con quemaduras graves.
Por su parte, el director general del IMSS, Daniel Karam, dijo que la tragedia de la guardería ABC obliga al gobierno a no olvidar y actuar cuanto antes para tratar de resarcir los daños.
Integrantes del Movimiento Ciudadano 5 de Junio, integrado por padres de los 49 bebés que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo Sonora, abandonaron la reunión privada que sostuvieron hoy con el presidente Felipe Calderón, molestos porque el mandatario se niega a cumplir sus demandas de justicia.
La señora Patricia Duarte, madre de uno de los bebés fallecidos, lamentó que “para Calderón la justicia signifique dinero”, ya que las familias que perdieron a sus bebés el 5 de junio del 2009 exigen que sean encarcelados los responsables del accidente.
En la reunión privada efectuada en Hermosillo, a la que asistió también el director general del IMSS, Daniel Karam, los padres de familia afectados por el accidente entregaron un pliego petitorio al presidente Calderón, a quien demandaron que lo firmara de recibido en señal de compromiso.
Entre sus demandas, exigieron la destitución del propio Karam y del exdirector general del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a quienes responsabilizan directamente del incendio. Por tal motivo, exigieron también que el Ministerio Público que ejerza acción penal contra dichos funcionarios.
El objetivo de la reunión era analizar los avances y estancamientos del caso ocurrido el pasado 5 de junio de 2009 y que conmocionó al país.
José Francisco Quintana, padre de uno de los bebés que murieron en el incendio, dijo molesto al salir de la reunión: “No estamos de acuerdo con Calderón. Lo que queremos es que destituyan y encarcelen a Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas, y aún no lo han hecho.”
Uno a uno, los padres inconformes fueron abandonando la reunión, desilusionados por las respuestas del presidente, quien se abstuvo de pronunciar una promesa concreta a las demandas.
Quintana dijo que los padres de los bebés muertos sienten que el gobierno federal no le ha dado la importancia necesaria al caso, pues a un año de la tragedia, aún no hay culpables.
También demandaron que realice todas las diligencias y aporte las pruebas necesarias ante el juez federal de la causa penal que se sigue en contra de los propietarios de la estancia infantil siniestrada.
Además, que el Estado suscriba un convenio de reparación del daño, que deberá ser ratificado a instancias judiciales, para que se comprometan a pagar los costos de atención médica vitalicia de calidad en instituciones hospitalarias de primer nivel en el país o en el extranjero.
Y que a partir de los expedientes clínicos de Shriners y del IMSS, un panel de médicos especialistas realicen una evaluación y diagnostico del estado de salud de todos los niños sobrevivientes.
Calderón llegó a Sonora precedido por la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgará ayudas extraordinarias a los afectados por el incendio en la guardería ABC.
La publicación alteró el ánimo de los afectados, quienes salieron a las calles a exigir “no sólo dinero”, sino castigo a los responsables.
El decreto, establece que se dotará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los recursos presupuestarios suficientes para apoyar dichos apoyos.
Por la mañana, en un acto público, el presidente Felipe Calderón dedicó dos minutos a la tragedia de la guardería ABC; y ofreció a los familiares de las víctimas todo su apoyo y el apoyo de su gobierno.
El gobernador Guillermo Padrés Elías dijo que no sólo se debe destacar lo malo, sino reconocer a quienes actuaron con responsabilidad y profesionalismo ante la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009.
En este marco se reconoció la labor del hospital Shriners, donde se atendió a algunos de los bebés. Estuvo presente el doctor Peter Armostrong, vicepresidente de Asuntos Médicos de esa institución, a quien Calderón entregó un reconocimiento por la atención brindada a varios de los menores que resultaron con quemaduras graves.
Por su parte, el director general del IMSS, Daniel Karam, dijo que la tragedia de la guardería ABC obliga al gobierno a no olvidar y actuar cuanto antes para tratar de resarcir los daños.
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