Jorge Carrasco Araizaga
Nunca antes las fuerzas federales mexicanas habían sido atacadas como lo hizo el grupo de sicarios del cartel de Juárez, La Línea, la noche del pasado jueves 15, en Ciudad Juárez.
Como ocurría en Colombia hace dos décadas en los peores años de la persecución de narcotraficantes, el cartel de Juárez detonó explosivos en un auto para atacar a elementos de la Policía Federal, la caprichosa variante policial de uno de los colaboradores más cercanos del presidente Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Línea inauguró así los atentados con coche-bomba en México, valiéndose de un explosivo plástico de uso militar, el C4, que ha sido utilizado por grupos terroristas como Al Qaeda y que se consigue en el mercado negro internacional de armas.
De acuerdo con el general Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la V Zona Militar, con sede en Chihuahua, en el lugar del atentado que cobró la vida de cuatro personas –dos de ellas policías federales– se encontraron residuos de 10 kilos del explosivo, que fue activado con una llamada de teléfono celular.
En marzo de este año, Los Zetas atacaron con ese mismo explosivo la Procuraduría General de Justicia de Chiapas
El 15 de septiembre de 2008, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), fue ese mismo grupo el que atacó con granadas a una multitud concentrada en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, para celebrar el Grito de Independencia. El acto era encabezado por el gobernador Leonel Godoy, contra quien supuestamente estaba dirigido el ataque.
Más de un centenar de personas resultaron heridas y otra docena falleció en lo que fue el primer ataque narcoterrorista en México contra la población civil. Michoacán, además, ha sido el lugar donde la corporación de Genaro García Luna ha sufrido a manos de La Familia Michoacana sus principales y más humillantes bajas, que llegan casi a 30.
En Chihuahua, adonde llegó la Policía Federal en enero pasado para encabezar la Operación Conjunta Chihuahua, en sustitución del Ejército, la Policía Federal ha sufrido diversos ataques por parte de La Línea. Como resultado, cerca de una veintena de efectivos han perdido la vida, principalmente en emboscadas.
La Secretaría de Seguridad Pública vinculó el ataque con coche-bomba a la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, al que presentó como uno de los líderes de La Línea y responsable de coordinar y operar secuestros, extorsión, retenes y tráfico de drogas en Ciudad Juárez.
La Línea ha reivindicado sus ataques a la Policía Federal en represalia por la protección que, alega, le da la corporación de Genero García Luna a Joaquín El Chapo Guzmán para que el cartel de Sinaloa termine por quedarse con el control de Ciudad Juárez, punto estratégico para el paso de drogas a Estados Unidos.
Fuera de los propios narcotraficantes, en México y Estados Unidos expolicías, exmilitares y congresistas comparten la idea de que el gobierno de Felipe Calderón se ha convertido en protector del Chapo, quien hace una década se fugó del penal Puente Grande, de alta seguridad, en Jalisco, justo al mes de la llegada del PAN a la presidencia de la República con Vicente Fox.
De ser cierta, el costo de esa protección lo está pagando la sociedad mexicana, impuesta cada día a soportar niveles cada vez más altos de violencia, con el riesgo de que se anestesie y se acostumbre a vivir con ella hasta que sea víctima directa en esta escalada que desde la llegada de Calderón ha dejado 24 mil 826 muertos, según los datos dados a conocer hoy por la propia PGR.
Aun cuando no fueran ciertas las acusaciones, como lógicamente ha dicho el gobierno de Calderón, el ataque con coche-bomba en Ciudad Juárez es una demostración más de la impotencia de la Policía Federal para enfrentar al narcotráfico en las calles, tal y como le sucedió al Ejército desde los primeros días en que su comandante en jefe les ordenó salir a las calles.
Nunca antes las fuerzas federales mexicanas habían sido atacadas como lo hizo el grupo de sicarios del cartel de Juárez, La Línea, la noche del pasado jueves 15, en Ciudad Juárez.
Como ocurría en Colombia hace dos décadas en los peores años de la persecución de narcotraficantes, el cartel de Juárez detonó explosivos en un auto para atacar a elementos de la Policía Federal, la caprichosa variante policial de uno de los colaboradores más cercanos del presidente Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Línea inauguró así los atentados con coche-bomba en México, valiéndose de un explosivo plástico de uso militar, el C4, que ha sido utilizado por grupos terroristas como Al Qaeda y que se consigue en el mercado negro internacional de armas.
De acuerdo con el general Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la V Zona Militar, con sede en Chihuahua, en el lugar del atentado que cobró la vida de cuatro personas –dos de ellas policías federales– se encontraron residuos de 10 kilos del explosivo, que fue activado con una llamada de teléfono celular.
En marzo de este año, Los Zetas atacaron con ese mismo explosivo la Procuraduría General de Justicia de Chiapas
El 15 de septiembre de 2008, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), fue ese mismo grupo el que atacó con granadas a una multitud concentrada en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, Michoacán, para celebrar el Grito de Independencia. El acto era encabezado por el gobernador Leonel Godoy, contra quien supuestamente estaba dirigido el ataque.
Más de un centenar de personas resultaron heridas y otra docena falleció en lo que fue el primer ataque narcoterrorista en México contra la población civil. Michoacán, además, ha sido el lugar donde la corporación de Genaro García Luna ha sufrido a manos de La Familia Michoacana sus principales y más humillantes bajas, que llegan casi a 30.
En Chihuahua, adonde llegó la Policía Federal en enero pasado para encabezar la Operación Conjunta Chihuahua, en sustitución del Ejército, la Policía Federal ha sufrido diversos ataques por parte de La Línea. Como resultado, cerca de una veintena de efectivos han perdido la vida, principalmente en emboscadas.
La Secretaría de Seguridad Pública vinculó el ataque con coche-bomba a la detención de Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, al que presentó como uno de los líderes de La Línea y responsable de coordinar y operar secuestros, extorsión, retenes y tráfico de drogas en Ciudad Juárez.
La Línea ha reivindicado sus ataques a la Policía Federal en represalia por la protección que, alega, le da la corporación de Genero García Luna a Joaquín El Chapo Guzmán para que el cartel de Sinaloa termine por quedarse con el control de Ciudad Juárez, punto estratégico para el paso de drogas a Estados Unidos.
Fuera de los propios narcotraficantes, en México y Estados Unidos expolicías, exmilitares y congresistas comparten la idea de que el gobierno de Felipe Calderón se ha convertido en protector del Chapo, quien hace una década se fugó del penal Puente Grande, de alta seguridad, en Jalisco, justo al mes de la llegada del PAN a la presidencia de la República con Vicente Fox.
De ser cierta, el costo de esa protección lo está pagando la sociedad mexicana, impuesta cada día a soportar niveles cada vez más altos de violencia, con el riesgo de que se anestesie y se acostumbre a vivir con ella hasta que sea víctima directa en esta escalada que desde la llegada de Calderón ha dejado 24 mil 826 muertos, según los datos dados a conocer hoy por la propia PGR.
Aun cuando no fueran ciertas las acusaciones, como lógicamente ha dicho el gobierno de Calderón, el ataque con coche-bomba en Ciudad Juárez es una demostración más de la impotencia de la Policía Federal para enfrentar al narcotráfico en las calles, tal y como le sucedió al Ejército desde los primeros días en que su comandante en jefe les ordenó salir a las calles.
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