Cecilia González Arenas
Desde hace semanas en que un funcionario panista de primer nivel calificó a los defensores de derechos humanos como “tontos útiles”, seguramente ha quedado en el ánimo de miles de ciudadanos el ingrato sabor de no haber protestado por algo tan importante para la vida democrática de México, aún en construcción.
Algunos comentaristas políticos lo mencionaron como algo reprobable, pero sin profundizar en su análisis. Las comisiones estatales se unieron a la nacional y varias ONG para presentar una declaración de inconformidad por esos inexplicables adjetivos.
Un tonto tiene varias acepciones: 1. Que tiene o demuestra poca inteligencia o escaso entendimiento; 2. Que obra con ingenuidad y sin malicia y que no se aprovecha de las ocasiones; 3. Falto de sentido, finalidad o sensatez, etc.
Por lo que se refiere a la utilidad, el Larousse cita que: útil es aquello que produce provecho o beneficio o sirve para algo. Aquí la pregunta sería ¿a quién o a quiénes beneficiaría la tontería de organismos públicos y privados de defensa de los derechos humanos?
Algunos servidores públicos contestarían que a los delincuentes, como aseguran muchos ignorantes que acusan a las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos, así como a las ONG de ser defensores de delincuentes.
Respecto de los tontos, dice la acepción 2 que “no se aprovecha de las ocasiones”. Es decir, que para dejar de ser tonto debe aprovecharse de los otros individuos y aquí sí que ya no se entiende el adjetivo utilizado por el secretario de Gobernación.
Si la tontería es poca inteligencia o escaso entendimiento, falta de sentido, finalidad o sensatez, la aseveración es insultante por falsa; pero esto de aprovecharse de las ocasiones sí que resulta paradójico en la voz de un profesionista de experiencia, con amplio criterio para juzgar de esa forma tan frívola a los defensores de los derechos humanos de mexicanos que sufren el embate del poder, sea éste civil, militar o marino.
Si se pudiera trasladar ese comentario despreciativo a otras instituciones, le vendría como anillo al dedo al fallo de la SCJN respecto a la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Porque, entonces, los ministros estarían en ese supuesto: son “tontos útiles” al servicio del presidente.
Sin ninguna sensibilidad para ver, escuchar y percibir el fondo de las protestas de miles de trabajadores que se encuentran en verdadero estado de indefensión en un país en que campea el desempleo, la inseguridad, injusticia e impunidad.
No les importa el sacrificio de los huelguistas de hambre en el zócalo que están a punto de perder la vida. Tampoco les sirvieron las exposiciones brillantes de juristas distinguidos que, con fundamento en la propia Constitución, han descalificado el tristemente célebre decreto.
Los señores ministros, que ganan más que nadie en este país empobrecido, lo cual resulta obsceno, dictaminaron que los electricistas no tienen derecho a protestar porque el cierre de su fuente de empleo es legal y legítimo.
No se vale pisotear de esa manera a miles de mexicanos que sólo están defendiendo su trabajo, constituidos en el sindicato más antiguo y valiente de México, el SME, nacido en LyFC.
Ahora pretenden separar una cosa de la otra en lo que parece ser una maniobra maquiavélica. Es legal el cierre de su fuente de trabajo; pero es ilegal que los trabajadores no hayan aceptado una liquidación que se les daba como “limosna generosa” ya que eran ineficaces y habían causado daños a su empresa.
Muchos aceptaron, pero más de 16 mil siguen sin ingresos, viviendo de la solidaridad de otros trabajadores generosos. Sabían que si aceptaban la liquidación, al mediano o largo plazo se quedarían sin medios para subsistir, ellos y sus familias.
Además, su dignidad sigue lastimada por las acusaciones que pesan sobre ellos sin ningún fundamento y con el conocimiento de la verdad sobre el aprovechamiento para los amigos del poder de la fibra óptica que estaba bajo el control del SME.
Sería deseable que millones de mexicanos fuésemos “tontos útiles” para el beneficio y la defensa de los trabajadores que no tienen más medio de subsistencia que su fuerza física, intelectual, de conocimientos y experiencia para su sobrevivencia.
Tontos útiles para sumarse a la demanda de justicia de los padres de los niños sacrificados en la guardería ABC que, también con otro fallo desalmado de la Suprema Corte, ha dejado sin castigo a los culpables. Como señala el doctor Carrancá y Rivas, esto sería materia de un juicio político a los ministros, en el Congreso.
Por favor, señores funcionarios de gobierno, un poco más de sensibilidad para estos mexicanos que están sufriendo la impunidad y la injusticia. Habría que recordarles que sus cargos son temporales, ahora los poseen y mañana no tendrán poder alguno.
El SME seguirá luchando en la JFCA en donde deberá mostrarse un poco más de humanismo; no todo es seguir ciegamente la ratio legis, si la hay.
Desde hace semanas en que un funcionario panista de primer nivel calificó a los defensores de derechos humanos como “tontos útiles”, seguramente ha quedado en el ánimo de miles de ciudadanos el ingrato sabor de no haber protestado por algo tan importante para la vida democrática de México, aún en construcción.
Algunos comentaristas políticos lo mencionaron como algo reprobable, pero sin profundizar en su análisis. Las comisiones estatales se unieron a la nacional y varias ONG para presentar una declaración de inconformidad por esos inexplicables adjetivos.
Un tonto tiene varias acepciones: 1. Que tiene o demuestra poca inteligencia o escaso entendimiento; 2. Que obra con ingenuidad y sin malicia y que no se aprovecha de las ocasiones; 3. Falto de sentido, finalidad o sensatez, etc.
Por lo que se refiere a la utilidad, el Larousse cita que: útil es aquello que produce provecho o beneficio o sirve para algo. Aquí la pregunta sería ¿a quién o a quiénes beneficiaría la tontería de organismos públicos y privados de defensa de los derechos humanos?
Algunos servidores públicos contestarían que a los delincuentes, como aseguran muchos ignorantes que acusan a las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos, así como a las ONG de ser defensores de delincuentes.
Respecto de los tontos, dice la acepción 2 que “no se aprovecha de las ocasiones”. Es decir, que para dejar de ser tonto debe aprovecharse de los otros individuos y aquí sí que ya no se entiende el adjetivo utilizado por el secretario de Gobernación.
Si la tontería es poca inteligencia o escaso entendimiento, falta de sentido, finalidad o sensatez, la aseveración es insultante por falsa; pero esto de aprovecharse de las ocasiones sí que resulta paradójico en la voz de un profesionista de experiencia, con amplio criterio para juzgar de esa forma tan frívola a los defensores de los derechos humanos de mexicanos que sufren el embate del poder, sea éste civil, militar o marino.
Si se pudiera trasladar ese comentario despreciativo a otras instituciones, le vendría como anillo al dedo al fallo de la SCJN respecto a la constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Porque, entonces, los ministros estarían en ese supuesto: son “tontos útiles” al servicio del presidente.
Sin ninguna sensibilidad para ver, escuchar y percibir el fondo de las protestas de miles de trabajadores que se encuentran en verdadero estado de indefensión en un país en que campea el desempleo, la inseguridad, injusticia e impunidad.
No les importa el sacrificio de los huelguistas de hambre en el zócalo que están a punto de perder la vida. Tampoco les sirvieron las exposiciones brillantes de juristas distinguidos que, con fundamento en la propia Constitución, han descalificado el tristemente célebre decreto.
Los señores ministros, que ganan más que nadie en este país empobrecido, lo cual resulta obsceno, dictaminaron que los electricistas no tienen derecho a protestar porque el cierre de su fuente de empleo es legal y legítimo.
No se vale pisotear de esa manera a miles de mexicanos que sólo están defendiendo su trabajo, constituidos en el sindicato más antiguo y valiente de México, el SME, nacido en LyFC.
Ahora pretenden separar una cosa de la otra en lo que parece ser una maniobra maquiavélica. Es legal el cierre de su fuente de trabajo; pero es ilegal que los trabajadores no hayan aceptado una liquidación que se les daba como “limosna generosa” ya que eran ineficaces y habían causado daños a su empresa.
Muchos aceptaron, pero más de 16 mil siguen sin ingresos, viviendo de la solidaridad de otros trabajadores generosos. Sabían que si aceptaban la liquidación, al mediano o largo plazo se quedarían sin medios para subsistir, ellos y sus familias.
Además, su dignidad sigue lastimada por las acusaciones que pesan sobre ellos sin ningún fundamento y con el conocimiento de la verdad sobre el aprovechamiento para los amigos del poder de la fibra óptica que estaba bajo el control del SME.
Sería deseable que millones de mexicanos fuésemos “tontos útiles” para el beneficio y la defensa de los trabajadores que no tienen más medio de subsistencia que su fuerza física, intelectual, de conocimientos y experiencia para su sobrevivencia.
Tontos útiles para sumarse a la demanda de justicia de los padres de los niños sacrificados en la guardería ABC que, también con otro fallo desalmado de la Suprema Corte, ha dejado sin castigo a los culpables. Como señala el doctor Carrancá y Rivas, esto sería materia de un juicio político a los ministros, en el Congreso.
Por favor, señores funcionarios de gobierno, un poco más de sensibilidad para estos mexicanos que están sufriendo la impunidad y la injusticia. Habría que recordarles que sus cargos son temporales, ahora los poseen y mañana no tendrán poder alguno.
El SME seguirá luchando en la JFCA en donde deberá mostrarse un poco más de humanismo; no todo es seguir ciegamente la ratio legis, si la hay.
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