Vicenç Navarro / Cortesía de Público.Es
Una de las políticas fiscales que han caracterizado el pensamiento neoliberal reproducido en la mayoría de partidos gobernantes en la Unión Europea, tanto de derecha como de centro izquierda, ha sido la reducción de impuestos. Se decía que tal bajada de impuestos liberaba la capacidad creativa, tanto de los ciudadanos como de las empresas, estimulando así la economía. En España, no sólo la derecha –tanto española (PP), como catalana (CiU)– sino también la izquierda gobernante (PSOE), enfatizaron la conveniencia de bajar los impuestos. El presidente Zapatero inició su mandato con el dicho de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Antes, los gobiernos del PP habían hecho de esa bajada el elemento central de su política fiscal.
Y un tanto semejante ocurrió en varios países de la UE. En Alemania, por ejemplo, los impuestos sobre el capital se redujeron (desde 1995 a 2009) nada menos que 26 puntos, a la vez que el nivel de gravación fiscal de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. En España y Francia, la reducción de los impuestos de las rentas superiores fue incluso mayor, reduciéndose 13 puntos. En Italia, el Impuesto de Sociedades bajó 20,8 puntos y el de las rentas superiores 6,1 puntos. Tales reducciones favorecieron a las rentas del capital y a las rentas superiores, de manera que tales rentas, como porcentaje de las rentas nacionales, se dispararon, incrementándose las desigualdades de renta de una manera muy acentuada. De esta manera, la regresividad fiscal y las desigualdades sociales aumentaron espectacularmente estos últimos 15 años.
El argumento que se utilizó para promover estas políticas fiscales, favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores, era que había que cuidar (mimar, sería la expresión más adecuada) los factores movibles –tales como el capital y las rentas superiores–, evitando que se asustaran y dejaran el país. Este era el discurso neoliberal que sostuvieron los medios de mayor difusión del país. Detrás de él existía el enorme poder político del capital financiero y empresarial (y muy en especial el relacionado con las exportaciones), así como el de las rentas superiores. Donde esta influencia adquirió mayor desarrollo fue en Alemania, cuyo modelo económico estaba, y continúa estando, basado en un modelo financiero y exportador con una competitividad elevada, enraizada en unos salarios estancados que no mejoraban con el crecimiento de la productividad. Ese incremento de la productividad repercutía primordialmente en aumentar los beneficios del capital, muy en especial de las empresas exportadoras y de la banca, y no en aumentar las rentas del trabajo. Como dijo Peter Bofinger, miembro del Consejo Económico alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”, es decir, que la riqueza que se creaba y continúa creándose no repercute sobre el nivel de vida de los trabajadores y de las clases populares alemanas. El Gobierno socialdemócrata del canciller Gerhard Schröeder (1998-2005) fue el que inició –en su programa de 2010– la reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, política seguida más tarde por Angela Merkel y sus gobiernos de coalición. Algo parecido ha estado ocurriendo en Francia, donde la creciente regresividad fiscal explica un notable crecimiento de las desigualdades sociales. De nuevo fue un Gobierno socialdemócrata, dirigido por Lionel Jospin (1997-2002) el que inició la política de reducción de impuestos, política que fue acentuada por Nicolas Sarkozy en 2007.
Tal reducción de impuestos de las rentas superiores, además de incrementar las desigualdades, creó también las bases para que apareciera el problema del déficit del Estado. Este déficit fue causado, en parte, por la disminución de la actividad económica. Pero las políticas de reducción de impuestos, con la consiguiente reducción de los ingresos al Estado, contribuyeron enormemente a la creación de los déficits y del aumento de la deuda pública. En Alemania, por ejemplo, si los niveles de imposición fiscal fueran los mismos que existían en 1998, el Estado alemán hubiera recaudado 75.000 millones de euros más por año de los que recaudó en 2009, una cantidad semejante, por cierto, al déficit que el Gobierno Merkel quiere resolver mediante los recortes muy acentuados que ha propuesto sobre el Estado del bienestar alemán. Un tanto semejante ocurre en España, donde el déficit del Estado no sería tan elevado si los niveles de imposición, tanto de las rentas del capital como de las rentas superiores, se hubieran mantenido igual a los existentes en los años ochenta.
Estos datos señalan el error del argumento ampliamente utilizado en las instituciones europeas (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en defensa de la austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social), indicando erróneamente que “hemos estado viviendo durante todos estos años por encima de nuestras posibilidades”, asumiendo que nos hemos gastado más de lo que tenemos. Pero no es cierto y es fácil de demostrar. Tenemos el gasto público social más bajo de la UE-15, lo cual no se debe a que España no tenga recursos. España tiene ya el nivel de riqueza de la UE-15. Su PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, el gasto social es sólo el 73% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el 94% del promedio tendríamos 66.000 millones de euros más para gastarnos en nuestro escuálido Estado del bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el problema. No es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, lo que pasa es que los ricos, los bancos y los grandes empresarios no pagan lo que debieran. Las políticas neoliberales han favorecido a las rentas superiores, creando una enorme polarización social, que han generado la crisis actual y que están dificultando la recuperación económica. Y ahí está el problema que los medios de persuasión no tocan.
Una de las políticas fiscales que han caracterizado el pensamiento neoliberal reproducido en la mayoría de partidos gobernantes en la Unión Europea, tanto de derecha como de centro izquierda, ha sido la reducción de impuestos. Se decía que tal bajada de impuestos liberaba la capacidad creativa, tanto de los ciudadanos como de las empresas, estimulando así la economía. En España, no sólo la derecha –tanto española (PP), como catalana (CiU)– sino también la izquierda gobernante (PSOE), enfatizaron la conveniencia de bajar los impuestos. El presidente Zapatero inició su mandato con el dicho de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Antes, los gobiernos del PP habían hecho de esa bajada el elemento central de su política fiscal.
Y un tanto semejante ocurrió en varios países de la UE. En Alemania, por ejemplo, los impuestos sobre el capital se redujeron (desde 1995 a 2009) nada menos que 26 puntos, a la vez que el nivel de gravación fiscal de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. En España y Francia, la reducción de los impuestos de las rentas superiores fue incluso mayor, reduciéndose 13 puntos. En Italia, el Impuesto de Sociedades bajó 20,8 puntos y el de las rentas superiores 6,1 puntos. Tales reducciones favorecieron a las rentas del capital y a las rentas superiores, de manera que tales rentas, como porcentaje de las rentas nacionales, se dispararon, incrementándose las desigualdades de renta de una manera muy acentuada. De esta manera, la regresividad fiscal y las desigualdades sociales aumentaron espectacularmente estos últimos 15 años.
El argumento que se utilizó para promover estas políticas fiscales, favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores, era que había que cuidar (mimar, sería la expresión más adecuada) los factores movibles –tales como el capital y las rentas superiores–, evitando que se asustaran y dejaran el país. Este era el discurso neoliberal que sostuvieron los medios de mayor difusión del país. Detrás de él existía el enorme poder político del capital financiero y empresarial (y muy en especial el relacionado con las exportaciones), así como el de las rentas superiores. Donde esta influencia adquirió mayor desarrollo fue en Alemania, cuyo modelo económico estaba, y continúa estando, basado en un modelo financiero y exportador con una competitividad elevada, enraizada en unos salarios estancados que no mejoraban con el crecimiento de la productividad. Ese incremento de la productividad repercutía primordialmente en aumentar los beneficios del capital, muy en especial de las empresas exportadoras y de la banca, y no en aumentar las rentas del trabajo. Como dijo Peter Bofinger, miembro del Consejo Económico alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”, es decir, que la riqueza que se creaba y continúa creándose no repercute sobre el nivel de vida de los trabajadores y de las clases populares alemanas. El Gobierno socialdemócrata del canciller Gerhard Schröeder (1998-2005) fue el que inició –en su programa de 2010– la reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, política seguida más tarde por Angela Merkel y sus gobiernos de coalición. Algo parecido ha estado ocurriendo en Francia, donde la creciente regresividad fiscal explica un notable crecimiento de las desigualdades sociales. De nuevo fue un Gobierno socialdemócrata, dirigido por Lionel Jospin (1997-2002) el que inició la política de reducción de impuestos, política que fue acentuada por Nicolas Sarkozy en 2007.
Tal reducción de impuestos de las rentas superiores, además de incrementar las desigualdades, creó también las bases para que apareciera el problema del déficit del Estado. Este déficit fue causado, en parte, por la disminución de la actividad económica. Pero las políticas de reducción de impuestos, con la consiguiente reducción de los ingresos al Estado, contribuyeron enormemente a la creación de los déficits y del aumento de la deuda pública. En Alemania, por ejemplo, si los niveles de imposición fiscal fueran los mismos que existían en 1998, el Estado alemán hubiera recaudado 75.000 millones de euros más por año de los que recaudó en 2009, una cantidad semejante, por cierto, al déficit que el Gobierno Merkel quiere resolver mediante los recortes muy acentuados que ha propuesto sobre el Estado del bienestar alemán. Un tanto semejante ocurre en España, donde el déficit del Estado no sería tan elevado si los niveles de imposición, tanto de las rentas del capital como de las rentas superiores, se hubieran mantenido igual a los existentes en los años ochenta.
Estos datos señalan el error del argumento ampliamente utilizado en las instituciones europeas (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en defensa de la austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social), indicando erróneamente que “hemos estado viviendo durante todos estos años por encima de nuestras posibilidades”, asumiendo que nos hemos gastado más de lo que tenemos. Pero no es cierto y es fácil de demostrar. Tenemos el gasto público social más bajo de la UE-15, lo cual no se debe a que España no tenga recursos. España tiene ya el nivel de riqueza de la UE-15. Su PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, el gasto social es sólo el 73% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el 94% del promedio tendríamos 66.000 millones de euros más para gastarnos en nuestro escuálido Estado del bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el problema. No es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, lo que pasa es que los ricos, los bancos y los grandes empresarios no pagan lo que debieran. Las políticas neoliberales han favorecido a las rentas superiores, creando una enorme polarización social, que han generado la crisis actual y que están dificultando la recuperación económica. Y ahí está el problema que los medios de persuasión no tocan.
Comentarios