Gerardo Peláez Ramos
En abierta violación de la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la “constitucionalidad” del decreto calderonista de extinción de Luz y Fuerza del Centro, al mismo tiempo que negó el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas contra este ilegal acto que envió al ejército de desempleados a 44 mil trabajadores de LFC, eliminó de un plumazo el Contrato Colectivo de Trabajo, e intenta liquidar, pese a que lo niegue la SCJN, a una organización histórica del movimiento obrero mexicano: el SME. De esta manera, Felipe Calderón Hinojosa continúa las agresiones en contra de los electricistas, como ha ocurrido y ocurre con los minero-metalúrgicos, los maestros, los movimientos populares y las comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán, mientras sigue facilitando el enriquecimiento de Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández y otros grandes empresarios.
Contra la historia, el derecho y las atribuciones del Congreso de la Unión, el máximo tribunal del país confirmó que “tomando en cuenta que el referido organismo fue creado por un decreto del presidente de la República, éste está facultado, legal y constitucionalmente, para decidir la extinción de los organismos descentralizados, en caso de que dejen de cumplir sus fines o como lo señala la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional”.
El fallo de la Suprema Corte considera justificado y legal un acto antiobrero y de abierta corrupción, cuando es un secreto a voces que el grupo que dirige la nación extingue a LFC para que hagan su agosto los grandes capitalistas mexicanos y extranjeros, como los españoles, que giran alrededor de Los Pinos y que esperan realizar pingües negocios con la privatización de la industria eléctrica y la explotación de las telecomunicaciones, en especial de la fibra óptica.
En octubre de 2009 informaba SDPNoticias: “El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, acusó al gobierno panista de Felipe Calderón de pretender beneficiar a la empresa WL-Comunicaciones, cuyos socios son los ex-funcionarios foxistas Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
“En conferencia de prensa, Esparza señaló que además de pretender eliminar el contrato colectivo del SME, el gobierno panista (sabe que) existe una concesión pendiente para que Luz y Fuerza del Centro (LFC) utilice su red de fibra óptica para ofrecer servicios de Triple-Play, es decir los servicios de teléfono, internet y televisión por cable.
“Sin embargo, el uso de esa red de LFC para comercializar el Triple-Play, denunció Esparza, se le pretende entregar a la empresa WL-Comunicaciones, de la cual son socios Canales Clariond y Martens, quienes fungieron como secretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox.
“LFC obtuvo a finales de junio pasado el permiso para ofrecer servicios de Triple-Play tanto de la Secretaría de Energía como de la SCT y Cofetel los permisos para operar Triple-Play, lo cual le permitiría ofrecer el servicio a la Ciudad de México, 46 municipios del Estado de México, 48 de Hidalgo, 3 de Puebla y uno de Morelos, potencialmente a un precio más bajo que las empresas privadas que ofrecen servicios de cable, teléfono e Internet”.
En tales condiciones, lo que mueve a Calderón y su grupo son las posibilidades de enriquecerse mediante la destrucción de la propiedad pública, lo que significa continuar incrementando la parte del mercado que ya está en manos de los concesionarios privados y los monopolios foráneos en la ilegal y antinacional generación de energía eléctrica. Después, distribuir las futuras transacciones de las telecomunicaciones, probablemente la franja más redituable y de mayor volumen, entre los traficantes de influencias que acompañan al Partido Acción Nacional en el poder, y que desean apoderarse de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro.
El dictamen de la SCJN, en síntesis, legaliza la privatización de LFC, otorga facultades metaconstitucionales a Felipe Calderón Hinojosa sobre las empresas paraestatales, permite la eliminación de un Contrato Colectivo de Trabajo, avala el despido expedito de 44 mil trabajadores sin tomar en cuenta la Ley Federal del Trabajo, busca liquidar a un organismo obrero de vanguardia, el SME, y da un paso en firme hacia la configuración de un Estado que, con su máximo tribunal al frente, viola de manera general y sistemática la Constitución General de la República y otras leyes. Tal es la gravedad del fallo emitido por los doctores de la negación del derecho.
Cabe esperar que el SME, no obstante la difícil situación por la que atraviesa, infiera las mejores conclusiones, emprenda las acciones pertinentes y busque la solidaridad de todas las fuerzas democráticas y antineoliberales del país.
En abierta violación de la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la “constitucionalidad” del decreto calderonista de extinción de Luz y Fuerza del Centro, al mismo tiempo que negó el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas contra este ilegal acto que envió al ejército de desempleados a 44 mil trabajadores de LFC, eliminó de un plumazo el Contrato Colectivo de Trabajo, e intenta liquidar, pese a que lo niegue la SCJN, a una organización histórica del movimiento obrero mexicano: el SME. De esta manera, Felipe Calderón Hinojosa continúa las agresiones en contra de los electricistas, como ha ocurrido y ocurre con los minero-metalúrgicos, los maestros, los movimientos populares y las comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán, mientras sigue facilitando el enriquecimiento de Carlos Slim, Ricardo Salinas, Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga Jean, Roberto Hernández y otros grandes empresarios.
Contra la historia, el derecho y las atribuciones del Congreso de la Unión, el máximo tribunal del país confirmó que “tomando en cuenta que el referido organismo fue creado por un decreto del presidente de la República, éste está facultado, legal y constitucionalmente, para decidir la extinción de los organismos descentralizados, en caso de que dejen de cumplir sus fines o como lo señala la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional”.
El fallo de la Suprema Corte considera justificado y legal un acto antiobrero y de abierta corrupción, cuando es un secreto a voces que el grupo que dirige la nación extingue a LFC para que hagan su agosto los grandes capitalistas mexicanos y extranjeros, como los españoles, que giran alrededor de Los Pinos y que esperan realizar pingües negocios con la privatización de la industria eléctrica y la explotación de las telecomunicaciones, en especial de la fibra óptica.
En octubre de 2009 informaba SDPNoticias: “El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, acusó al gobierno panista de Felipe Calderón de pretender beneficiar a la empresa WL-Comunicaciones, cuyos socios son los ex-funcionarios foxistas Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
“En conferencia de prensa, Esparza señaló que además de pretender eliminar el contrato colectivo del SME, el gobierno panista (sabe que) existe una concesión pendiente para que Luz y Fuerza del Centro (LFC) utilice su red de fibra óptica para ofrecer servicios de Triple-Play, es decir los servicios de teléfono, internet y televisión por cable.
“Sin embargo, el uso de esa red de LFC para comercializar el Triple-Play, denunció Esparza, se le pretende entregar a la empresa WL-Comunicaciones, de la cual son socios Canales Clariond y Martens, quienes fungieron como secretarios de Energía en el sexenio de Vicente Fox.
“LFC obtuvo a finales de junio pasado el permiso para ofrecer servicios de Triple-Play tanto de la Secretaría de Energía como de la SCT y Cofetel los permisos para operar Triple-Play, lo cual le permitiría ofrecer el servicio a la Ciudad de México, 46 municipios del Estado de México, 48 de Hidalgo, 3 de Puebla y uno de Morelos, potencialmente a un precio más bajo que las empresas privadas que ofrecen servicios de cable, teléfono e Internet”.
En tales condiciones, lo que mueve a Calderón y su grupo son las posibilidades de enriquecerse mediante la destrucción de la propiedad pública, lo que significa continuar incrementando la parte del mercado que ya está en manos de los concesionarios privados y los monopolios foráneos en la ilegal y antinacional generación de energía eléctrica. Después, distribuir las futuras transacciones de las telecomunicaciones, probablemente la franja más redituable y de mayor volumen, entre los traficantes de influencias que acompañan al Partido Acción Nacional en el poder, y que desean apoderarse de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro.
El dictamen de la SCJN, en síntesis, legaliza la privatización de LFC, otorga facultades metaconstitucionales a Felipe Calderón Hinojosa sobre las empresas paraestatales, permite la eliminación de un Contrato Colectivo de Trabajo, avala el despido expedito de 44 mil trabajadores sin tomar en cuenta la Ley Federal del Trabajo, busca liquidar a un organismo obrero de vanguardia, el SME, y da un paso en firme hacia la configuración de un Estado que, con su máximo tribunal al frente, viola de manera general y sistemática la Constitución General de la República y otras leyes. Tal es la gravedad del fallo emitido por los doctores de la negación del derecho.
Cabe esperar que el SME, no obstante la difícil situación por la que atraviesa, infiera las mejores conclusiones, emprenda las acciones pertinentes y busque la solidaridad de todas las fuerzas democráticas y antineoliberales del país.
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