John M. Ackerman
Las elecciones del pasado 4 de julio demostraron de forma simultánea la existencia de una ciudadanía consciente dispuesta a cobrar facturas a gobernadores corruptos y autoritarios, y la permanencia de las viejas prácticas de fraude electoral y parcialidad institucional. Veracruz, Durango y Hidalgo, en particular, demuestran la otra cara del proceso electoral. Asimismo, en Chihuahua y Tamaulipas ganó una mezcla tóxica de abstencionismo (que fue mayor a 40 por ciento) y temor generado por el narco y la ilegítima operación de la maquinaria electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si bien en Oaxaca, Puebla y Sinaloa los ciudadanos enviaron un mensaje claro a los gobernantes de que no son la masa inerte que los políticos imaginan, las instituciones electorales en todo el país también ratificaron su disposición a hacerse de la vista gorda ante flagrantes violaciones a la ley. Los gobernadores hicieron todo lo posible por intervenir en los procesos electorales. Las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son apenas la punta del iceberg. Las televisoras mantuvieron su política de vender entrevistas y notas de manera fraudulenta. Los infomerciales tanto de Eviel Pérez Magaña como de Gabino Cué fueron apenas los ejemplos más burdos de esta desafortunada práctica generalizada. Por su parte, Felipe Calderón tuvo una presencia mediática totalmente irregular durante la semana previa a las eleccciones y sin el menor empacho utilizó los programas de desarrollo social con fines electorales. Aún más grave fue la debilidad del supuesto blindaje contra el financiamiento del narcotráfico para partidos políticos y candidatos.
Mientras, las instituciones responsables se limitan a iniciar las investigaciones correspondientes y emitir amonestaciones públicas. Una vez más se ratifica que en materia electoral la situación se acerca más al escenario de la ley de la selva que al de un verdadero estado de derecho. Todos los actores saben que si quieren tener alguna posibilidad de ganar una elección deben buscar por todas las vías posibles cómo dar la vuelta a la normatividad vigente. Ello sienta un precedente funesto para el futuro y contribuye a la tormenta que podría llegar a desatarse durante las elecciones presidenciales de 2012.
Emilio Gamboa Patrón se equivoca cuando llama a la alianza opositora a aceptar su derrota en Durango y en Veracruz y a entrar en una negociación con los candidatos priístas. Pide un voto de confianza a las instituciones de la República y recuerda que el PRI no regateó el triunfo de Felipe Calderón en 2006, sino que ofreció su respaldo y apoyo. Señala que tal como el PRI ha admitido los resultados adversos en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la coalición debería hacer lo propio en Durango y Veracruz. Queda claro que el dirigente priísta prefiere la vieja vía del acuerdo por encima de la institucionalidad democrática.
Su punto de vista entona muy bien con las no pocas voces que han criticado de manera general la judicialización de la política. De acuerdo con esta postura, la constante impugnación de los resultados electorales reflejaría una supuesta inmadurez entre los políticos quienes no saben aceptar sus derrotas y aspiran a ganar en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas.
Lo que no advierten quienes esto piensan es que el problema central no es la judicialización de la política sino la politización de la justicia. Es efectivamente muy grave que los jueces se dejen dominar por influencias externas y utilicen de manera indebida su investidura para intervenir en los procesos electorales. Con ello se defrauda la voluntad popular y las instituciones democráticas pierden su credibilidad.
Sin embargo, en sí misma la búsqueda de soluciones institucionales a los conflictos electorales es un símbolo de la salud de nuestra democracia, no de alguna enfermedad. La otra alternativa es la barbarie. Específicamente, los pactos de gobernabilidad típicos del régimen priísta son ejercicios sumamente dañinos que, si bien consolidan los acuerdos cupulares entre los integrantes de la clase política, dejan una desagradable sensación de impunidad y simulación entre la sociedad.
Miguel Ángel Yunes, José Rosas Aispuro y Xóchitl Gálvez están en todo su derecho de impugnar hasta las últimas consecuencias las elecciones de Veracruz, Durango e Hidalgo. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la responsabilidad de entrar a fondo en la evaluación de la posible nulidad de estos comicios. El estrecho margen de diferencia entre el primero y segundo lugar en los tres estados junto con las graves acusaciones respecto a la compra y coacción del voto, el robo de urnas, la parcialidad de los institutos electorales, y las intervenciones indebidas de los gobernadores y procuradores actuales así como de los poderes fácticos (tanto empresariales como delincuenciales) configuran un posible escenario altamente violatorio a los principios constitucionales que deberían regir toda contienda electoral.
De la forma en que el TEPJF aborde estos tres casos dependerá el camino hacia 2012. Ojalá que los magistrados estén dispuestos a tomar la ley en la mano y ejercer con plenitud sus facultades constitucionales. Si una evaluación seria y documentada de los casos de Veracruz, Durango e Hidalgo les pone frente a la posible nulidad de las elecciones, los magistrados no deben dudar de su obligación y compromiso con la historia y con el cumplimiento de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de las elecciones.
Las elecciones del pasado 4 de julio demostraron de forma simultánea la existencia de una ciudadanía consciente dispuesta a cobrar facturas a gobernadores corruptos y autoritarios, y la permanencia de las viejas prácticas de fraude electoral y parcialidad institucional. Veracruz, Durango y Hidalgo, en particular, demuestran la otra cara del proceso electoral. Asimismo, en Chihuahua y Tamaulipas ganó una mezcla tóxica de abstencionismo (que fue mayor a 40 por ciento) y temor generado por el narco y la ilegítima operación de la maquinaria electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si bien en Oaxaca, Puebla y Sinaloa los ciudadanos enviaron un mensaje claro a los gobernantes de que no son la masa inerte que los políticos imaginan, las instituciones electorales en todo el país también ratificaron su disposición a hacerse de la vista gorda ante flagrantes violaciones a la ley. Los gobernadores hicieron todo lo posible por intervenir en los procesos electorales. Las grabaciones de Fidel Herrera y Ulises Ruiz son apenas la punta del iceberg. Las televisoras mantuvieron su política de vender entrevistas y notas de manera fraudulenta. Los infomerciales tanto de Eviel Pérez Magaña como de Gabino Cué fueron apenas los ejemplos más burdos de esta desafortunada práctica generalizada. Por su parte, Felipe Calderón tuvo una presencia mediática totalmente irregular durante la semana previa a las eleccciones y sin el menor empacho utilizó los programas de desarrollo social con fines electorales. Aún más grave fue la debilidad del supuesto blindaje contra el financiamiento del narcotráfico para partidos políticos y candidatos.
Mientras, las instituciones responsables se limitan a iniciar las investigaciones correspondientes y emitir amonestaciones públicas. Una vez más se ratifica que en materia electoral la situación se acerca más al escenario de la ley de la selva que al de un verdadero estado de derecho. Todos los actores saben que si quieren tener alguna posibilidad de ganar una elección deben buscar por todas las vías posibles cómo dar la vuelta a la normatividad vigente. Ello sienta un precedente funesto para el futuro y contribuye a la tormenta que podría llegar a desatarse durante las elecciones presidenciales de 2012.
Emilio Gamboa Patrón se equivoca cuando llama a la alianza opositora a aceptar su derrota en Durango y en Veracruz y a entrar en una negociación con los candidatos priístas. Pide un voto de confianza a las instituciones de la República y recuerda que el PRI no regateó el triunfo de Felipe Calderón en 2006, sino que ofreció su respaldo y apoyo. Señala que tal como el PRI ha admitido los resultados adversos en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la coalición debería hacer lo propio en Durango y Veracruz. Queda claro que el dirigente priísta prefiere la vieja vía del acuerdo por encima de la institucionalidad democrática.
Su punto de vista entona muy bien con las no pocas voces que han criticado de manera general la judicialización de la política. De acuerdo con esta postura, la constante impugnación de los resultados electorales reflejaría una supuesta inmadurez entre los políticos quienes no saben aceptar sus derrotas y aspiran a ganar en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas.
Lo que no advierten quienes esto piensan es que el problema central no es la judicialización de la política sino la politización de la justicia. Es efectivamente muy grave que los jueces se dejen dominar por influencias externas y utilicen de manera indebida su investidura para intervenir en los procesos electorales. Con ello se defrauda la voluntad popular y las instituciones democráticas pierden su credibilidad.
Sin embargo, en sí misma la búsqueda de soluciones institucionales a los conflictos electorales es un símbolo de la salud de nuestra democracia, no de alguna enfermedad. La otra alternativa es la barbarie. Específicamente, los pactos de gobernabilidad típicos del régimen priísta son ejercicios sumamente dañinos que, si bien consolidan los acuerdos cupulares entre los integrantes de la clase política, dejan una desagradable sensación de impunidad y simulación entre la sociedad.
Miguel Ángel Yunes, José Rosas Aispuro y Xóchitl Gálvez están en todo su derecho de impugnar hasta las últimas consecuencias las elecciones de Veracruz, Durango e Hidalgo. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene la responsabilidad de entrar a fondo en la evaluación de la posible nulidad de estos comicios. El estrecho margen de diferencia entre el primero y segundo lugar en los tres estados junto con las graves acusaciones respecto a la compra y coacción del voto, el robo de urnas, la parcialidad de los institutos electorales, y las intervenciones indebidas de los gobernadores y procuradores actuales así como de los poderes fácticos (tanto empresariales como delincuenciales) configuran un posible escenario altamente violatorio a los principios constitucionales que deberían regir toda contienda electoral.
De la forma en que el TEPJF aborde estos tres casos dependerá el camino hacia 2012. Ojalá que los magistrados estén dispuestos a tomar la ley en la mano y ejercer con plenitud sus facultades constitucionales. Si una evaluación seria y documentada de los casos de Veracruz, Durango e Hidalgo les pone frente a la posible nulidad de las elecciones, los magistrados no deben dudar de su obligación y compromiso con la historia y con el cumplimiento de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de las elecciones.
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