Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El embeleso producido por la decadencia social, política y cultural es avasallador. Adormece los sentidos, entume la imaginación, paraliza la decisión y, lo más grave, ciega a gobernantes, líderes, políticos profesionales, intelectuales. Les impide ver la desdicha de millones de connacionales y, en consecuencia, buscar soluciones a problemas que se convierten en lastres irresolubles.
Esta cuestión de la desdicha no es asunto menor, tiene alcances que van más allá del reduccionismo político; profundiza la decadencia y su encanto. Apunta mi gurú filosófico: “La desdicha es un desarraigo de la vida, un equivalente más o menos atenuado de la muerte, que se hace presente al alma de manera ineludible por el impacto del dolor físico o el temor ante su inmediatez… Sólo hay verdadera desdicha si el acontecimiento que se ha adueñado de una vida y la ha desarraigado la alcanza directa o indirectamente en todas sus partes, social, psicológica, física. El factor social es esencial. No hay realmente desdicha donde no hay degradación social en alguna de sus formas o conciencia de esa degradación…” Ciudad Juárez es el paradigma de la desdicha nacional.
No encuentro otro término para intentar comprender la actitud de los padres de los 49 niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, al que habría que sumar la distancia que ponen entre ellos y las autoridades federales; alejamiento que propicia en el presidente Felipe Calderón asumir una posición de reordenamiento político, que en otras condiciones ni siquiera consideraría.
Como consecuencia de su visita a Sonora, en el empecinamiento de empezar a perfilar a su candidato presidencial, el presidente -al hablar de la seguridad pública y del Estado de Derecho, como condiciones ineludibles para obtener inversión y crecer económicamente- señaló que el Poder Judicial de la Federación requiere de una depuración y una revisión integral de sus integrantes, pero públicamente no emitió opinión sobre la situación legal de Martín Francisco Lugo Portillo, ex jefe de bomberos de Hermosillo, uno de los merecen todo el peso de la ley y la implacable aplicación de la justicia, mientras Juan Molinar Horcasitas se esforzará por olvidar los rostros de los desdichados padres de familia que se quedaron sin uno de sus hijos.
Pero no únicamente están embargados por la desdicha los sonorenses sin hijos, también los padres de los ejecutados en Torreón, Coahuila, y Ciudad Juárez, Chihuahua, más los millares de mexicanos que padecen las consecuencias de las políticas públicas y, concretamente, los resultados de la cruenta guerra contra la delincuencia organizada, porque al parecer quienes hoy gobiernan carecen de la imaginación suficiente para solucionar los problemas de la seguridad pública sin balazos y sin muertos y, además, sin pifias de jueces y magistrados, de ministros de la SCJN y concejeros de la Judicatura Federal que olvidados de su mandato constitucional, dejan de servir a la sociedad para servir al gobierno, por más que el titular del Ejecutivo desee encubrir esa actitud con su exigencia de depuración.
Las consecuencias de la guerra a los barones de la droga adquieren dimensiones de pesadilla. El Universal publica, en nota de Evangelina Hernández, lo siguiente: “Como una víctima más de la guerra contra el narcotráfico, el nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua ha sido fuertemente torpedeado en su estructura. Más de cien de sus operadores estratégicos han caído por las balas del crimen organizado, lo que ha impedido que en los tres años de su aplicación, se logre el objetivo para el cual fue diseñado: abatir la impunidad en la entidad… Chihuahua se consideró como laboratorio de transición del sistema. Su experiencia serviría de ejemplo a las otras entidades federativas, que por ley tendrán que operar bajo ese régimen antes de 2015, pero que la llamada guerra con los cárteles ha 'hecho imposible que se le muestren a la ciudadanía sus bondades', apuntó Patricia Martínez Ramírez, la procuradora General de Justicia del estado”.
La consecuencia inmediata de que las reformas penales ya estén rebasadas por la delincuencia, se manifestará en los hoyos del tejido social, para los cuales no habrá zurcido invisible que restañe lo roto. Genaro García Luna y Facundo Rosas ofrecieron algo distinto, condicionaron que el Ejército saliese de Ciudad Juárez, concibieron un proyecto que estalló junto con el carro-bomba, por lo que desde el martes más de un centenar de probados elementos castrenses regresaron a Juárez para cuidar de la seguridad de sus habitantes, aunque también dedicados a la búsqueda de armas y explosivos.
El Senado de la República debiera citar a Genaro García Luna y Facundo Rosas para que, con la gentileza que los caracteriza, expliquen a la sociedad que con tanto trabajo paga sus salarios, las razones por las cuales fracasaron en su proyecto, porque la nación se disuelve en la decadencia de manera acelerada, mientras ellos permanecen impávidos.
El embeleso producido por la decadencia social, política y cultural es avasallador. Adormece los sentidos, entume la imaginación, paraliza la decisión y, lo más grave, ciega a gobernantes, líderes, políticos profesionales, intelectuales. Les impide ver la desdicha de millones de connacionales y, en consecuencia, buscar soluciones a problemas que se convierten en lastres irresolubles.
Esta cuestión de la desdicha no es asunto menor, tiene alcances que van más allá del reduccionismo político; profundiza la decadencia y su encanto. Apunta mi gurú filosófico: “La desdicha es un desarraigo de la vida, un equivalente más o menos atenuado de la muerte, que se hace presente al alma de manera ineludible por el impacto del dolor físico o el temor ante su inmediatez… Sólo hay verdadera desdicha si el acontecimiento que se ha adueñado de una vida y la ha desarraigado la alcanza directa o indirectamente en todas sus partes, social, psicológica, física. El factor social es esencial. No hay realmente desdicha donde no hay degradación social en alguna de sus formas o conciencia de esa degradación…” Ciudad Juárez es el paradigma de la desdicha nacional.
No encuentro otro término para intentar comprender la actitud de los padres de los 49 niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, al que habría que sumar la distancia que ponen entre ellos y las autoridades federales; alejamiento que propicia en el presidente Felipe Calderón asumir una posición de reordenamiento político, que en otras condiciones ni siquiera consideraría.
Como consecuencia de su visita a Sonora, en el empecinamiento de empezar a perfilar a su candidato presidencial, el presidente -al hablar de la seguridad pública y del Estado de Derecho, como condiciones ineludibles para obtener inversión y crecer económicamente- señaló que el Poder Judicial de la Federación requiere de una depuración y una revisión integral de sus integrantes, pero públicamente no emitió opinión sobre la situación legal de Martín Francisco Lugo Portillo, ex jefe de bomberos de Hermosillo, uno de los merecen todo el peso de la ley y la implacable aplicación de la justicia, mientras Juan Molinar Horcasitas se esforzará por olvidar los rostros de los desdichados padres de familia que se quedaron sin uno de sus hijos.
Pero no únicamente están embargados por la desdicha los sonorenses sin hijos, también los padres de los ejecutados en Torreón, Coahuila, y Ciudad Juárez, Chihuahua, más los millares de mexicanos que padecen las consecuencias de las políticas públicas y, concretamente, los resultados de la cruenta guerra contra la delincuencia organizada, porque al parecer quienes hoy gobiernan carecen de la imaginación suficiente para solucionar los problemas de la seguridad pública sin balazos y sin muertos y, además, sin pifias de jueces y magistrados, de ministros de la SCJN y concejeros de la Judicatura Federal que olvidados de su mandato constitucional, dejan de servir a la sociedad para servir al gobierno, por más que el titular del Ejecutivo desee encubrir esa actitud con su exigencia de depuración.
Las consecuencias de la guerra a los barones de la droga adquieren dimensiones de pesadilla. El Universal publica, en nota de Evangelina Hernández, lo siguiente: “Como una víctima más de la guerra contra el narcotráfico, el nuevo sistema de justicia penal de Chihuahua ha sido fuertemente torpedeado en su estructura. Más de cien de sus operadores estratégicos han caído por las balas del crimen organizado, lo que ha impedido que en los tres años de su aplicación, se logre el objetivo para el cual fue diseñado: abatir la impunidad en la entidad… Chihuahua se consideró como laboratorio de transición del sistema. Su experiencia serviría de ejemplo a las otras entidades federativas, que por ley tendrán que operar bajo ese régimen antes de 2015, pero que la llamada guerra con los cárteles ha 'hecho imposible que se le muestren a la ciudadanía sus bondades', apuntó Patricia Martínez Ramírez, la procuradora General de Justicia del estado”.
La consecuencia inmediata de que las reformas penales ya estén rebasadas por la delincuencia, se manifestará en los hoyos del tejido social, para los cuales no habrá zurcido invisible que restañe lo roto. Genaro García Luna y Facundo Rosas ofrecieron algo distinto, condicionaron que el Ejército saliese de Ciudad Juárez, concibieron un proyecto que estalló junto con el carro-bomba, por lo que desde el martes más de un centenar de probados elementos castrenses regresaron a Juárez para cuidar de la seguridad de sus habitantes, aunque también dedicados a la búsqueda de armas y explosivos.
El Senado de la República debiera citar a Genaro García Luna y Facundo Rosas para que, con la gentileza que los caracteriza, expliquen a la sociedad que con tanto trabajo paga sus salarios, las razones por las cuales fracasaron en su proyecto, porque la nación se disuelve en la decadencia de manera acelerada, mientras ellos permanecen impávidos.
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