Luis Javier Garrido
El país se halla ya en la más absoluta ilegalidad tras la decisión vergonzosa del Poder Judicial de avalar el proceder anticonstitucional de Felipe Calderón de asaltar por la fuerza y sin sustento jurídico, el otoño pasado, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y violar los derechos laborales de 44 mil trabajadores.
1. El fallo, sin que mediara discusión alguna, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de julio ante la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (aprobado de manera unánime por 10 de los 11 ministros presentes), declarando constitucional el decreto de Calderón del 11 de octubre de 2009 –en el que éste se arrogó facultades que no tiene para disponer del patrimonio de la nación y pisotear los derechos de los trabajadores al ordenar la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro– es una decisión política y no jurídica que quebranta gravemente el orden constitucional de México, como han coincidido en señalar los principales juristas del país.
2. No es esta la primera ocasión que la SCJN se cubre de ignominia al emitir un fallo que de manera abierta avala una violación del Ejecutivo a la Constitución, y aprueba la violación de los derechos de la nación para hacer posible que se apoderen de enclaves estratégicos de ella corporaciones extranjeras o atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos, pero nunca antes un fallo del que se supone debería de ser el más alto tribunal del país quebranta de manera tan abierta el orden constitucional de la República, pues hace inexistentes los fundamentos torales de ésta, que sustentan la unidad de los mexicanos.
3. El mensaje que los que para muchos son ya sin excepción irresponsables ministros de la SCJN están enviando al país no podía ser más crítico en las actuales circunstancias, pues están diciéndole a la nación y a los mexicanos que como acontece en cualquier régimen despótico, en el de México no hay más legalidad que la de la fuerza de los grupos de mafiosos en el poder y de los intereses económicos a los que sirven, y que el gobierno de facto que tiene el país se halla al margen de cualquier legalidad en los días en que pretende "celebrar" 200 años de Independencia y 100 del inicio de una Revolución que no ha dejado de traicionar.
4. Las gravísimas consecuencias jurídicas y políticas de un fallo en este sentido, que no se cansó de anunciar desde semanas atrás Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo de Calderón (lo que hizo asumir que él había contribuido a su elaboración), fueron advertidas por múltiples juristas durante las sesiones del foro de análisis sobre el decreto llevadas a cabo en el Senado los días 29 y 30 de junio, quienes señalaron que por la trascendencia de los asuntos que entrañaba, una aberración de está índole no podría pasar inadvertida y confirmaría que en el país no hay un estado de derecho. Y esto es lo que muchos están ahora terminando por entender: que no existe en el país tribunal alguno que pueda defender los derechos de los mexicanos, y que al haberse quebrantado por completo la legalidad de la nación, los mexicanos para defenderse no tienen más disyuntiva que la de la resistencia cívica a ultranza, como lo está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas al convocar a una mayor movilización de la nación, o la de la revolución armada, como algunos grupos lo están sosteniendo en diversas regiones del país.
5. La SCJN tiene en el régimen constitucional mexicano el papel relevante de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, tal y como le fue siendo definido a lo largo del siglo XIX y en la Constitución de 1917 y precisado tras las reformas de 1994, pero en el sistema político actual se ha convertido en una instancia que sólo sirve para satisfacer las órdenes del Ejecutivo y convalidar el proceso de desmantelamiento de la Constitución General de la República, al avalar el desacato abierto de ésta por las autoridades y la expedición de normas secundarias que la contradicen de manera abierta para instaurar en su lugar como norma suprema del país a las costumbres y prácticas no escritas de las corporaciones trasnacionales, para las que las naciones no tienen áreas estratégicas reservadas y ni existen derechos laborales.
6. El ministro Juan N. Silva Meza, quien pretende haber elaborado el dictamen que fue aprobado por el pleno, es amigo íntimo de Felipe Calderón desde que su familia acogió en la capital, a mediados del siglo pasado, a Luis Calderón Vega, padre de Felipe, según lo cuenta éste en sus apuntes autobiográficos, y llegó a la Corte en 1994 al ser tomada ésta por la extrema derecha, pero no tuvo la decencia de excusarse de conocer del asunto por este impedimento, de ahí que no extrañe la ausencia de argumentos jurídicos de dicho dictamen.
7. El documento aprobado por los ministros no puede explicar, en consecuencia, cómo en el régimen constitucional mexicano puede el titular del Ejecutivo ejercer atribuciones que la Constitución no le otorga y disponer del patrimonio de la nación como en las monarquías absolutistas europeas del siglo XVIII y de esta manera hacer suya una función que sólo corresponde al Congreso: la de legislar para crear y extinguir organismos públicos.
8. La burda estrategia diseñada en Los Pinos para que el fallo aberrante contra los electricistas pudiera parecer legal supuso emitirlo unos días después del que exoneró a los detenidos de Atenco, pero esto también le falló. El gobierno ordenó a la SCJN liberar a los campesinos atenquenses porque la presión nacional e internacional le hacía imposible mantenerlos detenidos, pero se equivocó al pretender utilizar políticamente la decisión para culpar del caso al gobernador mexiquense Peña Nieto en víspera de las elecciones, y también al tratarle de dar con ella una aureola de credibilidad a la Corte.
9. Los electricistas no tienen ahora más disyuntiva que la de insistir en su misma lucha demandando la reinstalación de todos los trabajadores no liquidados y el respeto a su organización sindical, aunque se abre también la vía para demandar al gobierno mexicano ante los tribunales internacionales y pedir al Congreso iniciar juicio político contra los ministros de la SCJN.
10. El respaldo decidido de los mexicanos en las semanas que vienen a esta lucha del SME constituye, por eso, como muchos han comprendido en este momento de trascendencia histórica, una defensa de los derechos de todos los trabajadores del país, que les están siendo cancelados de manera indiscriminada por la extrema derecha en el poder, así como de los propios derechos de la nación mexicana a disponer de sus recursos estratégicos para beneficio de todos.
El país se halla ya en la más absoluta ilegalidad tras la decisión vergonzosa del Poder Judicial de avalar el proceder anticonstitucional de Felipe Calderón de asaltar por la fuerza y sin sustento jurídico, el otoño pasado, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y violar los derechos laborales de 44 mil trabajadores.
1. El fallo, sin que mediara discusión alguna, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de julio ante la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (aprobado de manera unánime por 10 de los 11 ministros presentes), declarando constitucional el decreto de Calderón del 11 de octubre de 2009 –en el que éste se arrogó facultades que no tiene para disponer del patrimonio de la nación y pisotear los derechos de los trabajadores al ordenar la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro– es una decisión política y no jurídica que quebranta gravemente el orden constitucional de México, como han coincidido en señalar los principales juristas del país.
2. No es esta la primera ocasión que la SCJN se cubre de ignominia al emitir un fallo que de manera abierta avala una violación del Ejecutivo a la Constitución, y aprueba la violación de los derechos de la nación para hacer posible que se apoderen de enclaves estratégicos de ella corporaciones extranjeras o atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos, pero nunca antes un fallo del que se supone debería de ser el más alto tribunal del país quebranta de manera tan abierta el orden constitucional de la República, pues hace inexistentes los fundamentos torales de ésta, que sustentan la unidad de los mexicanos.
3. El mensaje que los que para muchos son ya sin excepción irresponsables ministros de la SCJN están enviando al país no podía ser más crítico en las actuales circunstancias, pues están diciéndole a la nación y a los mexicanos que como acontece en cualquier régimen despótico, en el de México no hay más legalidad que la de la fuerza de los grupos de mafiosos en el poder y de los intereses económicos a los que sirven, y que el gobierno de facto que tiene el país se halla al margen de cualquier legalidad en los días en que pretende "celebrar" 200 años de Independencia y 100 del inicio de una Revolución que no ha dejado de traicionar.
4. Las gravísimas consecuencias jurídicas y políticas de un fallo en este sentido, que no se cansó de anunciar desde semanas atrás Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo de Calderón (lo que hizo asumir que él había contribuido a su elaboración), fueron advertidas por múltiples juristas durante las sesiones del foro de análisis sobre el decreto llevadas a cabo en el Senado los días 29 y 30 de junio, quienes señalaron que por la trascendencia de los asuntos que entrañaba, una aberración de está índole no podría pasar inadvertida y confirmaría que en el país no hay un estado de derecho. Y esto es lo que muchos están ahora terminando por entender: que no existe en el país tribunal alguno que pueda defender los derechos de los mexicanos, y que al haberse quebrantado por completo la legalidad de la nación, los mexicanos para defenderse no tienen más disyuntiva que la de la resistencia cívica a ultranza, como lo está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas al convocar a una mayor movilización de la nación, o la de la revolución armada, como algunos grupos lo están sosteniendo en diversas regiones del país.
5. La SCJN tiene en el régimen constitucional mexicano el papel relevante de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, tal y como le fue siendo definido a lo largo del siglo XIX y en la Constitución de 1917 y precisado tras las reformas de 1994, pero en el sistema político actual se ha convertido en una instancia que sólo sirve para satisfacer las órdenes del Ejecutivo y convalidar el proceso de desmantelamiento de la Constitución General de la República, al avalar el desacato abierto de ésta por las autoridades y la expedición de normas secundarias que la contradicen de manera abierta para instaurar en su lugar como norma suprema del país a las costumbres y prácticas no escritas de las corporaciones trasnacionales, para las que las naciones no tienen áreas estratégicas reservadas y ni existen derechos laborales.
6. El ministro Juan N. Silva Meza, quien pretende haber elaborado el dictamen que fue aprobado por el pleno, es amigo íntimo de Felipe Calderón desde que su familia acogió en la capital, a mediados del siglo pasado, a Luis Calderón Vega, padre de Felipe, según lo cuenta éste en sus apuntes autobiográficos, y llegó a la Corte en 1994 al ser tomada ésta por la extrema derecha, pero no tuvo la decencia de excusarse de conocer del asunto por este impedimento, de ahí que no extrañe la ausencia de argumentos jurídicos de dicho dictamen.
7. El documento aprobado por los ministros no puede explicar, en consecuencia, cómo en el régimen constitucional mexicano puede el titular del Ejecutivo ejercer atribuciones que la Constitución no le otorga y disponer del patrimonio de la nación como en las monarquías absolutistas europeas del siglo XVIII y de esta manera hacer suya una función que sólo corresponde al Congreso: la de legislar para crear y extinguir organismos públicos.
8. La burda estrategia diseñada en Los Pinos para que el fallo aberrante contra los electricistas pudiera parecer legal supuso emitirlo unos días después del que exoneró a los detenidos de Atenco, pero esto también le falló. El gobierno ordenó a la SCJN liberar a los campesinos atenquenses porque la presión nacional e internacional le hacía imposible mantenerlos detenidos, pero se equivocó al pretender utilizar políticamente la decisión para culpar del caso al gobernador mexiquense Peña Nieto en víspera de las elecciones, y también al tratarle de dar con ella una aureola de credibilidad a la Corte.
9. Los electricistas no tienen ahora más disyuntiva que la de insistir en su misma lucha demandando la reinstalación de todos los trabajadores no liquidados y el respeto a su organización sindical, aunque se abre también la vía para demandar al gobierno mexicano ante los tribunales internacionales y pedir al Congreso iniciar juicio político contra los ministros de la SCJN.
10. El respaldo decidido de los mexicanos en las semanas que vienen a esta lucha del SME constituye, por eso, como muchos han comprendido en este momento de trascendencia histórica, una defensa de los derechos de todos los trabajadores del país, que les están siendo cancelados de manera indiscriminada por la extrema derecha en el poder, así como de los propios derechos de la nación mexicana a disponer de sus recursos estratégicos para beneficio de todos.
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