»La noticia es que el pleito entre la cadena de restaurantes Italianni’s y la firma franquicitaria Alsea alcanzó ya categoría internacional, al llegar a una Corte de los Estados Unidos, concretamente al Distrito Central de California
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y... Nombres
La primera demandó a la segunda, encabezada por Alberto Torrado, con el afán de impedir que siga importando franquicias de la famosa marca California Pizza Kitchen.
Lo interesante del asunto es que detrás de la querella esta la calificada firma de abogados Quino Emanuel Urguhart & Sullivan, reputada como el mejor despacho de la Unión Americana en materia de propiedad intelectual, lo que da idea de la enjundia con que pelea el reclamante.
Más aún, el abogado que lleva el caso, Stephen R. Neuwirth, es el mismo que acaba de ganar un pleito entre Televisa de Emilio Azcárraga y el banco JP Morgan Chase Bank, que le impide a éste vender un préstamo otorgado a la filial del consorcio de Emilio Azcárraga Jean, Cablevisión, al grupo Inbursa del magnate Carlos Slim Helú.
La exposición de motivos hablaba de que ésta tendría acceso a información confidencial de la firma de la que alguna vez fue socio al 50 por ciento.
El pleito entre Italianni’s, propiedad de Eduardo Cachoua Flores y la principal proveedora de franquicias del país, se inició hace dos años, cuando la primera demandó el incumplimiento de un contrato firmado que obliga a Alsea a comprarle sus 37 sucursales en el país, además de desarrollar la marca.
De hecho, se hablaba de abrir 70 restaurantes más en los siguientes 10 años.
La operación había sido ya avalada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
La explicación de Alsea para justificar el incumplimiento hablaba de que la contraparte no cubrió en tiempo y forma algunos requisitos previstos en una carta-compromiso previa al contrato.
El caso es que Italianni’s pidió aldededor de 150 millones de dólares por reparación del daño… y ganó el pleito en primera instancia.
El juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió una sentencia el 19 de noviembre de 2009 que obligaba a Alsea a validar la operación, además de condenarla a pagar a favor de Northem Stars Corporation Limited la reparación del daño, con un interés moratorio equivalente a dos veces la Tasa de Interés Interbancaria Estimada, es decir más-menos nueve por ciento.
Naturalmente, Alsea apeló ante un Tribunal Colegiado, que aún no resuelve.
El caso es que en el contrato de la discordia se le prohibía a Alsea invertir en la empresa franquicitaria que desarrollaba en México la marca California Pizza Kitchen, en la lógica de que sería como ponerle tienda de enfrente a Italianni’s.
Es caso es que la familia Torrado hizo caso omiso de la cláusula, al incrementar su participación en la firma franquiciataria de razón social Calpik Duraznos, al punto de volverse el socio mayoritario.
La acción dio origen a una nueva demanda planteada ante el propio juzgado Quinto de Distrito del Distrito Federal.
La querella planteaba un agravante. Según ello, Alsea habría utilizado la información confidencial de Italianni’s para invertir en la competencia.
Ante ello, el juez de la causa emitió una medida cautelar contra Alsea y la familia Torrado, que les exigía abstenerse de participar en Calpik Duraznos o cualquier otra empresa franquicitaria de California Pizza Kitchen.
La medida, según los abogados demandantes, quedó firme, es decir sin opción de apelación.
Sin embargo, Alsea continuó importando la franquicia.
De ahí, pues, el que la querella se haya llevado a los Estados Unidos, en la lógica de alertar a la firma matriz de los riesgos en que incurre.
Si la empresa Alsea no respeta las leyes mexicanas, tal vez la firma con la que hace negocios desde Estados Unidos lo haga en relación a sus propios ordenamientos.
Por lo pronto, Italianni’s va con todo al nuevo ring.
Balance general
De acuerdo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la medida cautelar dictada por la Juez Tercero de Distrito de Acapulco, Guerrero, a solicitud de Iusacell, en cuyas telas se ordena suspender las licitaciones 20 y 21 del espectro radioeléctrico, no le ha sido notificada.
Sin embargo, el trámite se cubrió ante el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sede en Acapulco, quien devolvió la notificación ilegalmente, alegando que el asunto no era de su incumbencia.
De ser así, se desmiente la aseveración del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, quien había señalado que orgánicamente está sujeta a las decisiones de la dependencia.
¿Sí… pero no?
La paradoja, además, es que sin haber sido notificada, la Cofetel pidió un amparo contra la medida cautelar… que le fue negado.
Se diría, pues, que el Gobierno federal juega a la chicana como cualquier hijo de vecino.
¡Rediez y más rediez!
En alarde de prepotencia, finalmente las empresas españolas AENA y Abertis desafiaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirige Juan Molinar al soslayar su recomendación de no realizar una asamblea de socios del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)ante el mandato judicial que exigía reponer en la presidencia del Consejo de Administración a Laura Díez Barroso Azcárraga, quien representa los intereses del socio mexicano, la Controladora Mexicana de Aeropuertos.
La accidentada asamblea la presidió el hispano Demetrio Ullastres, a quien se le acusa de estar ilegalmente en el país.
La paradoja del caso es que la asamblea rechazó la posibilidad de ratificar a los consejeros “independientes” nombrados por los españoles, y se aplazó para dos días después la supuesta necesidad de nombrar a un nuevo presidente.
Finalmente, el domingo, bajo las mismas bases de ilegalidad, se celebraría ésta, nombrándose como presidente a Guillermo Díez de Rivera Alvarez… a propuesta, naturalmente, de los españoles.
El problema para la Controladora Mexicana de Aeropuertos, dueña del 5% del paquete de control, cuyo monto es del 15%, es que sus representantes asistieron al evento, lo cual dificultará su apelación.
La pregunta, empero, es si la SCT se mantendrá cruzada de brazos.
Más líos de Gas del Caribe
A contrapelo de las acusaciones de soborno que pesan en su contra y de las resoluciones del Congreso Nacional de Honduras que obligan a reubicar su planta almacenadora de gas ubicada en un centro turístico de la ciudad de Omoa, la firma mexicana Gas del Caribe, propiedad de Tomás y Enrique Zaragoza, insiste en mantenerse en el lugar.
De hecho, está presionando a la Secretaría de Recursos Naturales del país centroamericano para que le revalide el permiso para mantener sus cinco colosales esferas en la playa del paraíso.
Lo último que ha logrado es la instauración de un Comité Técnico para “analizar el problema”, a contrapelo de decenas de dictámenes técnicos; de la oposición de grupos ecologistas; de la Procuraduría de Justicia, y aún de resoluciones por unanimidad de las bancadas del Congreso.
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y... Nombres
La primera demandó a la segunda, encabezada por Alberto Torrado, con el afán de impedir que siga importando franquicias de la famosa marca California Pizza Kitchen.
Lo interesante del asunto es que detrás de la querella esta la calificada firma de abogados Quino Emanuel Urguhart & Sullivan, reputada como el mejor despacho de la Unión Americana en materia de propiedad intelectual, lo que da idea de la enjundia con que pelea el reclamante.
Más aún, el abogado que lleva el caso, Stephen R. Neuwirth, es el mismo que acaba de ganar un pleito entre Televisa de Emilio Azcárraga y el banco JP Morgan Chase Bank, que le impide a éste vender un préstamo otorgado a la filial del consorcio de Emilio Azcárraga Jean, Cablevisión, al grupo Inbursa del magnate Carlos Slim Helú.
La exposición de motivos hablaba de que ésta tendría acceso a información confidencial de la firma de la que alguna vez fue socio al 50 por ciento.
El pleito entre Italianni’s, propiedad de Eduardo Cachoua Flores y la principal proveedora de franquicias del país, se inició hace dos años, cuando la primera demandó el incumplimiento de un contrato firmado que obliga a Alsea a comprarle sus 37 sucursales en el país, además de desarrollar la marca.
De hecho, se hablaba de abrir 70 restaurantes más en los siguientes 10 años.
La operación había sido ya avalada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
La explicación de Alsea para justificar el incumplimiento hablaba de que la contraparte no cubrió en tiempo y forma algunos requisitos previstos en una carta-compromiso previa al contrato.
El caso es que Italianni’s pidió aldededor de 150 millones de dólares por reparación del daño… y ganó el pleito en primera instancia.
El juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió una sentencia el 19 de noviembre de 2009 que obligaba a Alsea a validar la operación, además de condenarla a pagar a favor de Northem Stars Corporation Limited la reparación del daño, con un interés moratorio equivalente a dos veces la Tasa de Interés Interbancaria Estimada, es decir más-menos nueve por ciento.
Naturalmente, Alsea apeló ante un Tribunal Colegiado, que aún no resuelve.
El caso es que en el contrato de la discordia se le prohibía a Alsea invertir en la empresa franquicitaria que desarrollaba en México la marca California Pizza Kitchen, en la lógica de que sería como ponerle tienda de enfrente a Italianni’s.
Es caso es que la familia Torrado hizo caso omiso de la cláusula, al incrementar su participación en la firma franquiciataria de razón social Calpik Duraznos, al punto de volverse el socio mayoritario.
La acción dio origen a una nueva demanda planteada ante el propio juzgado Quinto de Distrito del Distrito Federal.
La querella planteaba un agravante. Según ello, Alsea habría utilizado la información confidencial de Italianni’s para invertir en la competencia.
Ante ello, el juez de la causa emitió una medida cautelar contra Alsea y la familia Torrado, que les exigía abstenerse de participar en Calpik Duraznos o cualquier otra empresa franquicitaria de California Pizza Kitchen.
La medida, según los abogados demandantes, quedó firme, es decir sin opción de apelación.
Sin embargo, Alsea continuó importando la franquicia.
De ahí, pues, el que la querella se haya llevado a los Estados Unidos, en la lógica de alertar a la firma matriz de los riesgos en que incurre.
Si la empresa Alsea no respeta las leyes mexicanas, tal vez la firma con la que hace negocios desde Estados Unidos lo haga en relación a sus propios ordenamientos.
Por lo pronto, Italianni’s va con todo al nuevo ring.
Balance general
De acuerdo a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la medida cautelar dictada por la Juez Tercero de Distrito de Acapulco, Guerrero, a solicitud de Iusacell, en cuyas telas se ordena suspender las licitaciones 20 y 21 del espectro radioeléctrico, no le ha sido notificada.
Sin embargo, el trámite se cubrió ante el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con sede en Acapulco, quien devolvió la notificación ilegalmente, alegando que el asunto no era de su incumbencia.
De ser así, se desmiente la aseveración del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, quien había señalado que orgánicamente está sujeta a las decisiones de la dependencia.
¿Sí… pero no?
La paradoja, además, es que sin haber sido notificada, la Cofetel pidió un amparo contra la medida cautelar… que le fue negado.
Se diría, pues, que el Gobierno federal juega a la chicana como cualquier hijo de vecino.
¡Rediez y más rediez!
En alarde de prepotencia, finalmente las empresas españolas AENA y Abertis desafiaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirige Juan Molinar al soslayar su recomendación de no realizar una asamblea de socios del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)ante el mandato judicial que exigía reponer en la presidencia del Consejo de Administración a Laura Díez Barroso Azcárraga, quien representa los intereses del socio mexicano, la Controladora Mexicana de Aeropuertos.
La accidentada asamblea la presidió el hispano Demetrio Ullastres, a quien se le acusa de estar ilegalmente en el país.
La paradoja del caso es que la asamblea rechazó la posibilidad de ratificar a los consejeros “independientes” nombrados por los españoles, y se aplazó para dos días después la supuesta necesidad de nombrar a un nuevo presidente.
Finalmente, el domingo, bajo las mismas bases de ilegalidad, se celebraría ésta, nombrándose como presidente a Guillermo Díez de Rivera Alvarez… a propuesta, naturalmente, de los españoles.
El problema para la Controladora Mexicana de Aeropuertos, dueña del 5% del paquete de control, cuyo monto es del 15%, es que sus representantes asistieron al evento, lo cual dificultará su apelación.
La pregunta, empero, es si la SCT se mantendrá cruzada de brazos.
Más líos de Gas del Caribe
A contrapelo de las acusaciones de soborno que pesan en su contra y de las resoluciones del Congreso Nacional de Honduras que obligan a reubicar su planta almacenadora de gas ubicada en un centro turístico de la ciudad de Omoa, la firma mexicana Gas del Caribe, propiedad de Tomás y Enrique Zaragoza, insiste en mantenerse en el lugar.
De hecho, está presionando a la Secretaría de Recursos Naturales del país centroamericano para que le revalide el permiso para mantener sus cinco colosales esferas en la playa del paraíso.
Lo último que ha logrado es la instauración de un Comité Técnico para “analizar el problema”, a contrapelo de decenas de dictámenes técnicos; de la oposición de grupos ecologistas; de la Procuraduría de Justicia, y aún de resoluciones por unanimidad de las bancadas del Congreso.
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