Huelga de hambre y lucha política

José Antonio Crespo / Horizonte Político

Celebro que nadie haya muerto entre los electricistas que emprendieron una huelga de hambre (aunque, según los médicos que los atendieron, estaban sanos como manzanas, recobrándose en dos días y regresando por propio pie a su casa). Pero, me parece que al comentar y reflexionar sobre ese evento, muchos tienden a confundir la nobleza de los medios con la legitimidad de los fines. La huelga de hambre es un medio de lucha política, no un fin en sí mismo. Por lo cual podemos distinguir claramente entre el análisis y la evaluación del medio y de los fines que se busca alcanzar con aquél. La huelga laboral puede ser también una vía relativamente benigna frente a, por ejemplo, la rebelión o el sabotaje. Es una vía pacífica que, sin embargo, puede provocar daños económicos a una empresa, en particular, que indirectamente puede provocar perjuicios sociales (dependiendo del ramo del que hablemos). Hay también huelgas patronales, que pretenden afectar al gobierno o a la nación en su conjunto, dañando parcial y temporalmente la economía nacional. La huelga de hambre es una derivación más fina de esa forma de presión política, digna, noble y civilizada. Quien recurre a ella busca ciertos fines políticos o sociales sin afectar la integridad o los derechos de otros (como ocurre claramente cuando se incurre en violencia), sino, al contrario, lo que pone en juego es su salud y propia vida. ¿Cómo no admirar y respetar esta forma de lucha política? Dice el sociólogo francés Hervé Ott que "La huelga de hambre ilimitada es un acto de apremio. No busca tanto la popularización de una lucha, sino su éxito final… terminando con la situación denunciada como injusta".

Eso, en relación al medio utilizado; los fines que de esa forma se persiguen pueden variar significativamente, por lo cual cabe distinguir entre las demandas legítimas, razonables y viables (es decir, que sea posible técnica, económica, política o institucionalmente aplicarlas) de las que no lo son. La legitimidad de una causa puede ser determinada a partir de la perspectiva ideológica y valorativa con que se aborde. Es probable que a muchos ingleses la causa primordial de Ghandi - la independencia de la India - les pareciera injusta, incomprensible, e incluso irracional (pues sostenían, no sin fundamento, que al retirarse los británicos, hindúes y musulmanes entrarían en confrontación violenta, como en efecto sucedió). Pero para los independentistas indios se trababa de una causa esencial, legítima e irrenunciable. En esto hay, pues, una buena dosis de subjetivismo.

Pero la razonabilidad y viabilidad de una demanda podría estar menos sujeta a valoraciones morales o políticas, y más a aspectos técnicos, cuyos efectos positivos o negativos al interés colectivo puedan medirse con cierta precisión; demandas susceptibles, por tanto, de una valoración más aproximada a la objetividad (aunque las pasiones suelen nublar la razón y liquidar todo intento de objetividad). De hecho, las probabilidades de éxito de un ayuno se elevan conforme las demandas sean más legítimas, razonables y viables. Pensemos en algunos ejemplos extremos; supongamos un pequeño grupo de pacifistas extremos (o utópicos sociales) que ven en el Ejército a un instrumento de guerra, destrucción, conflictividad, o bien el clásico aparato represor de un Estado injusto y explotador. Y que con absoluta e indiscutible buena fe, exigieran mediante una huelga de hambre su desaparición total. En una sociedad que mayoritariamente considerara como indispensable al Ejército para preservar su soberanía y defensa ante naciones externas o grupos subversivos, pocos aceptarían como razonable - o políticamente viable - esa demanda. Supongamos ahora otro grupo o individuo que hiciera huelga de hambre exigiendo la renuncia inmediata del jefe de gobierno (cuya legitimidad fuese incuestionable por la gran mayoría) por ser – a sus ojos - inepto para ocupar ese cargo. ¿Qué harían en esos casos el gobierno y la sociedad? ¿Cederían a tan poco razonables exigencias para salvar la vida, en sí misma valiosa, de uno o más huelguistas? Probablemente no. El Estado quedaría debilitado, vulnerable frente a futuras presiones y chantajes. No digo que en ese extremo estén las exigencias de los electricistas, pero probablemente tampoco todas se ubiquen en el extremo opuesto, es decir, cuando son plenamente razonables y absolutamente viables. Conviene, en todo caso, distinguir la nobleza de los medios de la viabilidad y razonabilidad de los fines. Ahí puede radicar la diferencia entre sacrificio y chantaje.

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