Francisco Garfias
Las medidas cautelares para preservar el derecho a la vida de los huelguistas de hambre del SME, solicitadas por la CNDH a las autoridades federales y del DF, provocaron inquietud en Bucareli. “Nos mete en un aprieto terrible. Pone la responsabilidad de lo que suceda en el gobierno”, reconoció Roberto Gil, subsecretario de gobierno de la Segob.
El funcionario no ocultaba su preocupación por el deterioro de la salud de Miguel Ángel Ibarra Jiménez, quien sufrió un “preinfarto” el pasado lunes después de 82 días de ayuno. Pero también de Cayetano Cabrera, 86 días sin comer. Sabe que los huelguistas de hambre no se andan con jueguitos, y que puede haber un desenlace fatal.
Cayetano y los suyos creen a ciegas en las promesas de su líder, Martín Esparza, de que van a reinstalar a los 44 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, si mantienen el ayuno. La causa es noble. La lucha es para recuperar el trabajo. La demanda, sin embargo, “es imposible de cumplir”, advirtió el funcionario.
Gil se queja de la insensibilidad de Esparza. Una y otra vez le ha pedido al líder sindical que intervenga para que levanten la huelga de hambre. Una y otra vez se ha topado con la misma respuesta: Es una decisión voluntaria. El funcionario no esconde su indignación por el hecho de que el mero mero del SME haya hecho firmar a Cayetano una carta en la que lo exonera de responsabilidad en caso de un desenlace fatal.
El gobierno, por cierto, mantiene cerca de los ayunantes una ambulancia permanente. Los servicios médicos están al alcance de ellos. Esas son las medidas cautelares que pide la CNDH. El problema es no los dejan intervenir. “Quieren fabricar un muerto”, acusa el subsecretario.
Otro que debe estar nervioso es Javier Lozano Alarcón. El futuro político del secretario del Trabajo está vinculado irremediablemente a la suerte de los huelguistas. Es la cara visible del gobierno en el conflicto con el SME. Un desenlace fatal lesionaría aún más su imagen frente a la clase trabajadora.
* * *
Las autoridades federales están desconcertadas por el debate que la explosión del coche bomba en Ciudad Juárez ha generado en los medios de comunicación. No les gusta que se utilice, con tanta ligereza, la palabra “narcoterrorismo”, para describir el singular acontecimiento en el que, por primera vez, se utilizó un teléfono celular para detonar, a distancia, los explosivos. El evento dejó cuatro muertos, y ha servido para evocar la época de Pablo Escobar en Colombia.
El propio Roberto Gil manifiesta que no existen indicios de que los cárteles de la droga hayan optado por cometer sistemáticamente actos selectivos y de impacto masivo –uno de los elementos del terrorismo– para proteger sus actividades ilícitas. Está convencido de que se trata de un “incidente aislado” que se deriva del acoso que han sufrido por parte de las fuerzas del Estado. “Ya no quieren estar en la línea de batalla; por eso matan de lejitos”, asevera el subsecretario.
Más allá de las definiciones técnicas que pueda provocar el sofisticado método que utilizaron los criminales en Juárez, hay una verdad incontrovertible: la población está aterrorizada.
* * *
Carlos Lozano nos cuenta que aprovechó su vista a Los Pinos, el lunes pasado, para pedir al presidente Calderón le “levante el castigo” a Aguascalientes. El gobernador electo de esa entidad explicó que los constantes desencuentros entre el mandatario saliente, Luis Armando Reinoso, y el Partido Acción Nacional, se tradujeron en menos recursos federales para la entidad.
El priista manifestó también que el tema de la seguridad ocupó parte de la charla. La entidad, otrora una de las más tranquilas de la República, registró hechos de violencia relacionados con los narcos, durante el sexenio del ¿panista? Reinoso. “Le dije al presidente que Aguascalientes es un estado pequeño que puede servir como modelo a nuevas estrategias para combatir el crimen organizado”, narró Lozano. El hombre de veía contento. Encontró un presidente muy receptivo y dispuesto a trabajar con él.
* * *
Roberto Mourey, coordinador de imagen de Vicente Fox en el sexenio pasado, está de regreso en Los Pinos. Ocupará la oficina que dejó vacante Alejandra Sota, recién designada coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República. Será el nuevo coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental de Felipe.
Las medidas cautelares para preservar el derecho a la vida de los huelguistas de hambre del SME, solicitadas por la CNDH a las autoridades federales y del DF, provocaron inquietud en Bucareli. “Nos mete en un aprieto terrible. Pone la responsabilidad de lo que suceda en el gobierno”, reconoció Roberto Gil, subsecretario de gobierno de la Segob.
El funcionario no ocultaba su preocupación por el deterioro de la salud de Miguel Ángel Ibarra Jiménez, quien sufrió un “preinfarto” el pasado lunes después de 82 días de ayuno. Pero también de Cayetano Cabrera, 86 días sin comer. Sabe que los huelguistas de hambre no se andan con jueguitos, y que puede haber un desenlace fatal.
Cayetano y los suyos creen a ciegas en las promesas de su líder, Martín Esparza, de que van a reinstalar a los 44 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza, si mantienen el ayuno. La causa es noble. La lucha es para recuperar el trabajo. La demanda, sin embargo, “es imposible de cumplir”, advirtió el funcionario.
Gil se queja de la insensibilidad de Esparza. Una y otra vez le ha pedido al líder sindical que intervenga para que levanten la huelga de hambre. Una y otra vez se ha topado con la misma respuesta: Es una decisión voluntaria. El funcionario no esconde su indignación por el hecho de que el mero mero del SME haya hecho firmar a Cayetano una carta en la que lo exonera de responsabilidad en caso de un desenlace fatal.
El gobierno, por cierto, mantiene cerca de los ayunantes una ambulancia permanente. Los servicios médicos están al alcance de ellos. Esas son las medidas cautelares que pide la CNDH. El problema es no los dejan intervenir. “Quieren fabricar un muerto”, acusa el subsecretario.
Otro que debe estar nervioso es Javier Lozano Alarcón. El futuro político del secretario del Trabajo está vinculado irremediablemente a la suerte de los huelguistas. Es la cara visible del gobierno en el conflicto con el SME. Un desenlace fatal lesionaría aún más su imagen frente a la clase trabajadora.
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Las autoridades federales están desconcertadas por el debate que la explosión del coche bomba en Ciudad Juárez ha generado en los medios de comunicación. No les gusta que se utilice, con tanta ligereza, la palabra “narcoterrorismo”, para describir el singular acontecimiento en el que, por primera vez, se utilizó un teléfono celular para detonar, a distancia, los explosivos. El evento dejó cuatro muertos, y ha servido para evocar la época de Pablo Escobar en Colombia.
El propio Roberto Gil manifiesta que no existen indicios de que los cárteles de la droga hayan optado por cometer sistemáticamente actos selectivos y de impacto masivo –uno de los elementos del terrorismo– para proteger sus actividades ilícitas. Está convencido de que se trata de un “incidente aislado” que se deriva del acoso que han sufrido por parte de las fuerzas del Estado. “Ya no quieren estar en la línea de batalla; por eso matan de lejitos”, asevera el subsecretario.
Más allá de las definiciones técnicas que pueda provocar el sofisticado método que utilizaron los criminales en Juárez, hay una verdad incontrovertible: la población está aterrorizada.
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Carlos Lozano nos cuenta que aprovechó su vista a Los Pinos, el lunes pasado, para pedir al presidente Calderón le “levante el castigo” a Aguascalientes. El gobernador electo de esa entidad explicó que los constantes desencuentros entre el mandatario saliente, Luis Armando Reinoso, y el Partido Acción Nacional, se tradujeron en menos recursos federales para la entidad.
El priista manifestó también que el tema de la seguridad ocupó parte de la charla. La entidad, otrora una de las más tranquilas de la República, registró hechos de violencia relacionados con los narcos, durante el sexenio del ¿panista? Reinoso. “Le dije al presidente que Aguascalientes es un estado pequeño que puede servir como modelo a nuevas estrategias para combatir el crimen organizado”, narró Lozano. El hombre de veía contento. Encontró un presidente muy receptivo y dispuesto a trabajar con él.
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Roberto Mourey, coordinador de imagen de Vicente Fox en el sexenio pasado, está de regreso en Los Pinos. Ocupará la oficina que dejó vacante Alejandra Sota, recién designada coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República. Será el nuevo coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental de Felipe.
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