EFE
Los gobiernos de Ecuador y Argentina su sumaron a México al presentar hoy ante la Corte Federal en Phoenix sus propias objeciones a la entrada en vigor de la ley anti-inmigrante de Arizona SB1070.
El embajador de Ecuador en Estados Unidos, Luis Gallegos, dijo que su país se quiere unir a la objeción presentada previamente por México para solicitar a la juez federal Susan Bolton que paralice la entrada en vigor de la ley, prevista para el próximo 29 de julio.
En un recurso legal conocido como "Amigo de la Corte" presentado ante los tribunales, Ecuador espera evitar que se aplique la primera ley en EEUU en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.
El embajador indicó que al igual que México, Ecuador tiene un sustancial y convincente interés en preservar las relaciones bilaterales diplomáticas con el Gobierno de EEUU.
Gallegos dijo que "la ley estatal SB1070 presenta considerables obstáculos" a las relaciones entre ambos países y manifestó su preocupación sobre el efecto que esta nueva legislación pueda tener en sus ciudadanos.
Al igual que Ecuador, las autoridades de Argentina presentaron ante la Corte Federal en Phoenix un documento en el que plantean sus objeciones a la ley anti-inmigrante de Arizona.
En respuesta a las acciones tomadas hoy por Ecuador y Argentina, Paul Senseman, portavoz de la oficina de la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo hoy a Efe que la mandataria está convencida de que el pueblo de Arizona "saldrá victorioso" de la demanda interpuesta en su contra por la Administración del Presidente Barack Obama y que es apoyada por gobiernos extranjeros.
Indicó que una amplia mayoría de los votantes en Arizona y EEUU están de acuerdo con la puesta en marcha de las medidas que establece la SB1070, como otorgar funciones de inmigración a los policías locales y obliga a los extranjeros a portar sus documentos migratorios al momento de ser cuestionados por las autoridades.
Las peticiones de Ecuador y de Argentina se unen a una demanda en contra de la SB1070 presentada por una coalición de organizaciones nacionales, entre ellos La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y que será debatida en la Corte Federal el próximo 22 de julio.
Los gobiernos de Ecuador y Argentina su sumaron a México al presentar hoy ante la Corte Federal en Phoenix sus propias objeciones a la entrada en vigor de la ley anti-inmigrante de Arizona SB1070.
El embajador de Ecuador en Estados Unidos, Luis Gallegos, dijo que su país se quiere unir a la objeción presentada previamente por México para solicitar a la juez federal Susan Bolton que paralice la entrada en vigor de la ley, prevista para el próximo 29 de julio.
En un recurso legal conocido como "Amigo de la Corte" presentado ante los tribunales, Ecuador espera evitar que se aplique la primera ley en EEUU en criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.
El embajador indicó que al igual que México, Ecuador tiene un sustancial y convincente interés en preservar las relaciones bilaterales diplomáticas con el Gobierno de EEUU.
Gallegos dijo que "la ley estatal SB1070 presenta considerables obstáculos" a las relaciones entre ambos países y manifestó su preocupación sobre el efecto que esta nueva legislación pueda tener en sus ciudadanos.
Al igual que Ecuador, las autoridades de Argentina presentaron ante la Corte Federal en Phoenix un documento en el que plantean sus objeciones a la ley anti-inmigrante de Arizona.
En respuesta a las acciones tomadas hoy por Ecuador y Argentina, Paul Senseman, portavoz de la oficina de la Gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo hoy a Efe que la mandataria está convencida de que el pueblo de Arizona "saldrá victorioso" de la demanda interpuesta en su contra por la Administración del Presidente Barack Obama y que es apoyada por gobiernos extranjeros.
Indicó que una amplia mayoría de los votantes en Arizona y EEUU están de acuerdo con la puesta en marcha de las medidas que establece la SB1070, como otorgar funciones de inmigración a los policías locales y obliga a los extranjeros a portar sus documentos migratorios al momento de ser cuestionados por las autoridades.
Las peticiones de Ecuador y de Argentina se unen a una demanda en contra de la SB1070 presentada por una coalición de organizaciones nacionales, entre ellos La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y que será debatida en la Corte Federal el próximo 22 de julio.
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