Itinerario Político / Ricardo Alemán
A los ojos de todos, y ante la pasividad del Estado mexicano, los gobiernos de Durango y Chihuahua literalmente se pudren, se los comen los gusanos.
Y es que no se puede entender que, por ejemplo, en Durango el gobierno estatal haya premiado a Margarita Rojas como "Mujer del Año 2010", la haya responsabilizado de la dirección de la cárcel estatal número dos y, bajo su gestión, el penal se haya convertido en la guarida de sicarios que de noche salían de la prisión para asesinar a por lo menos 50 personas.
No se puede entender que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua el crimen organizado haya iniciado el exterminio de la familia del gobernador electo, César Duarte —que aún no asume su cargo y ya le mataron a un sobrino y a un primo—, ante la pasividad del Estado mexicano, que con su silencio e ineficacia abona a la complicidad y la impunidad.
Se puede asegurar que los de Durango y Chihua-hua son gobiernos agusanados, porque nadie en su sano juicio puede sostener que la crisis de inseguridad que viven resulta de la generación espontánea —desde que Aristóteles sugirió la generación espontánea y hasta que Espallanzini derrotó la teoría, nadie ha regresado al tema—, sino que esas entidades son víctimas de la corrupción, descomposición y podredumbre de gobiernos estatal y municipales, y sectores políticos, económicos y sociales.
TERROR EN DURANGO
Todos saben que el florecimiento criminal sólo se explica por la complicidad delictiva y mafiosa con diversos niveles del gobierno. Pero lo que no es común es descubrir y comprobar que la corrupción llegue a los niveles más altos de un gobierno, como el de Durango.
Y es que hasta antes de la masacre de 18 jóvenes en una fiesta en Torreón —hoy se sabe que los sicarios salieron del penal de Gómez Palacio, Durango, cuya directora era Margarita Rojas, identificada como aliada de los criminales—, nadie quiso escuchar las denuncias sobre los elevados niveles de corrupción que prevalecían en aquella entidad.
Resulta que en el fragor de la lucha electoral —Durango fue uno de los 12 estados donde se renovaron gobiernos estatales el pasado 4 de julio—, ni el gobierno federal, ni el Congreso de la Unión y menos los presidentes de los partidos políticos quisieron escuchar las voces de quienes señalaban presuntos vínculos criminales en distintos niveles del Ejecutivo estatal. Un caso peculiar es el del secretario de Gobierno, Oliverio Reza, responsable directo de los penales —y de llevar al cargo de directora del penal de Gómez Palacio a Margarita Rojas—, y de los cuerpos policíacos que, igual que las cárceles, han sido penetrados por las bancas criminales.
Nadie se explica que —sin complicidad del más alto nivel— una servidora pública como Margarita Rojas haya sido "reconocida" como "Mujer del año 2010 en Durango", al tiempo que era pieza clave de las bandas criminales y directora del penal de Gómez Palacio. Esa situación confirma que la corrupción y los vínculos criminales van desde lo más alto de la pirámide estatal hasta los bajos fondos.
Más aún, en las últimas 48 horas se vive un clima de terror en Durango, sobre todo en torno a la purga que ordenó la PGR al penal de Gómez Palacio, cuyos internos intentaron un motín la mañana de ayer, debido a los altos niveles de peligrosidad que se respiran en la comunidad. Y es que luego de la caída de la directora Margarita Rojas —y al concluir las declaraciones ministeriales de trabajadores de la prisión— se ha desatado una ola de secuestros de empleados y periodistas —levantados por comandos criminales— y se ha llegado al extremo de que en las últimas 24 horas fue asesinada una celadora, después de haber declarado.
Es evidente que la mancuerna criminales-servidores públicos hace todo para impedir que "la purga" llegue a los niveles más altos, que la información se fugue a los medios y que puedan caer otros servidores públicos del gobierno estatal. La gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Y dónde está el gobernador Ismael Hernández? Sólo acusó de traidores a los servidores públicos implicados en la corrupción del penal, y desapareció.
¿Por qué nadie, ni el gobierno federal, ni el Congreso de la Unión, ni los jefes de los partidos, se atreven a ordenar una investigación contra un gobierno como ese, al que se comen los gusanos a los ojos de todos? Ese silencio, esa inacción hacen florecer la descomposición.
CHIHUAHUA, EL EXTERMINIO
En Chihuahua se vive la gestación del mismo problema. Es decir, el gobernador electo, César Duarte —ganador del gobierno estatal por el PRI—, es sometido a la prueba más dura a la que el crimen puede empujar a un gobernante: la amenaza de exterminio de su familia. En dos semanas, el impune crimen organizado que opera en Chihuahua ha ordenado el asesinato de un sobrino y un primo de Duarte. Al mismo tiempo, su familia está en total indefensión. El plomo gana la batalla y, claro, doblega a cualquiera. ¿O no? ¿Y las instituciones del Estado, y los próceres de la democracia? Esos ya adelantan campaña para acceder al poder.
A los ojos de todos, y ante la pasividad del Estado mexicano, los gobiernos de Durango y Chihuahua literalmente se pudren, se los comen los gusanos.
Y es que no se puede entender que, por ejemplo, en Durango el gobierno estatal haya premiado a Margarita Rojas como "Mujer del Año 2010", la haya responsabilizado de la dirección de la cárcel estatal número dos y, bajo su gestión, el penal se haya convertido en la guarida de sicarios que de noche salían de la prisión para asesinar a por lo menos 50 personas.
No se puede entender que, por ejemplo, en el estado de Chihuahua el crimen organizado haya iniciado el exterminio de la familia del gobernador electo, César Duarte —que aún no asume su cargo y ya le mataron a un sobrino y a un primo—, ante la pasividad del Estado mexicano, que con su silencio e ineficacia abona a la complicidad y la impunidad.
Se puede asegurar que los de Durango y Chihua-hua son gobiernos agusanados, porque nadie en su sano juicio puede sostener que la crisis de inseguridad que viven resulta de la generación espontánea —desde que Aristóteles sugirió la generación espontánea y hasta que Espallanzini derrotó la teoría, nadie ha regresado al tema—, sino que esas entidades son víctimas de la corrupción, descomposición y podredumbre de gobiernos estatal y municipales, y sectores políticos, económicos y sociales.
TERROR EN DURANGO
Todos saben que el florecimiento criminal sólo se explica por la complicidad delictiva y mafiosa con diversos niveles del gobierno. Pero lo que no es común es descubrir y comprobar que la corrupción llegue a los niveles más altos de un gobierno, como el de Durango.
Y es que hasta antes de la masacre de 18 jóvenes en una fiesta en Torreón —hoy se sabe que los sicarios salieron del penal de Gómez Palacio, Durango, cuya directora era Margarita Rojas, identificada como aliada de los criminales—, nadie quiso escuchar las denuncias sobre los elevados niveles de corrupción que prevalecían en aquella entidad.
Resulta que en el fragor de la lucha electoral —Durango fue uno de los 12 estados donde se renovaron gobiernos estatales el pasado 4 de julio—, ni el gobierno federal, ni el Congreso de la Unión y menos los presidentes de los partidos políticos quisieron escuchar las voces de quienes señalaban presuntos vínculos criminales en distintos niveles del Ejecutivo estatal. Un caso peculiar es el del secretario de Gobierno, Oliverio Reza, responsable directo de los penales —y de llevar al cargo de directora del penal de Gómez Palacio a Margarita Rojas—, y de los cuerpos policíacos que, igual que las cárceles, han sido penetrados por las bancas criminales.
Nadie se explica que —sin complicidad del más alto nivel— una servidora pública como Margarita Rojas haya sido "reconocida" como "Mujer del año 2010 en Durango", al tiempo que era pieza clave de las bandas criminales y directora del penal de Gómez Palacio. Esa situación confirma que la corrupción y los vínculos criminales van desde lo más alto de la pirámide estatal hasta los bajos fondos.
Más aún, en las últimas 48 horas se vive un clima de terror en Durango, sobre todo en torno a la purga que ordenó la PGR al penal de Gómez Palacio, cuyos internos intentaron un motín la mañana de ayer, debido a los altos niveles de peligrosidad que se respiran en la comunidad. Y es que luego de la caída de la directora Margarita Rojas —y al concluir las declaraciones ministeriales de trabajadores de la prisión— se ha desatado una ola de secuestros de empleados y periodistas —levantados por comandos criminales— y se ha llegado al extremo de que en las últimas 24 horas fue asesinada una celadora, después de haber declarado.
Es evidente que la mancuerna criminales-servidores públicos hace todo para impedir que "la purga" llegue a los niveles más altos, que la información se fugue a los medios y que puedan caer otros servidores públicos del gobierno estatal. La gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Y dónde está el gobernador Ismael Hernández? Sólo acusó de traidores a los servidores públicos implicados en la corrupción del penal, y desapareció.
¿Por qué nadie, ni el gobierno federal, ni el Congreso de la Unión, ni los jefes de los partidos, se atreven a ordenar una investigación contra un gobierno como ese, al que se comen los gusanos a los ojos de todos? Ese silencio, esa inacción hacen florecer la descomposición.
CHIHUAHUA, EL EXTERMINIO
En Chihuahua se vive la gestación del mismo problema. Es decir, el gobernador electo, César Duarte —ganador del gobierno estatal por el PRI—, es sometido a la prueba más dura a la que el crimen puede empujar a un gobernante: la amenaza de exterminio de su familia. En dos semanas, el impune crimen organizado que opera en Chihuahua ha ordenado el asesinato de un sobrino y un primo de Duarte. Al mismo tiempo, su familia está en total indefensión. El plomo gana la batalla y, claro, doblega a cualquiera. ¿O no? ¿Y las instituciones del Estado, y los próceres de la democracia? Esos ya adelantan campaña para acceder al poder.
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