»Aunque oficialmente no hay anuncio específico, fuentes industriales aseguran que la semana próxima, a título de un paso más a la desregulación, el presidente Felipe Calderón hará públicas una serie de medidas que en el papel impulsarían el comercio exterior
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y... Nombres
Estamos hablando de llevar a la práctica los acuerdos asumidos en la reunión sostenida entre el Ejecutivo mexicano y su homólogo de los Estados Unidos, Barack Obama, el 19 de mayo pasado, en el marco de la cruzada de la Casa Blanca conocida como Iniciativa Nacional de Exportación.
La meta, de acuerdo a la proyección del país vecino, es crear 2 millones de empleos para resarcir parte de los perdidos en la crisis global… aunque sólo sean para los Estados Unidos.
La declaración conjunta hablaba de “desarrollar y administrar la frontera en base a un enfoque integral y de manera que facilite el flujo seguro, eficiente y rápido de bienes y servicios y reducir los costos de transacción para hacer negocios entre nuestros dos países”.
Sin embargo, el énfasis se maneja más de norte a sur que de sur a norte, o si lo prefiere hay más agua para el molino de allende el Bravo que hacia el nuestro, por más que se habla de la integración de un Consejo Regulatorio de Alto Nivel por las dos naciones.
Así, se plantea un plan binacional para mejorar el comercio y los viajes transfronterizos, que en la práctica plantea eliminar los controles y certificaciones de calidad de las mercancías que llegan al país procedentes del vecino.
Dicho con todas las letras, que exista paso franco en el terreno de verificación de la calidad de productos eléctricos y electrónicos, lo que implica que México se allane a la certificación realizada por la contraparte. Naturalmente, Estados Unidos no admite la reciprocidad, es decir de aquí para allá se seguirán revisando nuestras mercancías.
El malestar de los industriales apunta, primero, a que habiéndose mudado las plantas productoras de aparatos eléctricos y electrónicos de Estados Unidos hacia países asiáticos, las mercancías que se exportarían podrían provenir de éstas, lo que abriría el paso al contrabando documentado o la triangulación.
Digamos que al pasar por la supuesta rigidez de la aduana de certificación de la calidad, los productos tendrían etiqueta de “Made in USA”, en evidente violación a lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que privilegia lo producido en la región.
Y quién garantizaría la seriedad de la verificación, en un horizonte en que a Estados Unidos le urge reducir drásticamente su tradicional déficit en la balanza comercial.
Más aún, quién garantizaría la seriedad de las marcas; la protección de los consumidores en materia de salud y seguridad; la existencia de refacciones en caso de desperfectos…
Imagínese la catarata de televisiones, refrigeradores, lavadoras, computadoras, equipos de sonido, guitarras eléctricas…
Lo dramático del asunto es que hasta hoy ninguna autoridad se ha hecho eco de las protestas de los productores nacionales.
Mientras la secretaria de Relaciones Exteriores, Beatriz Leycegui plantea el esquema sobre vaguedades, el subsecretario de Comercio Exterior de Economía, Felipe Duarte, se limita a decir que se trata de una instrucción de muy arriba.
A lo mejor de la Casa Blanca.
Lo grave del caso, además, es que la medida no ha pasado aún por el tamiz del Senado, quien de acuerdo a la Constitución está obligado a sancionar acciones similares.
De hecho, ningún legislador, incluidos los panistas, conoce aún cómo se implementará la creación de un Comité Ejecutivo Bilateral que, de acuerdo a la declaración conjunta de los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, será responsable de instrumentar la Declaración sobre el manejo de la llamada Frontera Siglo XXI.
Tampoco se sabe quiénes integrarán el Consejo de Cooperación Regulatoria de Alto Nivel planteado, cuyo objetivo sería incrementar la transparencia regulatoria; ofrecer alertas tempranas sobre regulaciones con potencial impacto bilateral, y fortalecer las bases analíticas de las normas, permitiendo una mejor compatibilidad entre las mismas.
Por lo pronto, la espada de Damocles está lista sobre las cabezas de la industria nacional de productos eléctricos y electrónicos.
Otra para el tío Sam.
Balance General
En medio de versiones que hablan de un grave deterioro en sus finanzas que podría colocarla en la antesala de un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, Mexicana de Aviación celebrará mañana una asamblea de socios.
El pronóstico habla de una espesa discusión sobre la vialidad de la firma aérea, tras la presentación de sus estados financieros auditados al segundo trimestre del año.
Como recordará usted, la segunda línea aérea del país, propiedad mayoritaria del grupo hotelero Posadas que encabeza Gastón Azcárraga Andrade, buscó infructuosamente hace unas semanas el aval del Gobierno federal, vía el Banco Nacional de Comercio Exterior, para colocar un bono de deuda por 250 millones de dólares. La firma propietaria de la línea aérea de bajo costo Click había obtenido un préstamo del banco de desarrollo por 110 millones de dólares, a título de protección frente a las pérdidas de la industria tras la emergencia detectada por la epidemia de influenza AH1N1 que ahuyentó a los viajeros internacionales, y de pasadita a los nacionales.
La privatización de la empresa, realizada a finales de 2005, provocó una catarata de indignación en la opinión pública, al considerar que el precio pagado no correspondía al valor de los activos, incluido el edificio sede; los hangares, las existencias en caja y el propio valor de la marca.
Estamos hablando de 165.5 millones de dólares, que tras un litigio con el gobierno por supuestos activos inexistentes, se convertirían en 154.2.
En paralelo, Azcárraga Andrade recuperó 30 millones más al vender la torre insignia de la empresa.
Por lo pronto, la compañía tiene frente a sí un jaque: el emplazamiento a huelga de pilotos y sobrecargos, cuyo plazo se vence el 16 de septiembre.
El callejón, pues, parece demasiado estrecho.
Otra de Gómez Urrutia
En lo que se ubica como acción desesperada del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia para recuperar espacios perdidos, el fin de semana pasado se realizó un intento de paralizar las operaciones de la minera Cerro del Mercado, localizada en la ciudad de Durango.
Quien encabezó la frustrada operación contra una de las principales productoras de mineral de hierro del país, fue Sergio Beltrán, secretario de Actas del Sindicato Minero.
La acción, de acuerdo a la Alianza Minera Nacional, fue en represalia porque un grupo numeroso de afiliados a la sección 42 se han manifestado contrarios al estilo de Gómez Urrutia.
Lo curioso del caso es que horas antes se había corrido la especie de que Beltrán había sido secuestrado en un enfrentamiento en Monclova contra supuestos porros contratados por la empresa Altos Hornos de México.
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y... Nombres
Estamos hablando de llevar a la práctica los acuerdos asumidos en la reunión sostenida entre el Ejecutivo mexicano y su homólogo de los Estados Unidos, Barack Obama, el 19 de mayo pasado, en el marco de la cruzada de la Casa Blanca conocida como Iniciativa Nacional de Exportación.
La meta, de acuerdo a la proyección del país vecino, es crear 2 millones de empleos para resarcir parte de los perdidos en la crisis global… aunque sólo sean para los Estados Unidos.
La declaración conjunta hablaba de “desarrollar y administrar la frontera en base a un enfoque integral y de manera que facilite el flujo seguro, eficiente y rápido de bienes y servicios y reducir los costos de transacción para hacer negocios entre nuestros dos países”.
Sin embargo, el énfasis se maneja más de norte a sur que de sur a norte, o si lo prefiere hay más agua para el molino de allende el Bravo que hacia el nuestro, por más que se habla de la integración de un Consejo Regulatorio de Alto Nivel por las dos naciones.
Así, se plantea un plan binacional para mejorar el comercio y los viajes transfronterizos, que en la práctica plantea eliminar los controles y certificaciones de calidad de las mercancías que llegan al país procedentes del vecino.
Dicho con todas las letras, que exista paso franco en el terreno de verificación de la calidad de productos eléctricos y electrónicos, lo que implica que México se allane a la certificación realizada por la contraparte. Naturalmente, Estados Unidos no admite la reciprocidad, es decir de aquí para allá se seguirán revisando nuestras mercancías.
El malestar de los industriales apunta, primero, a que habiéndose mudado las plantas productoras de aparatos eléctricos y electrónicos de Estados Unidos hacia países asiáticos, las mercancías que se exportarían podrían provenir de éstas, lo que abriría el paso al contrabando documentado o la triangulación.
Digamos que al pasar por la supuesta rigidez de la aduana de certificación de la calidad, los productos tendrían etiqueta de “Made in USA”, en evidente violación a lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que privilegia lo producido en la región.
Y quién garantizaría la seriedad de la verificación, en un horizonte en que a Estados Unidos le urge reducir drásticamente su tradicional déficit en la balanza comercial.
Más aún, quién garantizaría la seriedad de las marcas; la protección de los consumidores en materia de salud y seguridad; la existencia de refacciones en caso de desperfectos…
Imagínese la catarata de televisiones, refrigeradores, lavadoras, computadoras, equipos de sonido, guitarras eléctricas…
Lo dramático del asunto es que hasta hoy ninguna autoridad se ha hecho eco de las protestas de los productores nacionales.
Mientras la secretaria de Relaciones Exteriores, Beatriz Leycegui plantea el esquema sobre vaguedades, el subsecretario de Comercio Exterior de Economía, Felipe Duarte, se limita a decir que se trata de una instrucción de muy arriba.
A lo mejor de la Casa Blanca.
Lo grave del caso, además, es que la medida no ha pasado aún por el tamiz del Senado, quien de acuerdo a la Constitución está obligado a sancionar acciones similares.
De hecho, ningún legislador, incluidos los panistas, conoce aún cómo se implementará la creación de un Comité Ejecutivo Bilateral que, de acuerdo a la declaración conjunta de los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, será responsable de instrumentar la Declaración sobre el manejo de la llamada Frontera Siglo XXI.
Tampoco se sabe quiénes integrarán el Consejo de Cooperación Regulatoria de Alto Nivel planteado, cuyo objetivo sería incrementar la transparencia regulatoria; ofrecer alertas tempranas sobre regulaciones con potencial impacto bilateral, y fortalecer las bases analíticas de las normas, permitiendo una mejor compatibilidad entre las mismas.
Por lo pronto, la espada de Damocles está lista sobre las cabezas de la industria nacional de productos eléctricos y electrónicos.
Otra para el tío Sam.
Balance General
En medio de versiones que hablan de un grave deterioro en sus finanzas que podría colocarla en la antesala de un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, Mexicana de Aviación celebrará mañana una asamblea de socios.
El pronóstico habla de una espesa discusión sobre la vialidad de la firma aérea, tras la presentación de sus estados financieros auditados al segundo trimestre del año.
Como recordará usted, la segunda línea aérea del país, propiedad mayoritaria del grupo hotelero Posadas que encabeza Gastón Azcárraga Andrade, buscó infructuosamente hace unas semanas el aval del Gobierno federal, vía el Banco Nacional de Comercio Exterior, para colocar un bono de deuda por 250 millones de dólares. La firma propietaria de la línea aérea de bajo costo Click había obtenido un préstamo del banco de desarrollo por 110 millones de dólares, a título de protección frente a las pérdidas de la industria tras la emergencia detectada por la epidemia de influenza AH1N1 que ahuyentó a los viajeros internacionales, y de pasadita a los nacionales.
La privatización de la empresa, realizada a finales de 2005, provocó una catarata de indignación en la opinión pública, al considerar que el precio pagado no correspondía al valor de los activos, incluido el edificio sede; los hangares, las existencias en caja y el propio valor de la marca.
Estamos hablando de 165.5 millones de dólares, que tras un litigio con el gobierno por supuestos activos inexistentes, se convertirían en 154.2.
En paralelo, Azcárraga Andrade recuperó 30 millones más al vender la torre insignia de la empresa.
Por lo pronto, la compañía tiene frente a sí un jaque: el emplazamiento a huelga de pilotos y sobrecargos, cuyo plazo se vence el 16 de septiembre.
El callejón, pues, parece demasiado estrecho.
Otra de Gómez Urrutia
En lo que se ubica como acción desesperada del sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia para recuperar espacios perdidos, el fin de semana pasado se realizó un intento de paralizar las operaciones de la minera Cerro del Mercado, localizada en la ciudad de Durango.
Quien encabezó la frustrada operación contra una de las principales productoras de mineral de hierro del país, fue Sergio Beltrán, secretario de Actas del Sindicato Minero.
La acción, de acuerdo a la Alianza Minera Nacional, fue en represalia porque un grupo numeroso de afiliados a la sección 42 se han manifestado contrarios al estilo de Gómez Urrutia.
Lo curioso del caso es que horas antes se había corrido la especie de que Beltrán había sido secuestrado en un enfrentamiento en Monclova contra supuestos porros contratados por la empresa Altos Hornos de México.
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