Miguel Ángel Granados Chapa
Hace casi 21 años, en noviembre de 1989, la Asamblea general de la ONU aprobó por unanimidad la Convención sobre los derechos del niño. El gobierno mexicano la ratificó al año siguiente. Desde entonces, dice el reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), se han realizado notorios progresos pero “queda aún mucho camino por recorrer.” Por ello, ese organismo internacional insta a colocar en el centro de la agenda nacional una política hacia la infancia y la adolescencia. Y demanda que sea una “agenda para el presente”.
Eso significa escapar del “reflejo espontáneo de postergar la acción, de rebasar la importancia de una acción inmediata en la escala de las múltiples prioridades que la sociedad enfrenta”. Hay que comprender que “los niños y las niñas son esencialmente ‘ciudadanos de hoy’, por lo que la agenda pendiente en torno a ellos representa un imperativo impostergable para la sociedad mexicana. El cumplimiento de los derechos de los niños es una tarea del presente, porque la infancia es protagonista de una realidad actual y no futura”.
El informe, como todos los documentos de su género, pone énfasis en los logros nacionales sobre el tema. Lo hace por la doble y comprensible razón de que los integrantes del UNICEF son los estados, que suelen presentar la cara positiva de la situación, y porque en efecto se han conseguido adelantos como “reducir significativamente la desnutrición y la mortalidad infantil, garantizar la educación primaria para todos los niños y niñas del país y adaptar el marco legal a los principios establecidos en la Convención”.
Pero en cumplimiento de su misión, el Fondo no elude en su reporte, aparecido en abril de este año y puesto recientemente a circular, que se precisa “superar las disparidades que persisten en el país y garantizar para todos y cada uno de los niños y niñas el acceso a una educación de calidad: La protección contra el trabajo infantil; la erradicación de la violencia, y la consecución plena de la igualdad y la no discriminación, por citar algunos” de los objetivos no logrados. “La amplia diversidad cultural con que cuenta el país constituye una riqueza y una oportunidad, pero, al mismo tiempo, la desigualdad existente contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza y obstaculiza el cumplimiento de los derechos de millones de niños y niñas”.
Si bien faltan dos años para la elección presidencial, ya los partidos se dirigen hacia ese momento crucial de la historia mexicana, no sólo porque significa la ocasión de confirmar o retirar la confianza a una forma de concebir y encarar los grandes problemas nacionales, sino porque el preámbulo de esa oportunidad, los días que corren, acendran la conciencia de que son tantos, tan hondos y tan complejas las dificultades que agobian al país, que su integridad misma está en juego. De allí que la endeble democracia mexicana requiera fortalecerse, yendo desde hoy más allá de las candidaturas y los juegos internos de los partidos. Desde ahora, esos partidos deben proponer sus plataformas, para guiar hacia ellas el debate público. Y como sugiere el UNICEF, los derechos de la niñez y de la infancia deben ocupar un espacio central en las propuestas partidarias. De ese modo se conseguiría, para decirlo sencillamente, un criterio central de decisión: Que gane el voto ciudadano quien más clara y sinceramente se aboque a gobernar para los niños y las niñas.
El debate necesario contará con el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia como un instrumento de gran valor, un documento de imprescindible referencia. Atendiendo su contenido se evitará incurrir en deficiencias señaladas por el propio organismo internacional. Cuando México presentó en junio de 2006 su tercer informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención, el Comité de los derechos del niño expresó su preocupación por “la falta de eficacia de las medidas adoptadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, y permitir que los titulares de esos derechos los hagan prevalecer” En tal sentido, desde ahora puede responderse a otra preocupación del Comité, que instó al Estado mexicano a “adoptar las medidas necesarias para armonizar las leyes federales y estatales con la Convención y las normas internacionales pertinentes, para asegurar su aplicación efectiva”.
La “agenda para el presente” del UNICEF, describe el estado actual de los derechos a la supervivencia y el desarrollo; a la educación; a la protección de la infancia y la adolescencia en contextos de alta vulnerabilidad, y propone lo que debe hacerse en adelante. Esto último incluye establecer o consolidar un marco legal e institucional, adoptar un modelo de políticas públicas específico, una estrategia nacional, la asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa; una base de conocimiento e información, y el compromiso de la sociedad civil con este tema axial.
Porque es un terreno escasamente labrado, sobresale el tratamiento del reporte de UNICEF al derecho a la protección, que se refiere a los niños y niñas migrantes no acompañados, el trabajo infantil, la violencia y la justicia especializada para adolescentes. Cruza ese campo, y todos los demás, el fenómeno central de la desigualdad, una maldición que si no se conjura hará nugatorios todos los esfuerzos por mejorar la condición de las niñas y los niños, los muchachos que se aproximan a la mayoría de edad y la perciben oscura y sin horizontes.
Hace casi 21 años, en noviembre de 1989, la Asamblea general de la ONU aprobó por unanimidad la Convención sobre los derechos del niño. El gobierno mexicano la ratificó al año siguiente. Desde entonces, dice el reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), se han realizado notorios progresos pero “queda aún mucho camino por recorrer.” Por ello, ese organismo internacional insta a colocar en el centro de la agenda nacional una política hacia la infancia y la adolescencia. Y demanda que sea una “agenda para el presente”.
Eso significa escapar del “reflejo espontáneo de postergar la acción, de rebasar la importancia de una acción inmediata en la escala de las múltiples prioridades que la sociedad enfrenta”. Hay que comprender que “los niños y las niñas son esencialmente ‘ciudadanos de hoy’, por lo que la agenda pendiente en torno a ellos representa un imperativo impostergable para la sociedad mexicana. El cumplimiento de los derechos de los niños es una tarea del presente, porque la infancia es protagonista de una realidad actual y no futura”.
El informe, como todos los documentos de su género, pone énfasis en los logros nacionales sobre el tema. Lo hace por la doble y comprensible razón de que los integrantes del UNICEF son los estados, que suelen presentar la cara positiva de la situación, y porque en efecto se han conseguido adelantos como “reducir significativamente la desnutrición y la mortalidad infantil, garantizar la educación primaria para todos los niños y niñas del país y adaptar el marco legal a los principios establecidos en la Convención”.
Pero en cumplimiento de su misión, el Fondo no elude en su reporte, aparecido en abril de este año y puesto recientemente a circular, que se precisa “superar las disparidades que persisten en el país y garantizar para todos y cada uno de los niños y niñas el acceso a una educación de calidad: La protección contra el trabajo infantil; la erradicación de la violencia, y la consecución plena de la igualdad y la no discriminación, por citar algunos” de los objetivos no logrados. “La amplia diversidad cultural con que cuenta el país constituye una riqueza y una oportunidad, pero, al mismo tiempo, la desigualdad existente contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza y obstaculiza el cumplimiento de los derechos de millones de niños y niñas”.
Si bien faltan dos años para la elección presidencial, ya los partidos se dirigen hacia ese momento crucial de la historia mexicana, no sólo porque significa la ocasión de confirmar o retirar la confianza a una forma de concebir y encarar los grandes problemas nacionales, sino porque el preámbulo de esa oportunidad, los días que corren, acendran la conciencia de que son tantos, tan hondos y tan complejas las dificultades que agobian al país, que su integridad misma está en juego. De allí que la endeble democracia mexicana requiera fortalecerse, yendo desde hoy más allá de las candidaturas y los juegos internos de los partidos. Desde ahora, esos partidos deben proponer sus plataformas, para guiar hacia ellas el debate público. Y como sugiere el UNICEF, los derechos de la niñez y de la infancia deben ocupar un espacio central en las propuestas partidarias. De ese modo se conseguiría, para decirlo sencillamente, un criterio central de decisión: Que gane el voto ciudadano quien más clara y sinceramente se aboque a gobernar para los niños y las niñas.
El debate necesario contará con el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia como un instrumento de gran valor, un documento de imprescindible referencia. Atendiendo su contenido se evitará incurrir en deficiencias señaladas por el propio organismo internacional. Cuando México presentó en junio de 2006 su tercer informe periódico sobre el cumplimiento de la Convención, el Comité de los derechos del niño expresó su preocupación por “la falta de eficacia de las medidas adoptadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención, y permitir que los titulares de esos derechos los hagan prevalecer” En tal sentido, desde ahora puede responderse a otra preocupación del Comité, que instó al Estado mexicano a “adoptar las medidas necesarias para armonizar las leyes federales y estatales con la Convención y las normas internacionales pertinentes, para asegurar su aplicación efectiva”.
La “agenda para el presente” del UNICEF, describe el estado actual de los derechos a la supervivencia y el desarrollo; a la educación; a la protección de la infancia y la adolescencia en contextos de alta vulnerabilidad, y propone lo que debe hacerse en adelante. Esto último incluye establecer o consolidar un marco legal e institucional, adoptar un modelo de políticas públicas específico, una estrategia nacional, la asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa; una base de conocimiento e información, y el compromiso de la sociedad civil con este tema axial.
Porque es un terreno escasamente labrado, sobresale el tratamiento del reporte de UNICEF al derecho a la protección, que se refiere a los niños y niñas migrantes no acompañados, el trabajo infantil, la violencia y la justicia especializada para adolescentes. Cruza ese campo, y todos los demás, el fenómeno central de la desigualdad, una maldición que si no se conjura hará nugatorios todos los esfuerzos por mejorar la condición de las niñas y los niños, los muchachos que se aproximan a la mayoría de edad y la perciben oscura y sin horizontes.
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