Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
La carrera en la sucesión presidencial se adelantó por decisión de la dirigencia de Acción Nacional y del presidente Felipe Calderón. Pensar que se debió a los resultados electorales de hace diez días -como lo hice el martes anterior- es consecuencia de un análisis precipitado y un error de percepción en lo que a voluntad por conservar el poder se refiere.
Los índices de aceptación del actual gobierno apenas rebasan el rechazo, pero no obtener y conservar la popularidad que le permitiría operar una sucesión presidencial sin tropiezos, obliga a los operadores políticos del PAN, a los titulares de los poderes fácticos y a quienes inciden en las decisiones del proyecto transexenal iniciado con Miguel de la Madrid, pero de ninguna manera consolidado, a asegurarse de que se continuará con el TLCAN y la globalización, sin importar consecuencias ni resultados; también a profundizar en la lucha contra la delincuencia organizada, como lo pidieron en declaraciones públicas autoridades estadounidenses interesadas en que México siga poniendo los muertos y albergando la violencia dentro de su territorio.
El costo para el gobierno mexicano y la sociedad que lo eligió es alto e irreversible, porque lo que está en juego son bienes no renovables: patria, identidad nacional, independencia, soberanía, dignidad, todo aquello que a través de la historia cultivaron los héroes, mitos y leyendas que dan sentido al contenido de los libros de texto gratuitos, a la Constitución y al entramado cultural que configuró México y lo mexicano.
No es exagerado el aserto anterior. Baste recordar que el 24 de junio último, Juan José Suárez Copel, director de Pemex, durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconoció que la empresa ha necesitado solicitar la protección del Ejército y la Marina para resguardo de las instalaciones de la Cuenca de Burgos, donde delincuentes impiden con cierta regularidad el acceso al personal, y han secuestrado a siete trabajadores de los que nada se sabe desde el día que desaparecieron, hace poco más de 45 días.
En ese doble lenguaje que caracteriza a los funcionarios públicos, Suárez Copel indicó que los problemas más graves suceden en la zona del Pozo Gigante Uno, que según él no está tomado por delincuentes, pero aceptó que el problema es amplio. Sólo los sicarios, mercenarios o para militares tiene el armamento y los hombres para enfrentarse a las fuerzas armadas de una nación, sobre todo con el interés de interferir o controlar la producción de crudo.
En el mismo contexto ha de entenderse el operativo del mismo 24 de junio en Valle Hermoso, Tamaulipas, donde las escuelas cerraron las aulas, los comercios cubrieron los mostradores y los bancos y la sede del ayuntamiento cerraron las puertas, lo mismo que la policía municipal canceló sus patrullajes, como para demostrar quién está al mando, tanto en ciertos pozos petroleros como en amplias zonas de la patria.
Ante la realidad el índice de popularidad del gobierno de Felipe Calderón no puede ser festivo, sobre todo si a los problemas derivados de la guerra a la delincuencia organizada, añadimos el crecimiento del número de mexicanos en pobreza alimentaria, la grave inseguridad pública, el secuestro incontenible, la trata de personas.
¿Cómo revertir esa realidad? De ninguna manera puede hacerse, sólo puede negarse, y la manera de lograrlo es colocar la Espada de Damocles sobre los concesionarios de radio y televisión, haciéndose del control absoluto de la Cofetel, como primer paso para asegurar el éxito en la contienda electoral de 2012.
De allí que era urgente, útil, necesarísima la exoneración de los funcionarios públicos responsables de la muerte de 49 niños: responsables porque incumplieron con un mandato establecido en la Ley del Seguro Social, con una prestación obligatoria.
Sin Juan Molinar Horcasitas el operativo Cofetel hubiese sido imposible, por muchas razones, incluso por su presidente designado, cuyo nombre parece surgido de la imaginación de Emilio Salgari: Mony de Swan, lo que no importa, pues lo que sí viene al caso es saber dónde está la lealtad de este nuevo sol crecido -cual hongo- a la sombra y protegido por la humedad del secretario de Comunicaciones y Transportes, quien se encargará de que en el Congreso se olviden de la Ley Televisa, cuando menos hasta que pasen las elecciones presidenciales.
No es una opinión personal. Referente al nombramiento de Mony de Swan, Ramiro Tovar, del ITAM, e Irene Levy, abogada especializada en derecho en telecomunicaciones, sostienen que se trata de una imposición del presidente Calderón; lo mismo expresaron Manlio Fabio Beltrones, Sebastián Lerdo de Tejada y Javier Corral, por mencionar a los que dicen que saben lo que le conviene al país en materia de libertad informativa; es decir, en materia de telecomunicaciones, el instrumento de control de los poderes fácticos. Ya sabemos, entonces, lo que nos espera.
La carrera en la sucesión presidencial se adelantó por decisión de la dirigencia de Acción Nacional y del presidente Felipe Calderón. Pensar que se debió a los resultados electorales de hace diez días -como lo hice el martes anterior- es consecuencia de un análisis precipitado y un error de percepción en lo que a voluntad por conservar el poder se refiere.
Los índices de aceptación del actual gobierno apenas rebasan el rechazo, pero no obtener y conservar la popularidad que le permitiría operar una sucesión presidencial sin tropiezos, obliga a los operadores políticos del PAN, a los titulares de los poderes fácticos y a quienes inciden en las decisiones del proyecto transexenal iniciado con Miguel de la Madrid, pero de ninguna manera consolidado, a asegurarse de que se continuará con el TLCAN y la globalización, sin importar consecuencias ni resultados; también a profundizar en la lucha contra la delincuencia organizada, como lo pidieron en declaraciones públicas autoridades estadounidenses interesadas en que México siga poniendo los muertos y albergando la violencia dentro de su territorio.
El costo para el gobierno mexicano y la sociedad que lo eligió es alto e irreversible, porque lo que está en juego son bienes no renovables: patria, identidad nacional, independencia, soberanía, dignidad, todo aquello que a través de la historia cultivaron los héroes, mitos y leyendas que dan sentido al contenido de los libros de texto gratuitos, a la Constitución y al entramado cultural que configuró México y lo mexicano.
No es exagerado el aserto anterior. Baste recordar que el 24 de junio último, Juan José Suárez Copel, director de Pemex, durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconoció que la empresa ha necesitado solicitar la protección del Ejército y la Marina para resguardo de las instalaciones de la Cuenca de Burgos, donde delincuentes impiden con cierta regularidad el acceso al personal, y han secuestrado a siete trabajadores de los que nada se sabe desde el día que desaparecieron, hace poco más de 45 días.
En ese doble lenguaje que caracteriza a los funcionarios públicos, Suárez Copel indicó que los problemas más graves suceden en la zona del Pozo Gigante Uno, que según él no está tomado por delincuentes, pero aceptó que el problema es amplio. Sólo los sicarios, mercenarios o para militares tiene el armamento y los hombres para enfrentarse a las fuerzas armadas de una nación, sobre todo con el interés de interferir o controlar la producción de crudo.
En el mismo contexto ha de entenderse el operativo del mismo 24 de junio en Valle Hermoso, Tamaulipas, donde las escuelas cerraron las aulas, los comercios cubrieron los mostradores y los bancos y la sede del ayuntamiento cerraron las puertas, lo mismo que la policía municipal canceló sus patrullajes, como para demostrar quién está al mando, tanto en ciertos pozos petroleros como en amplias zonas de la patria.
Ante la realidad el índice de popularidad del gobierno de Felipe Calderón no puede ser festivo, sobre todo si a los problemas derivados de la guerra a la delincuencia organizada, añadimos el crecimiento del número de mexicanos en pobreza alimentaria, la grave inseguridad pública, el secuestro incontenible, la trata de personas.
¿Cómo revertir esa realidad? De ninguna manera puede hacerse, sólo puede negarse, y la manera de lograrlo es colocar la Espada de Damocles sobre los concesionarios de radio y televisión, haciéndose del control absoluto de la Cofetel, como primer paso para asegurar el éxito en la contienda electoral de 2012.
De allí que era urgente, útil, necesarísima la exoneración de los funcionarios públicos responsables de la muerte de 49 niños: responsables porque incumplieron con un mandato establecido en la Ley del Seguro Social, con una prestación obligatoria.
Sin Juan Molinar Horcasitas el operativo Cofetel hubiese sido imposible, por muchas razones, incluso por su presidente designado, cuyo nombre parece surgido de la imaginación de Emilio Salgari: Mony de Swan, lo que no importa, pues lo que sí viene al caso es saber dónde está la lealtad de este nuevo sol crecido -cual hongo- a la sombra y protegido por la humedad del secretario de Comunicaciones y Transportes, quien se encargará de que en el Congreso se olviden de la Ley Televisa, cuando menos hasta que pasen las elecciones presidenciales.
No es una opinión personal. Referente al nombramiento de Mony de Swan, Ramiro Tovar, del ITAM, e Irene Levy, abogada especializada en derecho en telecomunicaciones, sostienen que se trata de una imposición del presidente Calderón; lo mismo expresaron Manlio Fabio Beltrones, Sebastián Lerdo de Tejada y Javier Corral, por mencionar a los que dicen que saben lo que le conviene al país en materia de libertad informativa; es decir, en materia de telecomunicaciones, el instrumento de control de los poderes fácticos. Ya sabemos, entonces, lo que nos espera.
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