Álvaro Cepeda Neri
49 niños murieron en el infierno del pavoroso incendio que se registró en la capital sonorense, en lo que fue la Guardería ABC, y que además, dejó a otros 79 niños con lesiones severas de por vida. Han transcurrido 13 meses, desde aquel 5 de junio del 2009, y sólo prevalece la clásica impunidad de la Corte con su “no hay responsables” al negarse a dar nombres; dejando todo en la ambigüedad de que “hubo violación de derechos” y señalando a dos que tres funcionarios menores para que sobre ellos se vayan las sanciones. Por esto, cuando de menos el ex desgobernador, Robinson-Bours, debería estar sentado en el banquillo del juicio político y el tribunal penal, para deslindarle responsabilidad, al lado del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, y el director general del IMSS: Daniel Karam, ya que son presuntos corresponsables en ese incendio.
Ninguno de estos tres ha sido puesto a disposición de los tribunales, tanto para el juicio político ante el Congreso General; como penal, si el procurador general cumpliera con su deber de procurar justicia y que Calderón, en lo que le compete, hubiera cesado a sus empleados del IMSS y de CT con la mira, pues, de que respondieran de sus conductas. Lo único que ha pasado es que Calderón ofrece dinero y prestaciones a los sobrevivientes, y un pago a los padres de los 49 niños calcinados. Patricia Durate Franco, una madre, de las 130 que estuvieron en la reunión de Hermosillo, misma que Calderón ordenó fuera a puertas cerradas, casi secuestradas, le espetó a Calderón que cesara a esos dos funcionarios.
“Le hablé directamente y le pedí el cese de funcionarios como Daniel Káram, de Juan Molinar Horcasitas, y se les procese penalmente; al igual que al ex gobernador Eduardo Bours; a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa; que procesen a Sandra Téllez y Antonio Salido”. Calderón –agrega la señora– no contestó nada e incluso quiso quitarle la palabra para interrumpirla, mientras su esposa, allí presente, al escuchar el nombre de su prima, solamente volteó la cabeza. Ofreció dinero, pero no justicia. La reunión fue para tratar de “sobarles el lomo” y querer convencer a los padres de que la “justicia” es cuestión de las 30 monedas.
Poco a poco se fueron yendo los asistentes, hasta quedar en la sitiada reunión (sitiada por soldados y policías), unos 30 padres. Éstos oyeron las palabras de Calderón, pero insistieron en su demanda de justicia, antes que prescriba el plazo para el juicio político y penal de los presuntos responsables. A nada de esto se comprometió Calderón, con tal de salvar a la prima de su esposa y así arriesgar lo poco que le queda de poder civil ante quienes piden deslinde de responsabilidades. Fue una reunión más para hacer tiempo y dejar en la impunidad a los funcionarios. Calderón por enésima vez dejó fijada su postura: no habrá justicia. La impunidad para la ingobernabilidad y la puerta abierta para que cada quien se haga justicia por su propia mano fiel a su divisa de “haiga sido como haiga sido”.
49 niños murieron en el infierno del pavoroso incendio que se registró en la capital sonorense, en lo que fue la Guardería ABC, y que además, dejó a otros 79 niños con lesiones severas de por vida. Han transcurrido 13 meses, desde aquel 5 de junio del 2009, y sólo prevalece la clásica impunidad de la Corte con su “no hay responsables” al negarse a dar nombres; dejando todo en la ambigüedad de que “hubo violación de derechos” y señalando a dos que tres funcionarios menores para que sobre ellos se vayan las sanciones. Por esto, cuando de menos el ex desgobernador, Robinson-Bours, debería estar sentado en el banquillo del juicio político y el tribunal penal, para deslindarle responsabilidad, al lado del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, y el director general del IMSS: Daniel Karam, ya que son presuntos corresponsables en ese incendio.
Ninguno de estos tres ha sido puesto a disposición de los tribunales, tanto para el juicio político ante el Congreso General; como penal, si el procurador general cumpliera con su deber de procurar justicia y que Calderón, en lo que le compete, hubiera cesado a sus empleados del IMSS y de CT con la mira, pues, de que respondieran de sus conductas. Lo único que ha pasado es que Calderón ofrece dinero y prestaciones a los sobrevivientes, y un pago a los padres de los 49 niños calcinados. Patricia Durate Franco, una madre, de las 130 que estuvieron en la reunión de Hermosillo, misma que Calderón ordenó fuera a puertas cerradas, casi secuestradas, le espetó a Calderón que cesara a esos dos funcionarios.
“Le hablé directamente y le pedí el cese de funcionarios como Daniel Káram, de Juan Molinar Horcasitas, y se les procese penalmente; al igual que al ex gobernador Eduardo Bours; a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa; que procesen a Sandra Téllez y Antonio Salido”. Calderón –agrega la señora– no contestó nada e incluso quiso quitarle la palabra para interrumpirla, mientras su esposa, allí presente, al escuchar el nombre de su prima, solamente volteó la cabeza. Ofreció dinero, pero no justicia. La reunión fue para tratar de “sobarles el lomo” y querer convencer a los padres de que la “justicia” es cuestión de las 30 monedas.
Poco a poco se fueron yendo los asistentes, hasta quedar en la sitiada reunión (sitiada por soldados y policías), unos 30 padres. Éstos oyeron las palabras de Calderón, pero insistieron en su demanda de justicia, antes que prescriba el plazo para el juicio político y penal de los presuntos responsables. A nada de esto se comprometió Calderón, con tal de salvar a la prima de su esposa y así arriesgar lo poco que le queda de poder civil ante quienes piden deslinde de responsabilidades. Fue una reunión más para hacer tiempo y dejar en la impunidad a los funcionarios. Calderón por enésima vez dejó fijada su postura: no habrá justicia. La impunidad para la ingobernabilidad y la puerta abierta para que cada quien se haga justicia por su propia mano fiel a su divisa de “haiga sido como haiga sido”.
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