Lupita Rodríguez Martínez
Para que la población nuevoleonesa afectada por el huracán ‘Alex’ empiece a recobrar la normalidad de su vida cotidiana será necesario trabajar en soluciones integrales apegadas a la legalidad.
Paralelamente a los programas de reconstrucción de zonas dañadas, habrá que poner orden al descontrolado desarrollo urbano, con el fin de que sea bajo cimientos más sustentables, es decir, respetando de la naturaleza.
Desde hace más de dos décadas los conocedores del problema y los grupos ambientalistas han venido demandando que la planeación urbana de la zona metropolitana de Monterrey y de sus regiones periféricas debe someterse a los principios del desarrollo sustentable.
Para ello, es necesario tener autoridades en materia de desarrollo urbano, obras públicas, medio ambiente y protección civil competentes y no funcionarios improvisados que se vean tentados y vencidos por la corrupción.
¿Quiénes son los responsables de violentar e incumplir la legislación urbana y ambiental? ¿Quiénes autorizaron desarrollar obras en los cauces por donde el huracán ‘Alex’ dejó a miles de ciudadanos con pérdida parcial o total de su patrimonio? Si la Comisión Nacional del Agua hubiera impedido la concesión a particulares para instalar múltiples estructuras inapropiadas, tales como mercados populares, campos de golf, lagos artificiales, pistas de carreras y canchas sintéticas, vialidades públicas, tales como avenidas, puentes, vados y parques lineales (ciclopista y vitapista) en el lecho del Río Santa Catarina, no se estarían cuantificando de nuevo daños como el del ‘Gilberto’ de 1988.
La decisión de la Semarnat, a través de la Comisión Nacional del Agua, debe ser firme y tajante: revocar todas las concesiones autorizadas y prohibir cualquier nueva concesión a pesar de que se interpongan recursos legales en su contra.
Otra pregunta ¿Qué tanto hubiera destruido el huracán ‘Alex’ de haber tenido montañas, lomas y cerros bien cuidados o de haber mantenido bien vigilado el sistema de Áreas Naturales Protegidas, evitando la deforestación y los asentamientos humanos ya fueran irregulares o no?
¿Cuántos daños se hubieran evitado en fraccionamientos y colonias ubicadas en las faldas de la Sierra Madre, Cumbres, Mitras, Topo Chico y La Silla? Puntos donde ricos y pobres se vieron afectados por los deslaves, todo porque en la mayoría de los casos no se dictaminó si debía darse permiso a las constructoras para edificar casas por encontrarse en zonas de riesgo.
La obligación de los municipios deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y de la Ley de Desarrollo Urbano, negando cualquier permiso de construcción en zonas de alto riesgo determinadas en el Atlas de Peligros Naturales y Riesgos del Estado, así como prohibir cualquier desarrollo urbano que no cumpla con estudios y manifiestos de impacto ambiental.
Para lograr lo anterior urge destrabar el Atlas de Riesgos, elaborado en el 2005 pero sin aplicarse actualmente, debido a una pifia legal cometida al reformar la Ley de Desarrollo Urbano, por lo que desde diciembre del 2009 está sometido a otra consulta pública, dejando sin control alguno a los desarrolladores inmobiliarios cuando solicitan permisos de construcción.
Dicha reforma establecía la facultad de dictaminar zonas de riesgo con base en estudios hidráulicos, geológicos, geotécnicos, geofísicos y de mecánica de suelos. Para ello, se contemplarían parámetros y lineamientos estructurales como fallas y fracturas, pendientes del terreno, tipo de litología, áreas asociadas a cañadas, zonas de talud o cercanas a los rompimientos de pendientes y laderas, así como pendientes vinculadas con ríos y arroyos de alta disección de drenaje para el caso de riesgos hidrológicos, tormentas de gran intensidad en poco tiempo y con gran fuerza de arrastre de material, cubierta vegetal escasas y vientos con velocidad por encima de lo recomendable para el tránsito vehicular y de personas.
Con los gobiernos del PRI y PAN haciendo a un lado las restricciones del Atlas de Riesgos, sólo hemos provocado que el acelerado crecimiento urbano sea desordenado, desarticulado y caótico en ciertos municipios, por lo cual estamos viviendo en una bomba de tiempo y no en ciudades sustentables que salvaguarden la vida y el patrimonio de las familias nuevoleonesas.
Para que la población nuevoleonesa afectada por el huracán ‘Alex’ empiece a recobrar la normalidad de su vida cotidiana será necesario trabajar en soluciones integrales apegadas a la legalidad.
Paralelamente a los programas de reconstrucción de zonas dañadas, habrá que poner orden al descontrolado desarrollo urbano, con el fin de que sea bajo cimientos más sustentables, es decir, respetando de la naturaleza.
Desde hace más de dos décadas los conocedores del problema y los grupos ambientalistas han venido demandando que la planeación urbana de la zona metropolitana de Monterrey y de sus regiones periféricas debe someterse a los principios del desarrollo sustentable.
Para ello, es necesario tener autoridades en materia de desarrollo urbano, obras públicas, medio ambiente y protección civil competentes y no funcionarios improvisados que se vean tentados y vencidos por la corrupción.
¿Quiénes son los responsables de violentar e incumplir la legislación urbana y ambiental? ¿Quiénes autorizaron desarrollar obras en los cauces por donde el huracán ‘Alex’ dejó a miles de ciudadanos con pérdida parcial o total de su patrimonio? Si la Comisión Nacional del Agua hubiera impedido la concesión a particulares para instalar múltiples estructuras inapropiadas, tales como mercados populares, campos de golf, lagos artificiales, pistas de carreras y canchas sintéticas, vialidades públicas, tales como avenidas, puentes, vados y parques lineales (ciclopista y vitapista) en el lecho del Río Santa Catarina, no se estarían cuantificando de nuevo daños como el del ‘Gilberto’ de 1988.
La decisión de la Semarnat, a través de la Comisión Nacional del Agua, debe ser firme y tajante: revocar todas las concesiones autorizadas y prohibir cualquier nueva concesión a pesar de que se interpongan recursos legales en su contra.
Otra pregunta ¿Qué tanto hubiera destruido el huracán ‘Alex’ de haber tenido montañas, lomas y cerros bien cuidados o de haber mantenido bien vigilado el sistema de Áreas Naturales Protegidas, evitando la deforestación y los asentamientos humanos ya fueran irregulares o no?
¿Cuántos daños se hubieran evitado en fraccionamientos y colonias ubicadas en las faldas de la Sierra Madre, Cumbres, Mitras, Topo Chico y La Silla? Puntos donde ricos y pobres se vieron afectados por los deslaves, todo porque en la mayoría de los casos no se dictaminó si debía darse permiso a las constructoras para edificar casas por encontrarse en zonas de riesgo.
La obligación de los municipios deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y de la Ley de Desarrollo Urbano, negando cualquier permiso de construcción en zonas de alto riesgo determinadas en el Atlas de Peligros Naturales y Riesgos del Estado, así como prohibir cualquier desarrollo urbano que no cumpla con estudios y manifiestos de impacto ambiental.
Para lograr lo anterior urge destrabar el Atlas de Riesgos, elaborado en el 2005 pero sin aplicarse actualmente, debido a una pifia legal cometida al reformar la Ley de Desarrollo Urbano, por lo que desde diciembre del 2009 está sometido a otra consulta pública, dejando sin control alguno a los desarrolladores inmobiliarios cuando solicitan permisos de construcción.
Dicha reforma establecía la facultad de dictaminar zonas de riesgo con base en estudios hidráulicos, geológicos, geotécnicos, geofísicos y de mecánica de suelos. Para ello, se contemplarían parámetros y lineamientos estructurales como fallas y fracturas, pendientes del terreno, tipo de litología, áreas asociadas a cañadas, zonas de talud o cercanas a los rompimientos de pendientes y laderas, así como pendientes vinculadas con ríos y arroyos de alta disección de drenaje para el caso de riesgos hidrológicos, tormentas de gran intensidad en poco tiempo y con gran fuerza de arrastre de material, cubierta vegetal escasas y vientos con velocidad por encima de lo recomendable para el tránsito vehicular y de personas.
Con los gobiernos del PRI y PAN haciendo a un lado las restricciones del Atlas de Riesgos, sólo hemos provocado que el acelerado crecimiento urbano sea desordenado, desarticulado y caótico en ciertos municipios, por lo cual estamos viviendo en una bomba de tiempo y no en ciudades sustentables que salvaguarden la vida y el patrimonio de las familias nuevoleonesas.
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