Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y... Nombres
A ESTAS ALTURAS lo relacionado con una investigación que realizó la Comisión Federal de Competencia (CFC) en contra de algunas empresas farmacéuticas, en un asunto de proveedurías de insulinas y sueros al IMSS es bastante conocido.
La instancia antimonopólica que preside Eduardo Pérez Motta impuso multas por 21.5 millones de pesos parejo a 6 compañías, por considerar que se coludieron en las licitaciones que se realizaron a ese instituto en el lapso 2003-2006.
En lo que hace a insulinas las afectadas fueron Eli Lilly que dirige Carlos Baños, Probiomed de Jaime Uribe de la Mora, Cryopharma que comanda Pedro Antonio Mirassou y la poderosa firma tapatía Pisa que preside Carlos Alvarez Bermejillo.
Esta última también apareció en sueros, ámbito en el que son junto con la estadounidense Baxter y la europea Fresenius los actores protagónicos con más del 70 por ciento del mercado. Estas tres compañías escenificaron a mediados del 2008 una cruenta guerra en lo que hace a la proveeduría de diálisis al mismo IMSS en la época de Juan Molinar y que se resolvió modificándose las reglas para que el ganador de la subasta anual sólo atendiera los pacientes nuevos.
El expediente relacionado con el IMSS es la primera investigación por prácticas monopólicas absolutas que realiza la CFC, de ahí que los resultados se hubieran festinado en más de un foro.
Todas las compañías presentaron recursos de inconformidad que no prosperaron, por lo que en breve seguramente interpondrán amparos en el poder judicial.
En lo que hace a Pisa que acaba de cumplir 65 años y que dirige Alfonso Alvarez Páramo, su recurso está listo y se presentará la próxima semana.
Pisa es la más afectada porque resultó sancionada en partida doble con 42 millones de pesos. Más allá de lo económico, Pisa está temerosa de los daños colaterales que este asunto podría generarle al afectarse su imagen. Se estima que la investigación está plagada de vicios de origen como el hecho de que el mercado relevante se modificara varias veces. Se pasó de todo el ámbito farmacéutico al IMSS y luego en particular a 160 licitaciones de un universo de 456.
Se cree que había la consigna de utilizar el asunto en la opinión pública en el contexto de las negociaciones para modificar la ley en el Congreso.
Además mucha de la evidencia fue proporcionada por el mismo Santiago Levy quien era el director del IMSS, sin que hasta ahora se haya comprobado la supuesta colusión. Tampoco se consideró la información que aportó Pisa y jamás se citó a sus directivos a comparecer para explicar sus argumentos, previo a una sentencia en la que se habla de "cárteles", que es un término que en la legislación mexicana no existe.
Como imaginará los alegatos del caso van para largo y no se descarta que la última instancia sea la SCJN que preside Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Grupo Pisa es la firma farmacéutica nacional más influyente. En unidades de ventas significa 70 millones mensuales. Tiene más de mil 200 productos y mil 900 presentaciones que se manufacturan en un total de 10 factorías. Fue fundada por Miguel Álvarez Ochoa y en sus orígenes los medicamentos para niños fueron su enfoque. Fue a mitad de los 60’s cuando inició su diversificación. En el mercado al consumidor Electrolit es sin duda su estrella, pero su mayor fortaleza está en los hospitales con todo lo que tiene que ver con sueros, productos inyectables para dolor, antibióticos, oncológicos, nutrición parental, nefrológicos, diabetes, nutrición infantil, endocrinología, por citar algunos de sus 17 campos.
Es una compañía que incluso ha buscado integrarse verticalmente pues también produce textiles que luego se transforman en gasas, vendas, curitas, etcétera.
Así que Pisa está en pie de guerra frente a una resolución que se considera es un abuso de poder por parte de una autoridad.
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ENTRE LOS PENDIENTES que buscará destrabar pronto la Cofetel ya con Mony de Swaan en la presidencia, está lo del mejor aprovechamiento de los 190 megahertz de la banda de 2.5 megahertz que se ha discutido desde hace tiempo. La idea es utilizar ese espectro para telefonía móvil de cuarta generación. Sin embargo uno de los afectados, como se sabe, es MVS de Joaquín Vargas que posee un 65 por ciento de ese activo. Se le ha acusado de que no lo utiliza.
Obviamente no está para nada de acuerdo con regresarlo y ya hay recursos legales de por medio. Lo interesante es que le puedo adelantar que ya hay negociaciones muy avanzadas con SCT, dependencia origen de De Swaan Addati que se buscarían continuar para llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Hay interés en evitar prolongar una batalla legal que sólo lastimaría más a las telecomunicaciones en general y al país. Así que considérelo.
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Y LA NOVEDAD es que el gobierno de Sonora que encabeza Guillermo Padrés va a comenzar en breve los esfuerzos para que una bursatilización de ingresos futuros que realizó esa entidad por 5 mil millones de pesos, se transforme en pasivo en la balance de las finanzas públicas de ese estado. En la negociación participará Banorte que dirige Alejandro Valenzuela, que fue el banco que realizó la operación respaldada con ingresos por placas, licencias y tenencias y que sirvió para generar fondos de apoyo a obras de infraestructura. Esta se dio durante la administración del priista Eduardo Bours, pero fue cuestionada por los panistas y generó inclusive una controversia constitucional. Aunque ésta no afectó el esquema estructurado, lo que se buscaría es eliminar de cuajo el asunto que hoy se ubicaría en unos 4 mil 500 millones de pesos.
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COMO LE ADELANTÉ, será hasta el 22 de julio cuando Cofemer de Alfonso Carballo entregue su resolución vinculada a las reglas para los alimentos en escuelas. Ya hay más de 500 comentarios que deben ser considerados antes de que esa dependencia entregue su respuesta a la SEP que comanda Alonso Lujambio. Pero en el ínter Concamin que preside Salomón Presburger ya se entrevistó con Gerardo Ruiz Mateos para que el gobierno federal modere los lineamientos en el tiempo y los inserte en un programa integral.
Esa vía se buscó frente a la dura posición que mantiene Mauricio Hernández, subsecretario de Salud. Por lo que se conoce el secretario José Ángel Córdova mostraría una actitud más flexible en el asunto, de ahí que no está cerrada la posibilidad de que la IP pudiera retomar los contactos también en este otro frente.
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