Teodoro Rentería Arróyave
Existe una investigación muy precisa de la Organización No Gubernamental, ONG, Artículo 19, en el que apunta que las agresiones a periodistas, en mayor proporción proceden de miembros de las instituciones gubernamentales, mismo estudio que ha sido rechazado, sin argumentos, por supuestos defensores de los comunicadores.
Ante el acoso que han sufrido los periodistas, precisamente al realizar su trabajo por parte de elementos de las fuerzas armadas y de las diferentes policías, el gremio organizado ha levantado la voz para exigir respeto al ejercicio periodístico y a la integridad física de los informadores, por ello mismo, nuevamente se ve en la necesidad de emitir este nuevo comunicado, que por sí mismo se explica y reproducimos integro, dirigido tanto al presidente, Felipe Calderón Hinojosa como al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores:
“Los ataques contra periodistas continúan: tres colegas fueron agredidos por elementos castrenses en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando desarrollaban su labor, cubriendo informativamente un enfrentamiento entre miembros del ejército y presuntos delincuentes.
En forma sorpresiva e inexplicable, probablemente sólo en la ironía del hecho, la Secretaria de la Defensa Nacional condenó la agresión y realizar una investigación, como si con ello fuera suficiente y sin ofrecer una sola disculpa.
El martes, la periodista Abisaí Rubio y el camarógrafo Ricardo Ramírez, ambos de Televisión Azteca, y Antonio Neftalí Gómez, de la estación de Radio Voz de Nuevo Laredo, fueron derribados y golpeados en el suelo repetidamente, por elementos del ejército.
En la trifulca los soldados dañaron una cámara de vídeo propiedad de TV Azteca. Los comunicadores aseguraron, en información divulgada, que la agresión en su contra no cesó, pese a que presentaron las identificaciones de sus empresas.
En el enfrentamiento relacionado con el operativo murieron tres presuntos delincuentes, y las autoridades decomisaron cuatro armas largas, 990 cartuchos, 36 cargadores, un vehículo y una granada de fragmentación, según la SEDENA.
Es cierto que los operativos militares y policiacos generan tensión entre los elementos, pero ello no justifica la agresión contra los periodistas.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México han insistido en que debe elaborarse un protocolo de seguridad donde se establezcan los limites de actuación de la autoridad militar y policiaca, en operativos para proteger a los periodistas que cubren dichos acontecimientos.
La cobertura de sucesos de alto riesgo, como es el caso de ejecuciones o secuestros, requiere la elaboración de dicho protocolo, con el compromiso de las organizaciones gremiales de impulsar su conocimiento amplio entre los colegas para que cuenten con los elementos técnicos de cuidado que evite una tragedia.
Es urgente que la autoridad militar y la policiaca civil asuman su compromiso de velar por la libre expresión de las ideas, donde el protocolo mencionado puede resultar un instrumento valioso.
La agresión brutal amerita, por supuesto, una investigación y una sanción ejemplar, que no tolere la impunidad de la prepotencia.
Signan el documento Roberto Piñón Olivas y Raúl Gómez Espinosa, presidente y secretario general, respectivamente de FAPERMEX, y el autor, vicepresidente FELAP-México.
Existe una investigación muy precisa de la Organización No Gubernamental, ONG, Artículo 19, en el que apunta que las agresiones a periodistas, en mayor proporción proceden de miembros de las instituciones gubernamentales, mismo estudio que ha sido rechazado, sin argumentos, por supuestos defensores de los comunicadores.
Ante el acoso que han sufrido los periodistas, precisamente al realizar su trabajo por parte de elementos de las fuerzas armadas y de las diferentes policías, el gremio organizado ha levantado la voz para exigir respeto al ejercicio periodístico y a la integridad física de los informadores, por ello mismo, nuevamente se ve en la necesidad de emitir este nuevo comunicado, que por sí mismo se explica y reproducimos integro, dirigido tanto al presidente, Felipe Calderón Hinojosa como al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores:
“Los ataques contra periodistas continúan: tres colegas fueron agredidos por elementos castrenses en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando desarrollaban su labor, cubriendo informativamente un enfrentamiento entre miembros del ejército y presuntos delincuentes.
En forma sorpresiva e inexplicable, probablemente sólo en la ironía del hecho, la Secretaria de la Defensa Nacional condenó la agresión y realizar una investigación, como si con ello fuera suficiente y sin ofrecer una sola disculpa.
El martes, la periodista Abisaí Rubio y el camarógrafo Ricardo Ramírez, ambos de Televisión Azteca, y Antonio Neftalí Gómez, de la estación de Radio Voz de Nuevo Laredo, fueron derribados y golpeados en el suelo repetidamente, por elementos del ejército.
En la trifulca los soldados dañaron una cámara de vídeo propiedad de TV Azteca. Los comunicadores aseguraron, en información divulgada, que la agresión en su contra no cesó, pese a que presentaron las identificaciones de sus empresas.
En el enfrentamiento relacionado con el operativo murieron tres presuntos delincuentes, y las autoridades decomisaron cuatro armas largas, 990 cartuchos, 36 cargadores, un vehículo y una granada de fragmentación, según la SEDENA.
Es cierto que los operativos militares y policiacos generan tensión entre los elementos, pero ello no justifica la agresión contra los periodistas.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México han insistido en que debe elaborarse un protocolo de seguridad donde se establezcan los limites de actuación de la autoridad militar y policiaca, en operativos para proteger a los periodistas que cubren dichos acontecimientos.
La cobertura de sucesos de alto riesgo, como es el caso de ejecuciones o secuestros, requiere la elaboración de dicho protocolo, con el compromiso de las organizaciones gremiales de impulsar su conocimiento amplio entre los colegas para que cuenten con los elementos técnicos de cuidado que evite una tragedia.
Es urgente que la autoridad militar y la policiaca civil asuman su compromiso de velar por la libre expresión de las ideas, donde el protocolo mencionado puede resultar un instrumento valioso.
La agresión brutal amerita, por supuesto, una investigación y una sanción ejemplar, que no tolere la impunidad de la prepotencia.
Signan el documento Roberto Piñón Olivas y Raúl Gómez Espinosa, presidente y secretario general, respectivamente de FAPERMEX, y el autor, vicepresidente FELAP-México.
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