Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Pierden la paciencia por cualquier cosa y con rapidez los burócratas federales, tanto los que están en las ventanillas para dar atención a la sociedad, como los encargados de los despachos responsables de instrumentar las políticas públicas; al asumir la responsabilidad se creen habilitados a tirar línea y desacreditar toda actuación o dicho que no es del agrado del titular del Ejecutivo.
Destaca en esa actividad el titular del despacho de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que lo mismo aspira a instruir a los periodistas y a los dueños de los medios para que contextualicen -conforme a los criterios gubernamentales- la información producto del combate a la delincuencia organizada, que a poner un hasta aquí a los defensores de los derechos humanos, para que no se conviertan en cómplices de anomalías que pueden existir dentro de los organismos de seguridad, y mucho menos actúen como “los tontos útiles de una delincuencia organizada a la que le sirve deslegitimar, destituir, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de la autoridad”.
Mueve a reflexión lo dicho por Gómez Mont, pues algo ha de saber donde “nomás” apunta, fintea, denuncia tras un velo de opacidad que asusta y asombra, pues habla claramente de destitución en el ámbito de la autoridad por parte de la delincuencia organizada. ¿Se refiere a las víctimas del michoacanazo, o tiene conocimiento de otras autoridades -no importa su nivel- que fueron destituidas por indicaciones de los barones de la droga, o porque se detectó una posible, pero no probable colusión entre esa destituida autoridad y los delincuentes que enseñorean ya en ciertas partes del territorio nacional, como ocurre en la zona del Pozo Gigante Uno?
Habla Fernando Gómez Mont de que los delincuentes logran contener y condicionar la acción de la autoridad. Después de más de 22 mil muertes es poco probable que los barones de la droga estén en posibilidades de contener y condicionar las políticas públicas de cualquier índole, mucho menos las que están orientadas a nulificarlos o, cuando menos, a acotarlos, si no es que a combatirlos con eficiencia para que en México regrese la paz social, ésta se imponga sobre la paz de los sepulcros, que es la que hasta hoy parece interesar a quienes tienen como tarea de gobierno combatir la delincuencia organizada.
¿Cómo es posible que el encargado del despacho de Gobernación reconozca, en público, que la delincuencia organizada condiciona y debilita la acción de la autoridad? Nada hay más preocupante que un Estado débil. Para conocer de esa tragedia recomiendo la lectura de los escritos de Leonardo Sciascia sobre el secuestro y asesinato de Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas. Y es cierto, sólo los Estados fuertes pueden permitirse el lujo de negociar, con el agravante de que el gobierno italiano de la época prefería muerto a Moro, porque regresarlo vivo significaba cederle la autoridad política, ética y moral.
Conocer de las actividades e identidad de los verdaderos dueños del poder, permitiría al señor Gómez Mont determinar que los únicos, los verdaderos tontos útiles bis a bis el gobierno estadounidense, son precisamente esos barones de la droga dispuestos a escuchar y cumplir las sugerencias y pautas establecidas por la seguridad nacional de Estados Unidos, para poder preservar el negocio que tanto reditúa a unos y a otros.
Por lo pronto, las víctimas de los tontos útiles y de sus cómplices en Estados Unidos, son los mexicanos y su gobierno, pues como señala el Informe Mundial Sobre Drogas 2010, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la “creciente violencia en México por la guerra entre narcotraficantes, se debe a la reducción del mercado de cocaína en Estados Unidos”. Es decir, el Imperio pone los dólares y la estrategia, mientras México pone el dolor, la sangre, la muerte y, por sobre todo, el sacrificio de su futuro, su inviabilidad. No es aserto gratuito ni opinión personal.
La Fundación para la Paz sostiene que el deterioro de la situación económica de la mayoría de los mexicanos, la violencia e inseguridad, así como la intervención extranjera en asuntos internos, son los tres factores que contribuyen mayormente a que México se acerque a la posición de Estado fallido.
Fernando Gómez Mont, docto hombre de leyes, desconoce realidades políticas como las que refiere mi gurú: “El poder, por definición, sólo constituye un medio; mejor dicho, poseer un poder consiste, simplemente, en poseer los medios de acción que sobrepasan la restringida fuerza de la que un individuo dispone por sí mismo. Pero la búsqueda del poder, por su esencial incapacidad de apropiarse su objeto, excluye cualquier consideración de fines, llegando, en una inevitable inversión, a ocupar el lugar de todos los fines. Esta inversión de la relación entre el medio y el fin es la locura fundamental que da razón de todo lo que hay de insensato y sangriento a lo largo de la historia…”
Es cuestión, entonces, de poder discernir quién disfrutará del resultado de las políticas públicas, ni más, ni menos. Los tontos útiles, no.
Pierden la paciencia por cualquier cosa y con rapidez los burócratas federales, tanto los que están en las ventanillas para dar atención a la sociedad, como los encargados de los despachos responsables de instrumentar las políticas públicas; al asumir la responsabilidad se creen habilitados a tirar línea y desacreditar toda actuación o dicho que no es del agrado del titular del Ejecutivo.
Destaca en esa actividad el titular del despacho de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que lo mismo aspira a instruir a los periodistas y a los dueños de los medios para que contextualicen -conforme a los criterios gubernamentales- la información producto del combate a la delincuencia organizada, que a poner un hasta aquí a los defensores de los derechos humanos, para que no se conviertan en cómplices de anomalías que pueden existir dentro de los organismos de seguridad, y mucho menos actúen como “los tontos útiles de una delincuencia organizada a la que le sirve deslegitimar, destituir, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de la autoridad”.
Mueve a reflexión lo dicho por Gómez Mont, pues algo ha de saber donde “nomás” apunta, fintea, denuncia tras un velo de opacidad que asusta y asombra, pues habla claramente de destitución en el ámbito de la autoridad por parte de la delincuencia organizada. ¿Se refiere a las víctimas del michoacanazo, o tiene conocimiento de otras autoridades -no importa su nivel- que fueron destituidas por indicaciones de los barones de la droga, o porque se detectó una posible, pero no probable colusión entre esa destituida autoridad y los delincuentes que enseñorean ya en ciertas partes del territorio nacional, como ocurre en la zona del Pozo Gigante Uno?
Habla Fernando Gómez Mont de que los delincuentes logran contener y condicionar la acción de la autoridad. Después de más de 22 mil muertes es poco probable que los barones de la droga estén en posibilidades de contener y condicionar las políticas públicas de cualquier índole, mucho menos las que están orientadas a nulificarlos o, cuando menos, a acotarlos, si no es que a combatirlos con eficiencia para que en México regrese la paz social, ésta se imponga sobre la paz de los sepulcros, que es la que hasta hoy parece interesar a quienes tienen como tarea de gobierno combatir la delincuencia organizada.
¿Cómo es posible que el encargado del despacho de Gobernación reconozca, en público, que la delincuencia organizada condiciona y debilita la acción de la autoridad? Nada hay más preocupante que un Estado débil. Para conocer de esa tragedia recomiendo la lectura de los escritos de Leonardo Sciascia sobre el secuestro y asesinato de Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas. Y es cierto, sólo los Estados fuertes pueden permitirse el lujo de negociar, con el agravante de que el gobierno italiano de la época prefería muerto a Moro, porque regresarlo vivo significaba cederle la autoridad política, ética y moral.
Conocer de las actividades e identidad de los verdaderos dueños del poder, permitiría al señor Gómez Mont determinar que los únicos, los verdaderos tontos útiles bis a bis el gobierno estadounidense, son precisamente esos barones de la droga dispuestos a escuchar y cumplir las sugerencias y pautas establecidas por la seguridad nacional de Estados Unidos, para poder preservar el negocio que tanto reditúa a unos y a otros.
Por lo pronto, las víctimas de los tontos útiles y de sus cómplices en Estados Unidos, son los mexicanos y su gobierno, pues como señala el Informe Mundial Sobre Drogas 2010, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la “creciente violencia en México por la guerra entre narcotraficantes, se debe a la reducción del mercado de cocaína en Estados Unidos”. Es decir, el Imperio pone los dólares y la estrategia, mientras México pone el dolor, la sangre, la muerte y, por sobre todo, el sacrificio de su futuro, su inviabilidad. No es aserto gratuito ni opinión personal.
La Fundación para la Paz sostiene que el deterioro de la situación económica de la mayoría de los mexicanos, la violencia e inseguridad, así como la intervención extranjera en asuntos internos, son los tres factores que contribuyen mayormente a que México se acerque a la posición de Estado fallido.
Fernando Gómez Mont, docto hombre de leyes, desconoce realidades políticas como las que refiere mi gurú: “El poder, por definición, sólo constituye un medio; mejor dicho, poseer un poder consiste, simplemente, en poseer los medios de acción que sobrepasan la restringida fuerza de la que un individuo dispone por sí mismo. Pero la búsqueda del poder, por su esencial incapacidad de apropiarse su objeto, excluye cualquier consideración de fines, llegando, en una inevitable inversión, a ocupar el lugar de todos los fines. Esta inversión de la relación entre el medio y el fin es la locura fundamental que da razón de todo lo que hay de insensato y sangriento a lo largo de la historia…”
Es cuestión, entonces, de poder discernir quién disfrutará del resultado de las políticas públicas, ni más, ni menos. Los tontos útiles, no.
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