Jenaro Villamil
¿Qué tipo de película está viendo el gobierno de Felipe Calderón ante la reciente ola de masacres, ejecuciones y matanzas del crimen organizado? A juzgar por el desplegado-informe publicado el domingo pasado en los principales medios impresos del país, el Ejecutivo se siente protagonista de Los Intocables y, quizá, hasta se crea Brian de Palma. A juzgar por lo que ha ocurrido en el país, vivimos una preocupante edición de Tiempos violentos, el famoso filme de Quentin Tarantino, en donde no parece existir escapatoria.
El recuento de los hechos desde el viernes 11 de junio –día del inicio de la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y el más violento del sexenio con al menos 85 ejecutados-- hasta los sucesos de esta semana, no deja espacio para las excusas del desplegado calderonista: en la capital de Chihuahua fueron “fusilados” 19 jóvenes que estaban en un internado religioso para superar adicciones; en Ciudad Madero, Tamaulipas, un comando de la muerte rafagueó y asesinó a 26 personas; en Tepic, Nayarit, fueron asesinadas 27 personas; el 14 de junio, otra matanza ocurrió en el penal de Mazatlán, Sinaloa, donde fueron ejecutados 28 reos, 17 de ellos presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, y el mismo día un convoy de policías federales fue emboscado por presuntos narcotraficantes en Zitácuaro, Michoacán, con saldo de 12 de los 40 agentes muertos, mientras 15 más se encuentran gravemente heridos.
Frente a estos acontecimientos, el gobierno sigue insistiendo: “¡Se matan entre ellos!”, como si eso excusara al Estado de su responsabilidad por brindar seguridad, tanto en los penales como en los centros de rehabilitación. Peor aún, como si el hecho de que los sicarios realicen estos actos de venganza se cometiera contra extraterrestres y no contra jóvenes, ciudadanos mexicanos.
Un párrafo del desplegado presidencial insiste en esta tesis del Estado-Pilatos, aquel que se lava las manos y prejuzga sin investigar:
“Más que una ‘guerra del gobierno contra el narcotráfico’, la guerra más mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí. En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en 70% de los casos. Alrededor de 90% de estos casos de homicidio con algún indicio en su causa corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”.
El siguiente párrafo no tiene desperdicio en el guión calderonista de Los Intocables:
“En la disputa por el control de una plaza se producen homicidios especialmente violentos, como decapitaciones, torturas o ejecuciones colectivas, y se generan agravios que recrudecen aún más su nivel de violencia”.
Y si el Estado ya detectó esto, ¿por qué no ha hecho nada para evitar estas decapitaciones, torturas y ejecuciones? ¿Forma parte de la lucha por la seguridad pública gubernamental esta especie de eugenesia, de “limpieza étnica” que aplican los cárteles entre sí?
Sin embargo, el panorama al estilo Tarantino nos vuelve a remitir a una pesadilla que no desaparece con desplegados de prensa. La matanza contra policías federales en Zitácuaro es más inquietante. Tal parece que los criminales no sólo están organizados sino muy pendientes de los mensajes que emite el presidente Calderón para evidenciar el fiasco de su estrategia de “lucha por la seguridad pública”.
Esta matanza ocurrió un día después de que se difundiera el desplegado. En su parte medular, el documento plantea que se avanza hacia una nueva policía federal, más eficaz:
“Hemos multiplicado el número de sus integrantes y la estamos dotando de la tecnología más avanzada para combatir eficazmente a los criminales. Hemos puesto particular énfasis en el proceso de selección y reclutamiento del personal de la nueva policía. Para ello se han aplicado exámenes de control, de confianza y también se ha estrenado y proporcionado mejor armamento a la Policía Federal”.
El largo promocional a la nueva Policía Federal no corresponde con lo que está ocurriendo en las calles, en las avenidas de decenas de ciudades donde todos los mexicanos están padeciendo el fracaso de la estrategia calderonista.
Pero la autocrítica no es algo que caracterice ni caracterizará este gobierno. En su desplegado, el jefe de Los Intocables afirma, sin dar prueba alguna, que “como nunca antes estamos debilitando a las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia. La droga que hemos decomisado alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años. Golpeamos con firmeza y, subrayo, sin distingos, a todas las organizaciones criminales. Tan sólo en 2009 capturamos a 70 lugartenientes de todos los cárteles. Este año hubo más capturas de capos regionales que las que solían hacerse en un sexenio completo”.
¿De qué sirve presumir que se captura a 70 “lugartenientes” si no se hace nada para detener a los responsables de las matanzas de Salvárcar (Ciudad Juárez), Ciudad Madero, Reynosa, en Chichí Suárez (Yucatán), en La Marquesa (Estado de México), Monterrey, Acapulco, Tepic y de tantas y tantas ciudades castigadas por la ley de los Tiempos violentos?
En cadena nacional, el presidente vuelve a recitarle a los mexicanos la larga explicación y justificación de su fracaso de casi cuatro años. Demasiado tarde, demasiado grave, demasiada sangre derramada. La película ya la conocen los ciudadanos que padecen directamente la violencia. Y no le creen a los aspavientos de Calderón.
¿Qué tipo de película está viendo el gobierno de Felipe Calderón ante la reciente ola de masacres, ejecuciones y matanzas del crimen organizado? A juzgar por el desplegado-informe publicado el domingo pasado en los principales medios impresos del país, el Ejecutivo se siente protagonista de Los Intocables y, quizá, hasta se crea Brian de Palma. A juzgar por lo que ha ocurrido en el país, vivimos una preocupante edición de Tiempos violentos, el famoso filme de Quentin Tarantino, en donde no parece existir escapatoria.
El recuento de los hechos desde el viernes 11 de junio –día del inicio de la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y el más violento del sexenio con al menos 85 ejecutados-- hasta los sucesos de esta semana, no deja espacio para las excusas del desplegado calderonista: en la capital de Chihuahua fueron “fusilados” 19 jóvenes que estaban en un internado religioso para superar adicciones; en Ciudad Madero, Tamaulipas, un comando de la muerte rafagueó y asesinó a 26 personas; en Tepic, Nayarit, fueron asesinadas 27 personas; el 14 de junio, otra matanza ocurrió en el penal de Mazatlán, Sinaloa, donde fueron ejecutados 28 reos, 17 de ellos presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, y el mismo día un convoy de policías federales fue emboscado por presuntos narcotraficantes en Zitácuaro, Michoacán, con saldo de 12 de los 40 agentes muertos, mientras 15 más se encuentran gravemente heridos.
Frente a estos acontecimientos, el gobierno sigue insistiendo: “¡Se matan entre ellos!”, como si eso excusara al Estado de su responsabilidad por brindar seguridad, tanto en los penales como en los centros de rehabilitación. Peor aún, como si el hecho de que los sicarios realicen estos actos de venganza se cometiera contra extraterrestres y no contra jóvenes, ciudadanos mexicanos.
Un párrafo del desplegado presidencial insiste en esta tesis del Estado-Pilatos, aquel que se lava las manos y prejuzga sin investigar:
“Más que una ‘guerra del gobierno contra el narcotráfico’, la guerra más mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí. En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en 70% de los casos. Alrededor de 90% de estos casos de homicidio con algún indicio en su causa corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”.
El siguiente párrafo no tiene desperdicio en el guión calderonista de Los Intocables:
“En la disputa por el control de una plaza se producen homicidios especialmente violentos, como decapitaciones, torturas o ejecuciones colectivas, y se generan agravios que recrudecen aún más su nivel de violencia”.
Y si el Estado ya detectó esto, ¿por qué no ha hecho nada para evitar estas decapitaciones, torturas y ejecuciones? ¿Forma parte de la lucha por la seguridad pública gubernamental esta especie de eugenesia, de “limpieza étnica” que aplican los cárteles entre sí?
Sin embargo, el panorama al estilo Tarantino nos vuelve a remitir a una pesadilla que no desaparece con desplegados de prensa. La matanza contra policías federales en Zitácuaro es más inquietante. Tal parece que los criminales no sólo están organizados sino muy pendientes de los mensajes que emite el presidente Calderón para evidenciar el fiasco de su estrategia de “lucha por la seguridad pública”.
Esta matanza ocurrió un día después de que se difundiera el desplegado. En su parte medular, el documento plantea que se avanza hacia una nueva policía federal, más eficaz:
“Hemos multiplicado el número de sus integrantes y la estamos dotando de la tecnología más avanzada para combatir eficazmente a los criminales. Hemos puesto particular énfasis en el proceso de selección y reclutamiento del personal de la nueva policía. Para ello se han aplicado exámenes de control, de confianza y también se ha estrenado y proporcionado mejor armamento a la Policía Federal”.
El largo promocional a la nueva Policía Federal no corresponde con lo que está ocurriendo en las calles, en las avenidas de decenas de ciudades donde todos los mexicanos están padeciendo el fracaso de la estrategia calderonista.
Pero la autocrítica no es algo que caracterice ni caracterizará este gobierno. En su desplegado, el jefe de Los Intocables afirma, sin dar prueba alguna, que “como nunca antes estamos debilitando a las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia. La droga que hemos decomisado alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años. Golpeamos con firmeza y, subrayo, sin distingos, a todas las organizaciones criminales. Tan sólo en 2009 capturamos a 70 lugartenientes de todos los cárteles. Este año hubo más capturas de capos regionales que las que solían hacerse en un sexenio completo”.
¿De qué sirve presumir que se captura a 70 “lugartenientes” si no se hace nada para detener a los responsables de las matanzas de Salvárcar (Ciudad Juárez), Ciudad Madero, Reynosa, en Chichí Suárez (Yucatán), en La Marquesa (Estado de México), Monterrey, Acapulco, Tepic y de tantas y tantas ciudades castigadas por la ley de los Tiempos violentos?
En cadena nacional, el presidente vuelve a recitarle a los mexicanos la larga explicación y justificación de su fracaso de casi cuatro años. Demasiado tarde, demasiado grave, demasiada sangre derramada. La película ya la conocen los ciudadanos que padecen directamente la violencia. Y no le creen a los aspavientos de Calderón.
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