Gonzalo Lara
Confiamos en que en breve Televisa o Tv Azteca lancen una campaña solidaria por “nuestros hermanos de San Juan Copala”, Oaxaca, víctimas de un secuestro masivo por parte de grupos paramilitares priístas, por lo menos, desde enero de este año. ¿El motivo? Declararse comunidad autónoma desde 2007 para regirse por usos y costumbres con gente de la propia comunidad que atienda y entienda realmente las necesidades de los habitantes.
Esperamos, pues un mini “ton”, a semejanza de los que hacen para “nuestros hermanos” que sufren tragedias naturales y por quienes se hacen grandes colectas, a quienes se visita con cámara al hombro, se muestra su precariedad, su tragedia, con música chillona de fondo y con las muecas apropiadas ante la pantalla para sensibilizar a la sociedad para que done, se hermane y se compadezca ante el sufrimiento. Las donaciones, por supuesto, sólo a través de las fundaciones del duopolio televisivo, para que todo sea “transparente”.
Desde enero de este año, por órdenes de la cínicamente denominada y al mismo tiempo bien protegida por el PRI, Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y el no menos irónico Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT, no confundir con MULTI, la contraparte independiente que sufre los ataques de las otras dos), a San Juan Copala (y sus inmediaciones) no pasa nadie ni nada o hay que atenerse a las letales consecuencias.
En las tragedias que aparatosamente hacen ver que sufren como propias las cadenas de televisión, la gente se queda sin agua: la gente de UBISORT y MULT ya cortaron el abasto del líquido y las víctimas tiene que tomarla de fuentes contaminadas. Se queda sin comida: estos grupos paramilitares sólo dejan entrar el mínimo de alimentos. Se quedan aislados: desde abril no entra ni un vehículo que no autoricen los protegidos del PRI, es decir, de Ulises Ruiz Ortiz y demás compinches. La gente muere y está en condiciones de riesgo: que se sepa, ya asesinaron a José Celestino Hernández Cruz el pasado 17 de abril; a Alberta Cariño, defensora de derechos humanos y al observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrantes de la caravana integrada por activistas, periodistas y observadores internacionales de derechos humanos que trataba de llevarles ayuda el pasado 27 de abril; el 20 de mayo tocó el turno al líder Triqui de la comunidad Yosyuxi, Timoteo Alejandro Ramírez y a su esposa, Cleriberta Castro.
No se sabe con exactitud todavía el tipo y la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario, al menos desde que empezó el cerco en enero, contra los 800 habitantes de la zona. Y hay nombres con apellidos: Rufino y Anastasio Juárez Hernández, por ejemplo, líderes de UBISORT. Ambos han secuestrado, robado y golpeado a varios de los habitantes que tienen asediados en la zona.
En las penosas crisis a las que llaman en la tele a prender la llama de la solidaridad, la gente también se quedan sin escuelas y sin servicios de salud. UBISORT y MULT, con la venia de las autoridades, ya cortaron el acceso a maestros y médicos, incluida la Cruz Roja.
María de la Luz Candelaria Chiñas, procuradora de Justicia del estado, advirtió, sin empacho, que el estado no garantizaba ningún tipo de seguridad a la nueva caravana que se dirigía al lugar con 35 toneladas de víveres y más de 300 integrantes el pasado 8 de junio. Que la caravana estuviera encabezada por diputados federales del PRD, con Alejandro Encinas a la cabeza, no fue obstáculo para que también el comisionado de Seguridad Pública del estado, Jorge Quezadas y otros cómplices, dejaran en claro a los integrantes del contingente que el (des)gobierno local no se hacía responsable de nada si entraban a la comunidad, desde la cual se oían disparos de armas. El libre tránsito, las garantías individuales y demás derechos elementales establecidas en la constitución, aquí no aplican, en la franja de Gaza de México, como ya le llaman algunos.
Confiamos en que en breve Televisa o Tv Azteca lancen una campaña solidaria por “nuestros hermanos de San Juan Copala”, Oaxaca, víctimas de un secuestro masivo por parte de grupos paramilitares priístas, por lo menos, desde enero de este año. ¿El motivo? Declararse comunidad autónoma desde 2007 para regirse por usos y costumbres con gente de la propia comunidad que atienda y entienda realmente las necesidades de los habitantes.
Esperamos, pues un mini “ton”, a semejanza de los que hacen para “nuestros hermanos” que sufren tragedias naturales y por quienes se hacen grandes colectas, a quienes se visita con cámara al hombro, se muestra su precariedad, su tragedia, con música chillona de fondo y con las muecas apropiadas ante la pantalla para sensibilizar a la sociedad para que done, se hermane y se compadezca ante el sufrimiento. Las donaciones, por supuesto, sólo a través de las fundaciones del duopolio televisivo, para que todo sea “transparente”.
Desde enero de este año, por órdenes de la cínicamente denominada y al mismo tiempo bien protegida por el PRI, Unión por el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y el no menos irónico Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT, no confundir con MULTI, la contraparte independiente que sufre los ataques de las otras dos), a San Juan Copala (y sus inmediaciones) no pasa nadie ni nada o hay que atenerse a las letales consecuencias.
En las tragedias que aparatosamente hacen ver que sufren como propias las cadenas de televisión, la gente se queda sin agua: la gente de UBISORT y MULT ya cortaron el abasto del líquido y las víctimas tiene que tomarla de fuentes contaminadas. Se queda sin comida: estos grupos paramilitares sólo dejan entrar el mínimo de alimentos. Se quedan aislados: desde abril no entra ni un vehículo que no autoricen los protegidos del PRI, es decir, de Ulises Ruiz Ortiz y demás compinches. La gente muere y está en condiciones de riesgo: que se sepa, ya asesinaron a José Celestino Hernández Cruz el pasado 17 de abril; a Alberta Cariño, defensora de derechos humanos y al observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrantes de la caravana integrada por activistas, periodistas y observadores internacionales de derechos humanos que trataba de llevarles ayuda el pasado 27 de abril; el 20 de mayo tocó el turno al líder Triqui de la comunidad Yosyuxi, Timoteo Alejandro Ramírez y a su esposa, Cleriberta Castro.
No se sabe con exactitud todavía el tipo y la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario, al menos desde que empezó el cerco en enero, contra los 800 habitantes de la zona. Y hay nombres con apellidos: Rufino y Anastasio Juárez Hernández, por ejemplo, líderes de UBISORT. Ambos han secuestrado, robado y golpeado a varios de los habitantes que tienen asediados en la zona.
En las penosas crisis a las que llaman en la tele a prender la llama de la solidaridad, la gente también se quedan sin escuelas y sin servicios de salud. UBISORT y MULT, con la venia de las autoridades, ya cortaron el acceso a maestros y médicos, incluida la Cruz Roja.
María de la Luz Candelaria Chiñas, procuradora de Justicia del estado, advirtió, sin empacho, que el estado no garantizaba ningún tipo de seguridad a la nueva caravana que se dirigía al lugar con 35 toneladas de víveres y más de 300 integrantes el pasado 8 de junio. Que la caravana estuviera encabezada por diputados federales del PRD, con Alejandro Encinas a la cabeza, no fue obstáculo para que también el comisionado de Seguridad Pública del estado, Jorge Quezadas y otros cómplices, dejaran en claro a los integrantes del contingente que el (des)gobierno local no se hacía responsable de nada si entraban a la comunidad, desde la cual se oían disparos de armas. El libre tránsito, las garantías individuales y demás derechos elementales establecidas en la constitución, aquí no aplican, en la franja de Gaza de México, como ya le llaman algunos.
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