Alejandro Encinas Rodríguez
Al momento de que estas líneas sean publicadas deberá estar avanzando la caravana que pretende romper el cerco paramilitar y llevar un mensaje de paz y ayuda humanitaria a San Juan Copala, comunidad enclavada en la región baja triqui de la sierra mixteca, que es objeto de una de las expresiones más crueles del caciquismo imperante e impune al cobijo del gobierno de Oaxaca, y que sólo a lo largo del último cuarto de siglo ha cobrado la vida de más de 600 personas.
La historia de la comunidad triqui es de resistencia ante la dominación. Tan sólo en el siglo XIX se registraron diversos levantamientos armados. En particular en 1834, cuando el descontento popular por una sentencia en Juxtlahuaca, que ordenaba el embargo de tierras comunales para pagar diezmo a la Iglesia y el despojo de tierras por parte de mestizos, la comunidad triqui se levantó en armas encabezada por Dionisio Arriaga y Domingo Santiago, conformando un movimiento en la mixteca de Oaxaca y Guerrero, conocido como rebelión de la montaña, que se extendió hasta 1847, cuando parte de las comunidades se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno.
Tras la Revolución mexicana, los triquis, que militaron en filas zapatistas y carrancistas, permanecieron armados para mantener el control sobre sus propias comunidades, lo que las confrontó. Esta división fue aprovechada desde los años 30 por grupos de mestizos para dominarlos a través de la venta de alcohol y armas, así como la introducción del cultivo de café en sustitución del maíz, desplazando la agricultura tradicional familiar por una economía que alentó la rapiña de acaparadores de Putla y Juxtlahuaca.
En 1948, bajo el argumento de la incapacidad de la comunidad triqui para gobernarse a sí misma, el Congreso del Estado disolvió el municipio de San Juan Copala, rebajando a las comunidades triquis a agencias del municipio de Juxtlahuaca, alimentando la resistencia a las políticas oficiales que prefiguraron su exclusión. Al mismo tiempo, la penetración del PRI en la región quebrantó las formas tradicionales de gobierno e integración comunitaria.
Ello motivó el surgimiento de diversas organizaciones sociales precursoras del actual municipio autónomo de San Juan Copala: El Club, que se crea a partir de un movimiento de barrios que busca recuperar el poder local y devolverlo a los mayordomos; el Movimiento de Unificación Triqui, que surge con el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos como el Frente Nacional contra la Represión y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consolidándose como fuerza política opositora al gobierno local, y una década más tarde, tras diversos conflictos internos, surge en 2006 el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT).
En contraparte, el PRI creó la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, que actúa fuertemente armada con la complacencia del gobierno del estado. Desde el arribo de Ulises Ruiz al gobierno se han recrudecido los actos de represión, lo que impulsó al MULT a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, como un ejercicio democrático y de autonomía del grupo étnico.
Las estrategias de control fragmentaron el tejido social y evidencian un ancestral conflicto racial que se preserva hasta hoy. La venta de alcohol, el tráfico de armas, la disputa por sus recursos naturales, así como un manejo excluyente de las políticas públicas, el acaparamiento y la especulación han acrecentado la miseria en la región y la división interétnica.
La cohesión cultural de pueblo triqui ha impulsado nuevas formas de convivencia que permitan su autodeterminación, lo que inquieta a los poderes fácticos locales, y ha desatado la violencia para contrarrestar el avance democrático de la región mediante el uso de paramilitares y la corrupción de las autoridades locales que han conducido a una situación critica.
Es deseable que la caravana cumpla su cometido. Que no se repitan los lamentables acontecimientos que atentaron contra la caravana anterior y que costaron la vida de dos activos defensores de los derechos humanos. Las autoridades locales y federales deben cumplir sin reservas su deber y garantizar la seguridad de todos los participantes, cuyo único propósito es, a final de cuentas, la paz para sacar de la violencia y del olvido a San Juan Copala.
Al momento de que estas líneas sean publicadas deberá estar avanzando la caravana que pretende romper el cerco paramilitar y llevar un mensaje de paz y ayuda humanitaria a San Juan Copala, comunidad enclavada en la región baja triqui de la sierra mixteca, que es objeto de una de las expresiones más crueles del caciquismo imperante e impune al cobijo del gobierno de Oaxaca, y que sólo a lo largo del último cuarto de siglo ha cobrado la vida de más de 600 personas.
La historia de la comunidad triqui es de resistencia ante la dominación. Tan sólo en el siglo XIX se registraron diversos levantamientos armados. En particular en 1834, cuando el descontento popular por una sentencia en Juxtlahuaca, que ordenaba el embargo de tierras comunales para pagar diezmo a la Iglesia y el despojo de tierras por parte de mestizos, la comunidad triqui se levantó en armas encabezada por Dionisio Arriaga y Domingo Santiago, conformando un movimiento en la mixteca de Oaxaca y Guerrero, conocido como rebelión de la montaña, que se extendió hasta 1847, cuando parte de las comunidades se acogieron al indulto ofrecido por el gobierno.
Tras la Revolución mexicana, los triquis, que militaron en filas zapatistas y carrancistas, permanecieron armados para mantener el control sobre sus propias comunidades, lo que las confrontó. Esta división fue aprovechada desde los años 30 por grupos de mestizos para dominarlos a través de la venta de alcohol y armas, así como la introducción del cultivo de café en sustitución del maíz, desplazando la agricultura tradicional familiar por una economía que alentó la rapiña de acaparadores de Putla y Juxtlahuaca.
En 1948, bajo el argumento de la incapacidad de la comunidad triqui para gobernarse a sí misma, el Congreso del Estado disolvió el municipio de San Juan Copala, rebajando a las comunidades triquis a agencias del municipio de Juxtlahuaca, alimentando la resistencia a las políticas oficiales que prefiguraron su exclusión. Al mismo tiempo, la penetración del PRI en la región quebrantó las formas tradicionales de gobierno e integración comunitaria.
Ello motivó el surgimiento de diversas organizaciones sociales precursoras del actual municipio autónomo de San Juan Copala: El Club, que se crea a partir de un movimiento de barrios que busca recuperar el poder local y devolverlo a los mayordomos; el Movimiento de Unificación Triqui, que surge con el apoyo de organizaciones campesinas y de derechos humanos como el Frente Nacional contra la Represión y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, consolidándose como fuerza política opositora al gobierno local, y una década más tarde, tras diversos conflictos internos, surge en 2006 el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT).
En contraparte, el PRI creó la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, que actúa fuertemente armada con la complacencia del gobierno del estado. Desde el arribo de Ulises Ruiz al gobierno se han recrudecido los actos de represión, lo que impulsó al MULT a la creación del municipio autónomo de San Juan Copala, como un ejercicio democrático y de autonomía del grupo étnico.
Las estrategias de control fragmentaron el tejido social y evidencian un ancestral conflicto racial que se preserva hasta hoy. La venta de alcohol, el tráfico de armas, la disputa por sus recursos naturales, así como un manejo excluyente de las políticas públicas, el acaparamiento y la especulación han acrecentado la miseria en la región y la división interétnica.
La cohesión cultural de pueblo triqui ha impulsado nuevas formas de convivencia que permitan su autodeterminación, lo que inquieta a los poderes fácticos locales, y ha desatado la violencia para contrarrestar el avance democrático de la región mediante el uso de paramilitares y la corrupción de las autoridades locales que han conducido a una situación critica.
Es deseable que la caravana cumpla su cometido. Que no se repitan los lamentables acontecimientos que atentaron contra la caravana anterior y que costaron la vida de dos activos defensores de los derechos humanos. Las autoridades locales y federales deben cumplir sin reservas su deber y garantizar la seguridad de todos los participantes, cuyo único propósito es, a final de cuentas, la paz para sacar de la violencia y del olvido a San Juan Copala.
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