Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Investigador acucioso de las triquiñuelas de la que se valía el viejo régimen político para conseguir sus fines, la participación de Juan Molinar en la vida pública como figura importante en un gobierno era una esperanza en la construcción democrática mexicana. Qué error de apreciación. Quien conoce su vida académica debe sentirse engañado por quien durante tanto tiempo consideró un intelectual comprometido con un nivel de entendimiento superior de la política. Molinar no es mejor que los priistas que tanto criticó y denunció. Es igual o peor.
La mitad de la semana pasada hizo de lado su trabajo como secretario de Comunicaciones y Transportes y se pasó tres días en la Suprema Corte de Justicia en un intenso cabildeo para salvar su trabajo y evitar una condena política. Habló con los ministros para que este lunes, de ser posible, voten en contra del dictamen de Arturo Zaldívar sobre el caso de la guardería ABC de Hermosillo, que dice que si bien no fue culpable de la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en esa guardería subrogada, cuyo permiso para operar ratificó cuando era director del IMSS, sí es responsable.
El argumento del ministro Arturo Zaldívar es impecable al respecto, en cuyas páginas 17 y 18 establece: “El señalamiento de las violaciones graves a garantías individuales es, por un lado, una censura constitucional, política y ética a los servidores públicos responsables… Pero de manera especial, es un llamado a la sociedad y a las autoridades de todo el país en el sentido de que es necesario un nuevo paradigma en la cultura política, a efecto de entender en la vida práctica y no sólo en el discurso, que ostentar un alto cargo público es más que un privilegio una responsabilidad que debe honrarse todos los días”.
La Suprema Corte, como lo plantea el ministro Zaldívar, “a través de la discusión pública y del sentido de sus determinaciones, censura el actuar irresponsable de los servidores públicos que han vulnerado de manera grave los derechos fundamentales de los gobernados; pero, también, coadyuva al cambio cultural, enviando un mensaje a todos los actores políticos para que se tomen las medidas pertinentes que eviten este tipo de acontecimientos”.
El planteamiento es revolucionario en una cultura política como la mexicana. Que los actores políticos rindan cuentas y asuman el costo de las acciones de sus subordinados, como subyace en su alegato del ministro, establecerá un precedente altamente saludable para la salud pública de la nación si la Suprema Corte lo respalda. Es tiempo que los incentivos por hacer bien las cosas sean mayores que los premios por hacerlas mal. Y es hora de que se castigue a quienes fallan y se premie a los que cumplen.
Pero en la Suprema Corte las cosas no están tan claras. Los ministros están divididos. Hay quienes están convencidos que el dictamen no debe responsabilizar a toda la línea de mando cuyas dependencias tuvieron relación directa con la tragedia, y otros que han sido persuadidos por Molinar y varios miembros del gabinete, actuando en su defensa, para que él sea eliminado del dictamen.
Molinar, que se ha negado a discutir el dictamen fuera de su zona de confort donde pudiera transmitir su mensaje sin ser cuestionado, autorizó reproducir al diario Milenio una carta que Molinar escribió para sus hijas, donde afirma que el dictamen del ministro Saldívar es omiso. Pero en ningún momento se refiere a su falta de ética política. De haberla tenido, tras el incendio en la guardería ABC hace un año, a tres meses de haber salido del IMSS, habría renunciado. Molinar dejó pasar la oportunidad de convertirse en el paradigma del funcionario modelo y dimitir en el instante que reclamaba el momento. El hombre vivió disfrazado de demócrata, y ahora vemos que es un autócrata.
Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia se quejaron de que durante el intenso cabildeo que realizó la semana pasada, dejó asomar su Espada de Damocles al sugerir que la Secretaría de Comunicaciones podría quitarle el permiso de operar al Canal del Poder Judicial. En forma coincidente, el corresponsal de un diario cuyo propietario es cercano a Molinar, fue despedido porque su cobertura sobre la guardería ABC no fue lo suficientemente enfática en resaltar las omisiones e irregularidades cometidas por el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo, a fin de que se diluyera la responsabilidad sobre Molinar y el IMSS.
Los funcionarios de la Suprema Corte no ven con mucho optimismo que la mayoría de los ministros respalden el dictamen de Saldívar. Esta es una de las horas críticas de las varias que ya ha tenido que cumplir la Corte en la construcción de un nuevo edificio democrático en México, y los ministros tendrían que estar a la altura de las más altas miras a las que aspiramos los mexicanos y votarlo a favor. La Suprema Corte debe remplazar la carencia de ética política de los funcionarios mexicanos que tendrían que haber renunciado tras la tragedia.
Cuando el ministro Zaldívar habla de cambio en el paradigma de la cultura política, aparecen inmediatamente dos imágenes recientes, la del primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, y la de Dennis Blair, director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, quienes renunciaron a sus cargos, por no hacer bien su trabajo. El primero por no haber podido cumplir sus promesas políticas a la nación y llevar al país a un nuevo estancamiento político; el segundo, porque la comunidad de inteligencia a su mando no pudo evitar un intento, que resultó fallido, de hacer explotar un avión en Navidad.
Ninguno de los dos era culpable, pero sí responsables. Eso se hace en las democracias, se rinden cuentas públicas y políticas. Con el sacrificio personal se fortalecen las instituciones y maduran las sociedades. No es el caso de Molinar, que cayó en la contradicción de muchos mexicanos: la democracia es lo mejor para todos, menos cuando uno tiene que pagar el costo de defenderla. La Suprema Corte de Justicia puede dar un ejemplo y cambiar para bien el aparente destino manifiesto de una cultura autócrata como la mexicana. Eso sí está en sus manos.
Investigador acucioso de las triquiñuelas de la que se valía el viejo régimen político para conseguir sus fines, la participación de Juan Molinar en la vida pública como figura importante en un gobierno era una esperanza en la construcción democrática mexicana. Qué error de apreciación. Quien conoce su vida académica debe sentirse engañado por quien durante tanto tiempo consideró un intelectual comprometido con un nivel de entendimiento superior de la política. Molinar no es mejor que los priistas que tanto criticó y denunció. Es igual o peor.
La mitad de la semana pasada hizo de lado su trabajo como secretario de Comunicaciones y Transportes y se pasó tres días en la Suprema Corte de Justicia en un intenso cabildeo para salvar su trabajo y evitar una condena política. Habló con los ministros para que este lunes, de ser posible, voten en contra del dictamen de Arturo Zaldívar sobre el caso de la guardería ABC de Hermosillo, que dice que si bien no fue culpable de la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en esa guardería subrogada, cuyo permiso para operar ratificó cuando era director del IMSS, sí es responsable.
El argumento del ministro Arturo Zaldívar es impecable al respecto, en cuyas páginas 17 y 18 establece: “El señalamiento de las violaciones graves a garantías individuales es, por un lado, una censura constitucional, política y ética a los servidores públicos responsables… Pero de manera especial, es un llamado a la sociedad y a las autoridades de todo el país en el sentido de que es necesario un nuevo paradigma en la cultura política, a efecto de entender en la vida práctica y no sólo en el discurso, que ostentar un alto cargo público es más que un privilegio una responsabilidad que debe honrarse todos los días”.
La Suprema Corte, como lo plantea el ministro Zaldívar, “a través de la discusión pública y del sentido de sus determinaciones, censura el actuar irresponsable de los servidores públicos que han vulnerado de manera grave los derechos fundamentales de los gobernados; pero, también, coadyuva al cambio cultural, enviando un mensaje a todos los actores políticos para que se tomen las medidas pertinentes que eviten este tipo de acontecimientos”.
El planteamiento es revolucionario en una cultura política como la mexicana. Que los actores políticos rindan cuentas y asuman el costo de las acciones de sus subordinados, como subyace en su alegato del ministro, establecerá un precedente altamente saludable para la salud pública de la nación si la Suprema Corte lo respalda. Es tiempo que los incentivos por hacer bien las cosas sean mayores que los premios por hacerlas mal. Y es hora de que se castigue a quienes fallan y se premie a los que cumplen.
Pero en la Suprema Corte las cosas no están tan claras. Los ministros están divididos. Hay quienes están convencidos que el dictamen no debe responsabilizar a toda la línea de mando cuyas dependencias tuvieron relación directa con la tragedia, y otros que han sido persuadidos por Molinar y varios miembros del gabinete, actuando en su defensa, para que él sea eliminado del dictamen.
Molinar, que se ha negado a discutir el dictamen fuera de su zona de confort donde pudiera transmitir su mensaje sin ser cuestionado, autorizó reproducir al diario Milenio una carta que Molinar escribió para sus hijas, donde afirma que el dictamen del ministro Saldívar es omiso. Pero en ningún momento se refiere a su falta de ética política. De haberla tenido, tras el incendio en la guardería ABC hace un año, a tres meses de haber salido del IMSS, habría renunciado. Molinar dejó pasar la oportunidad de convertirse en el paradigma del funcionario modelo y dimitir en el instante que reclamaba el momento. El hombre vivió disfrazado de demócrata, y ahora vemos que es un autócrata.
Funcionarios de la Suprema Corte de Justicia se quejaron de que durante el intenso cabildeo que realizó la semana pasada, dejó asomar su Espada de Damocles al sugerir que la Secretaría de Comunicaciones podría quitarle el permiso de operar al Canal del Poder Judicial. En forma coincidente, el corresponsal de un diario cuyo propietario es cercano a Molinar, fue despedido porque su cobertura sobre la guardería ABC no fue lo suficientemente enfática en resaltar las omisiones e irregularidades cometidas por el gobierno de Sonora y la presidencia municipal de Hermosillo, a fin de que se diluyera la responsabilidad sobre Molinar y el IMSS.
Los funcionarios de la Suprema Corte no ven con mucho optimismo que la mayoría de los ministros respalden el dictamen de Saldívar. Esta es una de las horas críticas de las varias que ya ha tenido que cumplir la Corte en la construcción de un nuevo edificio democrático en México, y los ministros tendrían que estar a la altura de las más altas miras a las que aspiramos los mexicanos y votarlo a favor. La Suprema Corte debe remplazar la carencia de ética política de los funcionarios mexicanos que tendrían que haber renunciado tras la tragedia.
Cuando el ministro Zaldívar habla de cambio en el paradigma de la cultura política, aparecen inmediatamente dos imágenes recientes, la del primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, y la de Dennis Blair, director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, quienes renunciaron a sus cargos, por no hacer bien su trabajo. El primero por no haber podido cumplir sus promesas políticas a la nación y llevar al país a un nuevo estancamiento político; el segundo, porque la comunidad de inteligencia a su mando no pudo evitar un intento, que resultó fallido, de hacer explotar un avión en Navidad.
Ninguno de los dos era culpable, pero sí responsables. Eso se hace en las democracias, se rinden cuentas públicas y políticas. Con el sacrificio personal se fortalecen las instituciones y maduran las sociedades. No es el caso de Molinar, que cayó en la contradicción de muchos mexicanos: la democracia es lo mejor para todos, menos cuando uno tiene que pagar el costo de defenderla. La Suprema Corte de Justicia puede dar un ejemplo y cambiar para bien el aparente destino manifiesto de una cultura autócrata como la mexicana. Eso sí está en sus manos.
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