Sus pies diminutos corren descalzos por el camino de tierra. No sienten el dolor de las piedras, están más que acostumbradas a la desnudez de sus pies, y además lo que les preocupa, a esas seis mujeres de poncho rojo, es volver a casa sanas y salvas con los cinco niños que acarrean. Hoy el comandante de Juxtlahuaca, un municipio mestizo en la zona triqui las dejó ir, después de que, con su complicidad, presuntos integrantes del grupo paramilitar Unión y Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) las retuviesen en la comunidad de La Sabana durante una noche entera, las insultaran, las maltrataran y les robasen la comida que habían ido a buscar a Juxtlahuaca, desde su pueblo San Juan Copala.
Esto pasó el pasado 16 de mayo, un día después de que fueran secuestradas de entre un grupo de 30 mujeres triquis, prácticamente la totalidad que viven en San Juan Copala, un pequeño municipio de la Sierra Madre oaxaqueña que ha pasado a ocupar portadas internacionales desde que a finales de abril atacaran a una caravana humanitaria internacional que allí se dirigía, asesinando a la defensora de Derechos Humanos Alberta Beatriz Cariño y al observador finlandés Jyri Jaakkola, cuyos homicidios continúan impunes como todos los atropellos que viene sufriendo esta población desde que en 2007 desafiaran a los partidos políticos y organizaciones que controlan la región y crearan un municipio autónomo.
El municipio autónomo, aunque ahora es el único en el estado de Oaxaca –si los hay en otros estados, como los que conforman los pueblos zapatistas en Chiapas-, bebe de la tradición indígena y se fundamenta en no reconocer a las autoridades partidistas y retornar a la organización originaria, basada en una distribución del poder en cargos religiosos y civiles consensuados por los indígenas locales en asamblea.
Los triquis de Copala, decidieron volver a implementarlo en 2007, después de que la organización que crearon en los años 80, el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), apostara por conformarse como partido y se desentendiese de algunas de las principales reivindicaciones por las que nació, la soberanía del territorio histórico de los indígenas triquis, el control de sus recursos naturales, y la defensa de su cultura y lengua, frente a las intromisiones interesadas de los mestizos. Así se escindieron del MULT y crearon el MULTI, Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente.La región triqui es una isla fértil en medio de la Sierra Madre. Con montañas que superan los 2500 metros de alturas y barrancos que descienden hasta los mil metros sobre el nivel del mar, es rica en recursos madereros, agua, minas e ideal para la cosecha del café, el producto comercial principal y que desde su introducción a principios del siglo XX ha ocasionado conflictos.
Según narra el principal experto en la región, el también indígena Francisco López Barcenas, en su libro San Juan Copala, dominación política y resistencia popular, los conflictos armados entre triquis son un contínuo desde los tiempos de la revolución mexicana, hace un siglo. No obstante, el mismo Bárcenas, demuestra con sus investigaciones que esta violencia vino imbuida desde fuera, por parte de los caciques y comerciantes locales que querían aprovecharse de la venta de café, en un salto de la economía de subsistencia a la de mercado para la que los triquis aún no estaban preparados.
“En el plano económico armaron un circuito para despojar a los triquis de su producción que incluía la entrega de aguardiente para que se embriagaran, lo mismo que armas para que se pelearan entre ellos, con lo cuál cancelaron su producción y les robaron utilizando medidas alteradas. Políticamente, les arrebataron su categoría de municipio libre y (…) les impusieron el poder mestizo. Durante las décadas q siguieron los triquis vivieron una de las más cruentas guerras entre hermanos”, relata el libro que es una radiografía de la zona.
Esta situación cambió el rostro social y político del lugar. A parte de armarles a todos, les separaron sus tierras en diferentes partidas agrarias que no correspondían a los lazos naturales y adscribieron sus aldeas a diferentes municipios sin respetar sus dos centros políticos y ceremoniales propios, los chuman’a, uno de ellos San Juan Copala, que agrupaba toda la región baja triqui.
Sin embargo, tal y como hace el gobernador Ulises Ruíz ahora en declaraciones recientes a la prensa, históricamente también se han inventado respuestas fáciles. Así, desde hace años se afirma que son violentos por naturaleza porque la cultura de la muerte es parte de su cosmovisión. Una aseveración, según Bárcenas, falsa, interesada y discriminatoria que no arroja luz sobre el problema y no abona a su solución.
En una entrevista reciente, Barcenas argüía que se trata de “una violencia inducida desde el gobierno. No son conflictos intercomunitarios propiamente. Hay enfrentamientos entre comunidades, pero por su filiación. En este caso, la Ubisort, que obedece directamente las directrices del PRI y el gobierno del estado, y por otro lado un grupo de comunidades que deciden romper con toda organización para construir su propio camino, recurrir a su propias tradiciones, costumbres, autoridades y hacer su municipio autónomo”.Otra de las fracciones es el MULT, que aún no ha digerido perder parte de sus afiliados, y por lo tanto, el control de la zona donde habitan y los recursos que allí se destinaban. En un estado tan marginado como el de Oaxaca, que alcanza en algunos lugares índices de pobreza como el África Subsahariana, y es el tercer estado menos desarrollado de México, las inversiones federales y estatales no recaen en la zona a través de infraestructuras básicas o obras públicas, si no en partidas presupuestarias que son entregadas a los municipios y a las organizaciones sociales que los controlan. Al deslindarse del sistema partidista, no sólo San Juan Copala pierde estos recursos, sino que las dos organizaciones que los recibían ven mermados una parte de ellos porque ya no se destinan.
Pero desde San Juan Copala aseguran que no quieren ese dinero. “Sólo queremos que nos dejen gobernarnos a nuestra manera, no queremos dinero, ni depender de nadie, queremos trabajar y justicia para todos estos asesinatos. En estos tres años, solo en Copala ha habido 25 muertos y nadie ha venido a ver si hay justicia, si hay alimentos, si hay educación”, asegura Marcos Albino, representante del Municipo Autónomo en la Ciudad de México.El último asesinato fue el pasado 20 de mayo y consternó a toda la población triqui pues tocó a uno de sus máximos “líderes naturales” Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, Cleriberta Castro. Ambos vivían en una de las comunidades de San Juan Copala y atendían una tienda. Desde hace seis meses llegaban unos comerciantes a abastecer su negocio con precios mucho más baratos que el resto. La tarde del 20 de mayo, después de haberse ganado la confianza del líder, le dispararon a bocajarro en su propia casa.
Los dirigentes del municipio autónomo de Copala responsabilizan al gobierno del homicidio. “Timoteo fue asesinado por desconocidos, pero es un crimen de estado. Mataron al compañero porque su proyecto era empujar una mesa de diálogo entre las comunidades. Él no le apostaba a los partidos políticos, sino a organizarnos a nuestra manera, a nuestra cultura, con nuestra lengua. Pero con su muerte no se detiene los proyectos q hemos impulsados, la medicina comunitaria, la educación comunitaria, hacerle frente a los partidos en la región”, declaró en rueda de prensa Jorge Albino, hermano de Marcos y Comisionado por los Derechos Humanos en el municipio autónomo de Copala.
Pero estas dos muertes, como la emboscada a la Caravana Humanitaria, sólo pone de manifiesto lo que Copala está viviendo día a día. El mero San Juan, el chuman’a, está en una situación extrema, pues los hostigamientos se radicalizaron a finales de noviembre, cuando iban a recibir a una caravana de los movimientos sociales del estado de México. Ésta no consiguió entrar y a partir de ese día la comunidad fue sitiada por un cerco paramilitar que no les da tregua. Todos los accesos a la comunidad están bloqueados por retenes de la Ubisort que no permiten la entrada ni la salida de personas, ni siquiera de los maestros y el médico que desde hace seis meses no llegan a la comunidad. Les cortaron la luz, el agua y el teléfono que había en el municipio. Las tiendas están cerradas porque no queda nada que vender.En sus calles, de tierra, sólo hay algún que otro perro famélico, y gallinas y pavos en busca de algo que picotear. La gente apenas sale porque hay tiros día y noche. Los paramilitares les acechan desde los cerros y cuando ven a alguien disparan, especialmente a los hombres. Las mujeres y los niños tienen un poco más de fuero, pero igualmente han herido algunas, y cuando intentan salir de la comunidad, como el 15 de mayo, corren severos peligros.
Ante esta situación, el municipio ha organizado otra caravana para este 8 de junio. Bajo el nombre de Caravana Betty Cariño y Jyri Jaakkola, este nuevo convoy pretende llevar víveres al municipio y romper el cerco paramilitar que desde hace seis meses tiene esa población sitiada. Además, pretenden que los periodistas y las organizaciones políticas y de Derechos Humanos que la integran constaten lo que está pasando en la población y lo difundan “para lograr una resolución por parte del gobierno del estado y el gobierno federal” según lo explica Víctor Castillo, otro indígena triqui que se ocupa del acopio de víveres en su exilio en la Ciudad de México. Para ello estan intentando reunir 500 personas, pues pretenden que sea mucho mayor a la anterior –donde sólo viajaron 27- para que disuada a los paramilitares que operan en la zona a cumplir sus amenazas de volver atacar.
Para el Profesor Melitón Santiago, portavoz del magisterio en Oaxaca, “el único que puede sentarse a platicar con las organizaciones triquis para que frenen la violencia es el gobierno estatal, que es quien los financia”. Sin embargo, pese a la exacerbación de la violencia, no ha habido ninguna voluntad por parte del Estado. A lo que agrega “Ruíz va a gastar todos los recursos para mantener a su gente en el poder y así lo está pagando la zona triqui”.
Y es que el resto del estado se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones del próximo 4 de julio, donde por primera vez, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría perder la mayoría que ha ostentado durante los últimos 80 años. Aunque la alternativa electoral no provoque en la sociedad grandes expectativas de cambio por ser una coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna a nivel federal y es de derecha, con el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), la salida del priismo provocaría el desmorone de todos sus pactos con la oligarquía caciquil y además abriría la puerta a un juicio político al gobernador Ulises Ruíz, que podría dejarle muy mal parado. En este contexto, el gobierno actual se aferra al poder.
Rubén Valencia, miembro de la organización Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, y que ya participó en la última caravana, el PRI se siente acorralado y apuesta por una estrategia de miedo. “El gobierno quiere una inestabilidad política que beneficie un voto de miedo a favor del PRI”, asevera.
Y es que desde el 2006, el gobierno que encabeza Ruíz está sumido en una crisis de legitimidad. Ese año, una movilización magisterial desembocó en una protesta ciudadana sin precedentes que pedía la destitución de Ruíz y puso en jaque la administración del estado durante cinco meses. Para apagarla, el estado reprimió cruelmente, asesinó a 28 personas y detuvo a otras 250.
Unos crímenes, por cierto, por los cuáles la Suprema Corte de Justicia responsabilizó a Ruíz, y recomendó dos juicios políticos en su contra, uno en el Congreso del Estado de Oaxaca y otro a nivel federal. Ninguno se ha hecho. Esta impunidad, según el abogado de Amnistía Internacional, David Peña, ha llevado al caso extremo de San Juan Copala, con la complacencia del propio estado estatal y federal. “Esta complicidad es compartida por los dos niveles de gobierno, que siguen sin responder. La responsabilidad es de Ulises Ruíz, de su secretario de gobierno y del Congreso de la Unión, que ha tenido la posibilidad de enjuiciar a Ruíz y no lo ha hecho por los acuerdos entre el PAN y el PRI”, afirma Peña.
Con este grado de polarización, no sólo en Copala sinó en todo el estado, las elecciones del próximo 4 de julio se prevén controvertidas. El mismo magisterio ha anunciado para el próximo día 9 un nuevo plantón magisterial cómo el que desembocó en la crisis del 2006.
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