Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Todos los partidos se cruzaron por semanas la misma acusación sobre el uso de recursos públicos con fines electorales. Se recurrió al espionaje político para demostrarlo y se grabaron funcionarios y vehículos federales entregando dinero social. Se congeló la entrega de presupuestos a gobiernos estatales pero en nada pareció mermar la inversión para el Superdomingo. El Presidente tuvo dos cadenas nacionales para difundir mensajes que no las ameritaban, y los gobernadores de todos los partidos viajaron en sus días de asueto a los estados donde hay comicios este 4 de julio. Todos dijeron estar dentro de la ley, y si alguien está inconforme o no les creyó, el problema es de éstos.
En esta campaña emergió el fantasma del viejo régimen. La diferencia entre antes y después de la alternancia en el poder en 2000, es que la dialéctica tocquevilleana que nos llevó por los 90 entre una sociedad que quería nacer y una que se negaba a morir, tuvo una regresión. Quienes se decían demócratas resultaron no serlo tanto, con lo cual la cultura política que se fue construyendo durante siete décadas sobre los pilares del clientelismo y el corporativismo priista, se extrapoló al resto de los partidos. Parafraseando al ex senador Raymundo Cárdenas, cuando explicó su rompimiento con la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y su brinco al PRI por la forma como la selección del candidato perredista al gobierno: “Para qué me quedo en un partido pirata; mejor me voy al original”.
El PRI, sobretodo en algunos estados, mostró estar lejos la modernidad política que presumen. El caso paradigmático es Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca que se hizo cargo de la jefatura de campaña de su delfín a la gubernatura, y que utilizó la vieja máxima de que lo más barato se consigue con dinero. Compró presidentes municipales de la oposición, que fueron dejando el PRD para sumarse al PRI y le dio cobertura política y mediática al candidato que impuso. Pero ese dinero no salió de las arcas del erario, como asumen de él y otros, sus opositores.
“Están totalmente equivocados si creen que se está sacando dinero del presupuesto para las campañas”, dijo un gobernador priista que no tiene elección este domingo. “Para las campañas nos preparamos con tiempo, y vamos juntando los recursos”. No es nuevo. Un alto número de convenios con medios y pagos de propaganda de campañas electorales que manejó el ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel, por ejemplo, no sólo se hacían en efectivo, sino que las fajillas de billetes, recordaron testigos, tenían fecha de haber salido del banco 10 años antes de haber sido utilizadas. ¿De dónde salió el dinero? Del erario público, no.
A lo largo de este año, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, retrasó la entrega del presupuesto a la mayoría de los gobiernos priistas. Los panistas le han protestado y no le creen que esté diciendo la verdad. No lo entienden porque nunca comprendieron la forma como el PRI movía su maquinaria política a través de los gobernadores. El gobierno de Felipe Calderón ha sido rupestre en su montaje clientelar y corporativista. Cambió de manera masiva a la mayoría de los delegados de Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes en el país, no sólo colocando panistas, sino que en un buen número de casos, particularmente donde se requieren técnicos, nombrando a personas que desconocen el campo al cual fueron asignados, motivando las protestas que descubrieron sus movimientos.
A través de ellos han estado realizando trabajo político electoral. Por ejemplo en Oaxaca, la Sedesol envió una flotilla de vehículos para apoyar la campaña de su candidato, y aprovechando las lagunas legales que no impiden a un ciudadano hacer campaña por quien quiera, la primera dama Margarita Zavala estuvo en el estado realizando trabajos sociales con la esposa del candidato de la alianza. La Sedesol entregó antes despensas en Veracruz y Yucatán, estados con elecciones.
Los panistas no terminan de entender que el dinero político no va a aparecer fácilmente en las cuentas públicas, ni que por el hecho de que ellos sí lo hagan de esa manera, quiere decir que otros hacen lo mismo. Ese dinero proviene de rubros que no se contabilizan ni causan impuestos. Por ejemplo, los giros negros. Los grandes conflictos internos dentro del PRD se dan en las delegaciones capitalinas Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde la caja registradora de esos negocios irregulares suma ingresos mensuales por más de nueve dígitos. Sólo para dar una idea de la magnitud del dinero que circula en los giros negros, en una delegación chica en ese campo, los recursos que se quedan en ella fuera de todo control fiscal ascienden a 10 millones de pesos mensuales. Junto con ello se encuentran los ambulantes, que proliferan en donde hay gobierno perredistas, no por su vocación social, sino por las cuotas mensuales que pueden ir de 300 mil a dos millones de pesos mensuales, por local, que entran fuera de las cuentas públicas.
Desde los terremotos de 1985, el PRD le arrebató al PRI las relaciones clientelares y corporativistas en el Distrito Federal, su principal granero de votos, y las ha desarrollado eficientemente. En la elección en Zacatecas, por ejemplo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, le pidió a tres delegados capitalinos que apoyaran a la gobernadora García en la operación electoral en los tres principales municipios. A nivel microciudadano, en grupos organizados por barrios en toda la capital, cada semana hay reuniones de líderes locales que prometen créditos de viviendas de interés social a cambio de votos y asistencias en marchas y mítines, que les ha sido muy redituable para mostrar fuerza en los últimos años.
Es una desgracia democrática lo que vive la política en México hoy en día. Hay abusos que no se pueden probar, como la fuente de los recursos, e irregularidades por leyes obsoletas, como la que impide a los gobernantes hacer campaña –con financiamiento de su partido, no del presupuesto- por candidatos a u puesto de elección popular. Existe un rostro que sigue siendo autoritario y que ha contaminado al cuerpo político. Esa cultura dejó de ser patrimonio del PRI y se convirtió en un anhelo de quienes eran oposición. Vivimos la regresión política tras una década perdida en la construcción democrática, cuya máscara se ha quitado la máscara, dejando todo oliendo a podrido.
Todos los partidos se cruzaron por semanas la misma acusación sobre el uso de recursos públicos con fines electorales. Se recurrió al espionaje político para demostrarlo y se grabaron funcionarios y vehículos federales entregando dinero social. Se congeló la entrega de presupuestos a gobiernos estatales pero en nada pareció mermar la inversión para el Superdomingo. El Presidente tuvo dos cadenas nacionales para difundir mensajes que no las ameritaban, y los gobernadores de todos los partidos viajaron en sus días de asueto a los estados donde hay comicios este 4 de julio. Todos dijeron estar dentro de la ley, y si alguien está inconforme o no les creyó, el problema es de éstos.
En esta campaña emergió el fantasma del viejo régimen. La diferencia entre antes y después de la alternancia en el poder en 2000, es que la dialéctica tocquevilleana que nos llevó por los 90 entre una sociedad que quería nacer y una que se negaba a morir, tuvo una regresión. Quienes se decían demócratas resultaron no serlo tanto, con lo cual la cultura política que se fue construyendo durante siete décadas sobre los pilares del clientelismo y el corporativismo priista, se extrapoló al resto de los partidos. Parafraseando al ex senador Raymundo Cárdenas, cuando explicó su rompimiento con la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, y su brinco al PRI por la forma como la selección del candidato perredista al gobierno: “Para qué me quedo en un partido pirata; mejor me voy al original”.
El PRI, sobretodo en algunos estados, mostró estar lejos la modernidad política que presumen. El caso paradigmático es Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca que se hizo cargo de la jefatura de campaña de su delfín a la gubernatura, y que utilizó la vieja máxima de que lo más barato se consigue con dinero. Compró presidentes municipales de la oposición, que fueron dejando el PRD para sumarse al PRI y le dio cobertura política y mediática al candidato que impuso. Pero ese dinero no salió de las arcas del erario, como asumen de él y otros, sus opositores.
“Están totalmente equivocados si creen que se está sacando dinero del presupuesto para las campañas”, dijo un gobernador priista que no tiene elección este domingo. “Para las campañas nos preparamos con tiempo, y vamos juntando los recursos”. No es nuevo. Un alto número de convenios con medios y pagos de propaganda de campañas electorales que manejó el ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel, por ejemplo, no sólo se hacían en efectivo, sino que las fajillas de billetes, recordaron testigos, tenían fecha de haber salido del banco 10 años antes de haber sido utilizadas. ¿De dónde salió el dinero? Del erario público, no.
A lo largo de este año, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, retrasó la entrega del presupuesto a la mayoría de los gobiernos priistas. Los panistas le han protestado y no le creen que esté diciendo la verdad. No lo entienden porque nunca comprendieron la forma como el PRI movía su maquinaria política a través de los gobernadores. El gobierno de Felipe Calderón ha sido rupestre en su montaje clientelar y corporativista. Cambió de manera masiva a la mayoría de los delegados de Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes en el país, no sólo colocando panistas, sino que en un buen número de casos, particularmente donde se requieren técnicos, nombrando a personas que desconocen el campo al cual fueron asignados, motivando las protestas que descubrieron sus movimientos.
A través de ellos han estado realizando trabajo político electoral. Por ejemplo en Oaxaca, la Sedesol envió una flotilla de vehículos para apoyar la campaña de su candidato, y aprovechando las lagunas legales que no impiden a un ciudadano hacer campaña por quien quiera, la primera dama Margarita Zavala estuvo en el estado realizando trabajos sociales con la esposa del candidato de la alianza. La Sedesol entregó antes despensas en Veracruz y Yucatán, estados con elecciones.
Los panistas no terminan de entender que el dinero político no va a aparecer fácilmente en las cuentas públicas, ni que por el hecho de que ellos sí lo hagan de esa manera, quiere decir que otros hacen lo mismo. Ese dinero proviene de rubros que no se contabilizan ni causan impuestos. Por ejemplo, los giros negros. Los grandes conflictos internos dentro del PRD se dan en las delegaciones capitalinas Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde la caja registradora de esos negocios irregulares suma ingresos mensuales por más de nueve dígitos. Sólo para dar una idea de la magnitud del dinero que circula en los giros negros, en una delegación chica en ese campo, los recursos que se quedan en ella fuera de todo control fiscal ascienden a 10 millones de pesos mensuales. Junto con ello se encuentran los ambulantes, que proliferan en donde hay gobierno perredistas, no por su vocación social, sino por las cuotas mensuales que pueden ir de 300 mil a dos millones de pesos mensuales, por local, que entran fuera de las cuentas públicas.
Desde los terremotos de 1985, el PRD le arrebató al PRI las relaciones clientelares y corporativistas en el Distrito Federal, su principal granero de votos, y las ha desarrollado eficientemente. En la elección en Zacatecas, por ejemplo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, le pidió a tres delegados capitalinos que apoyaran a la gobernadora García en la operación electoral en los tres principales municipios. A nivel microciudadano, en grupos organizados por barrios en toda la capital, cada semana hay reuniones de líderes locales que prometen créditos de viviendas de interés social a cambio de votos y asistencias en marchas y mítines, que les ha sido muy redituable para mostrar fuerza en los últimos años.
Es una desgracia democrática lo que vive la política en México hoy en día. Hay abusos que no se pueden probar, como la fuente de los recursos, e irregularidades por leyes obsoletas, como la que impide a los gobernantes hacer campaña –con financiamiento de su partido, no del presupuesto- por candidatos a u puesto de elección popular. Existe un rostro que sigue siendo autoritario y que ha contaminado al cuerpo político. Esa cultura dejó de ser patrimonio del PRI y se convirtió en un anhelo de quienes eran oposición. Vivimos la regresión política tras una década perdida en la construcción democrática, cuya máscara se ha quitado la máscara, dejando todo oliendo a podrido.
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