Cortesía Centro Prodh
Un nuevo madruguete como respuesta a demandas sociales
Tras cerca de 3 años de huelga por fallas en las medidas de seguridad, el día de ayer a las 10 de la noche, los obreros del Sindicato 65 de Mineros fueron desalojados a manos de elementos federales que tomaron por la fuerza las instalaciones de la Productora de cobre Mexicana de Cananea. Posteriormente, según informó la Organización Familia Pasta de Conchos en 2 boletines urgentes emitidos por ellos el día de hoy, informa que a tan sólo horas de diferencia de la violencia ejercida contra los trabajadores de Cananea, a las 2:15 de la madrugada, hizo acto de presencia un convoy de la policía estatal de Coahuila escoltando automóviles para que Grupo México se posesionara de la mina 8 Unidad Pasta de Conchos. El convoy estaba conformado cuando menos por veinte patrullas de la Policía Estatal de Coahuila y escoltó a varios automóviles de lujo para que representantes y trabajadores de Grupo México tomaran posesión de la Mina número 8 Unidad Pasta de Conchos. Según la Familia Pasta de Conchos, a las familias que se presentaron a los minutos del ingreso de la Policía Estatal no se les permitió acercarse ni se les ha dado alguna información.
Estos hechos revisten de especial importancia debido a que después de 4 años de lucha de los familiares de los 65 mineros fallecidos sin que hubiera resultados por parte del Gobierno federal, el 19 de febrero de 2010 , con el acompañamiento del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un grupo de familiares presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, a fin de que se pronuncie sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno o con la aquiescencia de éste, frente a la tragedia de Pasta de Conchos.
Según la Familia Pasta de Conchos, la empresa Industrial Minera México, S.A. (IMMSA), perteneciente al Grupo México, ha introducido varilla y cemento, presumiblemente con el fin de sellar la mina, tal como se había intentado hace un año y medio aproximadamente originando la reacción de las familias que impidieron dicha acción. El hecho de que se pretenda sellar la mina no sólo daría pie a posibles situaciones difíciles de revertir, tomando en cuenta que la demanda de los familiares ha sido y seguirá siendo el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina. Este rescate no ha sido cumplimentado pese al aval que muestran diversos peritajes sobre las posibilidades favorables para rescatarlos.
¿Busca el gobierno eludir su responsabilidad internacional?
Lo más grave de este nuevo intento es que, al sellar la mina, se estaría dejando un amplio margen para la alteración de las condiciones en las que laboraban los mineros, mismas que al día de hoy son prueba irrefutable del malas condiciones laborales de las que la empresa IMMSA es totalmente responsable y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no haya logrado frenar con anticipación a la dolorosa tragedia de 2006. Cabe recordar que actualmente existe una suspensión definitiva para toda obra de exploración y explotación de carbón ordenada por la Secretaría de Economía. Además, con esta incursión y el posible sello de la mina, se mermarían los avances en los procesos a nivel interno e internacional sobre el caso de Pasta de Conchos.
Por otra parte no es posible soslayar el hecho de que dicha ocupación de la Policía Estatal del estado de Coahuila sucede a la par con la que la Policía Federal realizó en la mina de Cananea, en Sonora, en donde también se desalojó con lujo de violencia, según fuentes cercanas, a los trabajadores que se encontraban en resguardo de la mina, en el contexto de la Huelga que se mantenía desde el año 2007.
Es responsabilidad del Estado preservar pruebas en procesos internacionales
En vísperas de la inauguración del mundial de futbol cuyo partido inicial será jugado por México, parece una muy mala señal de que se está intentando desviar la atención nacional.
Es absolutamente indispensable que el Estado mexicano garantice la seguridad e integridad física y psicológica de todos los familiares de los mineros y sus defensores, y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en contra de ellos y se eviten enfrentamientos con funcionarios públicos. De la misma manera se debe evitar a toda cosa el sellado de la mina, así como cualquier otro acto de alteración de la evidencia presente en el interior de la misma, a fin de que se dejen intactas las condiciones de la mina mientras se llevan a cabo los procesos a nivel interno así como internacionales, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En virtud de estos procesos nacionales e internacionales abiertos, el Estado mexicano no puede omitir el derecho de los familiares a exigir el rescate de los cuerpos de los 63 mineros fallecidos que aún permanecen en la mina.
Un nuevo madruguete como respuesta a demandas sociales
Tras cerca de 3 años de huelga por fallas en las medidas de seguridad, el día de ayer a las 10 de la noche, los obreros del Sindicato 65 de Mineros fueron desalojados a manos de elementos federales que tomaron por la fuerza las instalaciones de la Productora de cobre Mexicana de Cananea. Posteriormente, según informó la Organización Familia Pasta de Conchos en 2 boletines urgentes emitidos por ellos el día de hoy, informa que a tan sólo horas de diferencia de la violencia ejercida contra los trabajadores de Cananea, a las 2:15 de la madrugada, hizo acto de presencia un convoy de la policía estatal de Coahuila escoltando automóviles para que Grupo México se posesionara de la mina 8 Unidad Pasta de Conchos. El convoy estaba conformado cuando menos por veinte patrullas de la Policía Estatal de Coahuila y escoltó a varios automóviles de lujo para que representantes y trabajadores de Grupo México tomaran posesión de la Mina número 8 Unidad Pasta de Conchos. Según la Familia Pasta de Conchos, a las familias que se presentaron a los minutos del ingreso de la Policía Estatal no se les permitió acercarse ni se les ha dado alguna información.
Estos hechos revisten de especial importancia debido a que después de 4 años de lucha de los familiares de los 65 mineros fallecidos sin que hubiera resultados por parte del Gobierno federal, el 19 de febrero de 2010 , con el acompañamiento del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un grupo de familiares presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, a fin de que se pronuncie sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno o con la aquiescencia de éste, frente a la tragedia de Pasta de Conchos.
Según la Familia Pasta de Conchos, la empresa Industrial Minera México, S.A. (IMMSA), perteneciente al Grupo México, ha introducido varilla y cemento, presumiblemente con el fin de sellar la mina, tal como se había intentado hace un año y medio aproximadamente originando la reacción de las familias que impidieron dicha acción. El hecho de que se pretenda sellar la mina no sólo daría pie a posibles situaciones difíciles de revertir, tomando en cuenta que la demanda de los familiares ha sido y seguirá siendo el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina. Este rescate no ha sido cumplimentado pese al aval que muestran diversos peritajes sobre las posibilidades favorables para rescatarlos.
¿Busca el gobierno eludir su responsabilidad internacional?
Lo más grave de este nuevo intento es que, al sellar la mina, se estaría dejando un amplio margen para la alteración de las condiciones en las que laboraban los mineros, mismas que al día de hoy son prueba irrefutable del malas condiciones laborales de las que la empresa IMMSA es totalmente responsable y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no haya logrado frenar con anticipación a la dolorosa tragedia de 2006. Cabe recordar que actualmente existe una suspensión definitiva para toda obra de exploración y explotación de carbón ordenada por la Secretaría de Economía. Además, con esta incursión y el posible sello de la mina, se mermarían los avances en los procesos a nivel interno e internacional sobre el caso de Pasta de Conchos.
Por otra parte no es posible soslayar el hecho de que dicha ocupación de la Policía Estatal del estado de Coahuila sucede a la par con la que la Policía Federal realizó en la mina de Cananea, en Sonora, en donde también se desalojó con lujo de violencia, según fuentes cercanas, a los trabajadores que se encontraban en resguardo de la mina, en el contexto de la Huelga que se mantenía desde el año 2007.
Es responsabilidad del Estado preservar pruebas en procesos internacionales
En vísperas de la inauguración del mundial de futbol cuyo partido inicial será jugado por México, parece una muy mala señal de que se está intentando desviar la atención nacional.
Es absolutamente indispensable que el Estado mexicano garantice la seguridad e integridad física y psicológica de todos los familiares de los mineros y sus defensores, y se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en contra de ellos y se eviten enfrentamientos con funcionarios públicos. De la misma manera se debe evitar a toda cosa el sellado de la mina, así como cualquier otro acto de alteración de la evidencia presente en el interior de la misma, a fin de que se dejen intactas las condiciones de la mina mientras se llevan a cabo los procesos a nivel interno así como internacionales, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En virtud de estos procesos nacionales e internacionales abiertos, el Estado mexicano no puede omitir el derecho de los familiares a exigir el rescate de los cuerpos de los 63 mineros fallecidos que aún permanecen en la mina.
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